Los mercadillos del Sur, de nuevo en pie de guerra
Primero fue el Gobierno de Canarias, y ahora los ayuntamientos de Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Dos ordenanzas municipales han vuelto a sembrar de incertidumbre el futuro de los comerciantes ambulantes del sur de la isla de Gran Canaria. La asociación La Unión, que asegura representar al 80% de los vendedores de la zona, ya ha presentado alegaciones a los documentos reguladores, que se encuentran actualmente en fase de información pública, al entender que incumplen la legislación vigente en lo relativo a la prórroga de las licencias.
El pasado mes de abril, tras más de un año de desencuentros con el Ejecutivo regional y de reivindicaciones en la calle, los comerciantes de los mercadillos del Archipiélago acogían con satisfacción la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Ley 8/2011 de Ordenación de la Actividad Comercial. La normativa estipulaba la prórroga automática por ocho años, prorrogables por otros ocho, de las licencias concedidas con anterioridad al 31 de diciembre de 2009 mediante la única acreditación de los requisitos exigidos en la concesión originaria. Así, estos puestos de trabajo quedaban prácticamente garantizados durante un periodo de 16 años.
El foco del conflicto con los ayuntamientos se sitúa ahora en la segunda prórroga. Según La Unión, los consistorios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana han interpretado “a su manera” la Ley y no reconocen esta renovación en los términos que establece la normativa del Gobierno de Canarias.
Según recoge el artículo 7 de ambas ordenanzas reguladoras del comercio minorista, prácticamente iguales, la prórroga se producirá mediante acto expreso, por otros 8 años, “siempre que se cumplan los criterios que establezcan la normativa estatal, la normativa autonómica y la presente ordenanza”. Los documentos municipales incluyen en un apartado posterior los criterios que tendrán en cuenta para otorgar estas autorizaciones, como ofrecer productos de producción propia, la inversión realizada en equipos de trabajo o estar en posesión de algún distintivo de calidad, entre otros.
''Se valoran muchas cuestiones de difícil cumplimiento, como estar inscrito en un registro que hemos solicitado al Gobierno de Canarias y que nos han negado“, relata Juan Suárez, portavoz de La Unión, que insiste en que la normativa autonómica recoge que las licencias se renovarán según los criterios fijados en el momento de la primera concesión para los puestos anteriores a 2010 y que las ordenanzas no lo contemplan así. ”Dentro de 7 años, tendremos que aspirar a un concurso donde la antigüedad no será valorada“, apunta el portavoz. ”Nos vuelven a dejar en la inseguridad“, asevera.
La asociación también discrepa con el punto referido a la transferencia de licencias, a la que se imponen ciertas limitaciones. Las ordenanzas de Mogán y San Bartolomé de Tirajana determinan que las autorizaciones serán transmisibles entre cónyuges y familiares en primer grado de consanguineidad o para asalariados que acrediten una antigüedad mínima de dos años trabajando en el puesto. Sin embargo, recuerda Juan Suárez, “el único requisito que pide la Ley del Gobierno de Canarias es comunicárselo al Ayuntamiento”.
El portavoz de La Unión lamenta la postura adoptada por los dos consistorios y recuerda que mientras duró la pugna con el Gobierno de Canarias fueron varios los Ayuntamientos que se posicionaron a favor de los vendedores ambulantes, mediante acuerdos en Juntas de Gobierno y mociones institucionales, y que entre ellos se encontraban los de Mogán y San Bartolomé de Tirajana.
Las alegaciones de La Unión, recogidas en siete puntos y basadas en un estudio jurídico que refrendaría la supuesta ilegalidad de las ordenanzas municipales, ya han sido registradas en los consistorios del sur grancanario.
