Nueva Canarias propone la descentralización progresiva de la gestión de la dependencia

La portavoz parlamentaria en materia social de Nueva Canarias (NC), Carmen Hernández, planteó hoy al Ejecutivo regional la necesidad de un “cambio de rumbo a la negativa” gestión de la dependencia en las Islas mediante la descentralización “progresiva” de los servicios hacia las corporaciones locales. Esa descentralización, ha explicado, deberá estar dotada de la correspondiente ficha financiera.

Hernández planteó la creación de mesas de trabajo con cabildos y ayuntamientos para aprovechar sus estructuras profesionales y atender las singularidades de cada isla y municipio. La parlamentaria hizo un llamamiento para dejar a un lado el “frentismo” político en un problema de calado, que afecta a la práctica totalidad de las familias canarias.

Según expuso, la comparecencia en comisión solicitada a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, tenía como objetivo comenzar a “trazar una hoja de ruta para revertir algunos indicadores tremendamente negativos”. Transcurridos 13 años desde la entrada en vigor de la ley estatal de la dependencia, la portavoz nacionalista alertó de que las distintas defensorías del pueblo denuncian que, en Canarias, se da una “negación absoluta de un derecho”.

Año a año, explicó Hernández, el observatorio del desarrollo de esta norma, formada por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes, ha descrito un panorama “siempre muy negativo”. El último correspondiente a 2018, puntualizó, tampoco arroja datos para ser “extremadamente optimistas” aunque recoja “alguna mejora”. La realidad es, añadió la diputada de NC, que hay 10.000 personas con el derecho reconocido pero que no han recibido la prestación económica o el servicio admitido.

Miles de canarios, denunció, permanecen en las listas de espera para conocer su resolución y otros tantos están en el “limbo de la dependencia” por los ocho meses de media necesarios, reconocidos por la anterior dirección general de la consejería, para digitalizar los expedientes de las solicitudes. Crece en un 11,44% el número de personas atendidas con respecto a años precedentes pero el 40% de las mismas son prestaciones económicas en el entorno familiar, uno de los porcentajes más altos del Estado, según Carmen Hernández. Un hecho que se produce por la falta de otros recursos como los centros de día, tal y como ejemplificó.

Tras referir otros datos del pasado 31 de agosto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), como las 50.494 solicitudes existentes, los 31.653 beneficiarios sin Programa Individual de Atención (PIA) y los 23.678 ciudadanos que no reciben su servicio o derecho reconocido (con PIA), Hernández dijo que las estadísticas sirven para evidenciar que el sistema ha funcionado “muy mal, que no hemos ido empeorando pero que estamos estancados y que somos la comunidad autónoma con los peores” datos de cobertura del Estado.

Un “cambio de rumbo” necesario en Canarias

“Tenemos que dar un giro, un cambio de rumbo a la gestión” de un problema social, planteó la portavoz de NC, quien ofreció al Gobierno y al resto de los grupos parlamentarios una serie de medidas.

La diputada nacionalista priorizó la necesidad de “revisar el modelo centralista”, la estructura creada por el Gobierno canario. Hernández afirmó que el resto de los territorios disponen de un sistema de gestión descentralizado que ha funcionado mejor que el canario. Ahí, incidió la portavoz, “tenemos una primera línea de trabajo” para llevar a cabo un proceso de descentralización “progresiva” dotado de ficha financiera, que puede organizarse mediante la creación de mesas de trabajo con los cabildos y los ayuntamientos.

Cada isla y municipio, observó, tienen recursos y realidades distintas que requieren respuestas singularizadas. La parlamentaria de NC refirió los institutos de atención sociosanitaria insulares, que disponen de estructura y personal cualificado, al mismo tiempo que alertó del colapso que sufren los servicios sociales municipales de las grandes ciudades canarias, donde se concentran los mayores índices de exclusión social.

En el ámbito de las responsabilidades más concretas de la consejería, coincidió con Noemí Santana en la mejora de las herramientas informáticas para crear un expediente único que permita agilizar los trámites y en la necesidad de potenciar la atención domiciliaria y la teleasistencia.

La portavoz de Nueva Canarias advirtió de que “hacen falta más personas”. Para suplir estas carencias, en su opinión se debe acudir a fórmulas “ingeniosas” como los convenios con los colegios profesionales. Carmen Hernández dijo que no se puede esperar a las convocatorias de concurrencia pública que necesitan un año para su resolución.

La última medida propuesta pero no menos importante, tal y como puntualizó, pasa por hacer evaluaciones de la gestión realizada para detectar y resolver los “cuellos de botella que nos permitan avanzar”.