Nueva Canarias Mogán llevará el contrato de la limpieza viaria a la Fiscalía Anticorrupción
Nueva Canarias Mogán llevará ante la Fiscalía Anticorrupción el contrato de la limpieza viaria del municipio al entender que las decisiones tomadas por los responsables políticos en torno a él “no son muy limpias y parecen atentar contra la defensa de los intereses generales de los vecinos”.
El partido liderado por Isabel Santiago empleará para ello el informe redactado por el interventor municipal en el que se cuestiona que el incremento del contrato de la limpieza viaria en el municipio no está justificado y que da la razón a los planteamientos de los nacionalistas al entender que la ampliación del personal no debería influir en el presupuesto.
El interventor recalca que este expediente no cuenta con ningún documento que justifique que el aumento de los medios personales se deba a un aumento del ámbito territorial del servicio contratado y precisa que sólo aparece un decreto dictado por la alcaldesa, Onalia Bueno, en el que ordena a la empresa que proceda a la readmisión del trabajador.
Así, el funcionario cuestiona la decisión de la alcaldesa debido a que la sentencia no obliga a la readmisión del trabajador, pues contempla la posibilidad de la indemnización, que asciende a más de 17.000 euros. Sin embargo, la resolución de Bueno supone que el Ayuntamiento asuma un coste de más de 217.000 euros a lo largo de los 10 años que dura el contrato.
Para la concejala Isabel Santiago “es evidente que la decisión de la alcaldesa carece de motivación técnica alguna, lo que implica a su vez que ha adoptado una decisión arbitraria y claramente lesiva a los intereses municipales”. Además, recalca que comparte “plenamente” el informe del interventor municipal porque confirma las tesis mantenidas por su partido en todos los debates plenarios sobre este contrato.
En este sentido, añade que le parece “muy grave que a pesar de que al aprobar el expediente se desestimasen y rechazasen la subrogación de este personal, la alcaldesa se salte todos los informes técnicos y decida ordenar la readmisión de los trabajadores en el servicio. Esta actuación de la alcaldesa pone de manifiesto que se ha tomado una decisión sin amparo legal alguno, lesiva a todas luces a las arcas municipales y que obedece claramente a la defensa de intereses privados usando los fondos públicos”.
