El alcalde de Mogán presionó al Cabildo para favorecer a Santana Cazorla
El alcalde Mogán, Francisco González (PP), presionó al Cabildo de Gran Canaria desde el verano de 2006 para legalizar una depuradora en Taurito propiedad del empresario Santiago Santana Cazorla, ambos imputados por varios delitos en la Operación Góndola, según consta en la parte del sumario del caso cuyo secreto ha dejado sin efecto el juez instructor, José Alexis Reyes. Francisco Gónzález llegó a decir en una conversación teléfonica grabada por la Policía al consejero insular José Jiménez que Santana Cazorla ''me está chantajeando con eso, no pone la depuradora en marcha, el agua está llegando sin depurar al mar, ¿eh?“.
La situación ilegal de la depuradora de Taurito, en suelo rústico y sin informes favorables, y las conversaciones mantenidas durante varios meses de 2006 entre el alcalde de Mogán y el constructor grancanario para regularizar la instalación, llevó a los investigadores del caso a solicitar al juez instructor el 10 de diciembre de 2006 que se intervinieran también los teléfonos de Santana Cazorla, detenido finalmente el 5 de febrero de 2007 en el marco de la operación policial, 18 días después de las detenciones de los principales implicados, el propio alcalde y la ex teniente de alcalde Onalia Bueno.
De esos pinchazos a Santana Cazorla durante menos de dos meses, entre diciembre de 2006 y febrero de 2007, derivó la parte que aún queda bajo secreto de sumario y afecta directamente a la aprobación por parte del Parlamento de Canarias del interés general para la urbanización Anfi Tauro, con conversaciones con el ex presidente del Gobierno, Adán Martín, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, y el ex director general Salvador Iglesias.
La depuradora a cambio de un supermercado en Anfi para un amigo del alcalde
Sin embargo, el origen de las imputaciones a Santiago Santana Cazorla de delitos contra el territorio y tráfico de influencias está en la depuradora de Taurito, que lleva al alcalde de Mogán a interceder ante el Cabildo, gobernado por Jose Manuel Soria (PP), en favor del constructor y hotelero, al que Francisco González le había solicitado antes un favor “para un amigo al que le debo muchos favores”, en relación a la concesión del supermercado de Anfi Tauro que Santana Cazorla quería adjudicarlo a Hiperdino.
En la conversación grabada el 6 de julio de 2006, a las 10:34 horas, entre Francisco González y José Jiménez, el alcalde le explica al consejero su angustia porque a Santana Cazorla “se le dio deprisa y corriendo el certificado de puesta en marcha, la puso en marcha, pero me está presionando por el tema del agua, tú sabes que no tiene calificación para [...] pozo distribuidor del agua y está distribuyendo el agua en Taurito, ¿eh?....”.
Preocupado el alcalde porque tiene a “esa gente de Sanidad encima”, su interlocutor desde el Cabildo de Gran Canaria se compromete a interesarse por el asunto “y mandar abajo a un técnico”, si bien la situación irregular de la depuradora continuó durante meses, hasta que en octubre de nuevo se captan conversaciones entre Santiago Santana Cazorla y Francisco González y entre el alcalde y el consejero en el Cabildo de Gran Canaria.
Es el 31 de octubre de 2006 cuando Santana Cazorla le dice al alcalde, en una conversación grabada a las 10:35 horas, que “oye coño, mira ver si le dan el jodío papel ese de la puesta en marcha ese allá abajo, si no macho...me van a joder, lo del papel de la puesta en marcha, que dice que, que, que están todavía dándole vueltas ahí pa´dárselo ¿oíste?”.
El alcalde le explica a Santana Cazorla que el día anterior se había aprobado en la Comisión de Gobierno “pero...en precario ¿eh?” y ante las dudas del empresario le aclara: “en precario, es decir, provisional”.
Ese mismo día, a las 13:56 horas, es José Jiménez quien llama al alcalde de Mogán y le explica que la depuradora de Taurito tiene una subvención del Cabildo de 300.000 euros y que Santana Cazorla “ha presentao once certificaciones que se le han pagao, del orden de doscientos cincuenta mil euros, le queda algo menos de cien mil euros pero porque le falta presentar la certificación, no depende de ninguna licencia sino simplemente de que presente la certificación última para pagarle lo último”.
El alcalde explica al consejero de Aguas de la época que las trabas “ahora por lo visto es por Unelco”, a lo que Jiménez le replica que “pues que se aclare, si es Unelco, nosotros podemos, como ya hemos hecho en alguna ocasión, por interés munici...prioritario, esencial...y tal, que le den la conexión, salvo que la depuradora tenga un defecto de incumplimiento de la norma y no tenga informe de, de Industria [...]”.
La conversación de ese día concluye con la afirmación del interlocutor del Cabildo de que “...insisto, no es de nosotros...ha cobrao, y si tu ves que hay, que hay, que tenemos que hacer algo, lo hacemos, vale.”
Ante estas conversaciones en torno a la depuradora de Taurito, el juez instructor dictó el 11 de diciembre de 2006 un auto en el cual autorizaba los pinchazos a la Policía de los teléfonos móviles de Santiago Santana Cazorla, ya que concluye que existen “fundados indicios contra éste, ya que conoce perfectamente que su entidad ha instalado una depuradora en terreno público, que la misma vierte residuos o aguas fecales al mar, además de conocer que no tiene licencia para ello y que la legislación urbanística no se lo autoriza dicha actuación en terreno rústico”.
Apunta el auto del pinchazo a Santana Cazorla que éste, “no obstante, presiona al alcalde de Mogán para que le otorgue la correspondiente licencia después de estar en marcha dicha depuradora, iniciando éste el correspondiente expediente administrativo, a la vez que solicita favores a aquel, y a favor de un tal Suso”.
