Una obra de 6 millones que se podría haber salvado con 180.000 euros
En el año 2002, la empresa MBO valoró en unos 180.000 euros la reforma básica que debía llevarse a cabo en el edificio de oficinas municipales de Santa Cruz de Tenerife la calle General Antequera, en la trasera del Ayuntamiento, que finalmente fueron sustituidas por las reformas integrales de rehabilitación en el viejo IES Hermanos García Cabrera, que terminaron por costar 33 veces más.
Es el “antes” del caso García Cabrera, que ha derivado en un presunto delito de prevaricación del que es investigado por el Tribunal Supremo el ex alcalde y ahora senador Miguel Zerolo. El caso es que la instalación de una simple escalera exterior para facilitar las evacuaciones en caso de incendio, y el cambio de ventanas y puertas por otras homologadas ignífugas, hubiera resuelto lo esencial en el edificio de General Antequera en lo que corresponde a prevención de riesgos.
Es lo que denunció en su momento el delegado sindical en Prevención de Riesgos Laborales, Álvaro de Felipe, quien puso en conocimiento del Ayuntamiento el peligro de incendio que había en las oficinas centrales administrativas de General Antequera, de las plantas de sótano a la cuarta planta, ya que, según explicó a CANARIAS AHORA, “solo había una vía de evacuación y una escalera interna, lo que incumplía la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1996. Si no lo hubiera denunciado, me habrían podido culpar de un delito de omisión”.
Entre la emisión del informe de la empresa MGO y la decisión de reformar integralmente el García Cabrera hubo elecciones municipales y autonómicas en 2003. De Felipe recordó al nuevo concejal de Economía y Hacienda (Guillermo Núñez, de CC) los riesgos de las oficinas administrativas municipales en General Antequera, e incluso cursó denuncia ante la Inspección de Trabajo.
De hecho, en ese tiempo hubo dos conatos de incendio en esa sede municipal, de los que Núñez intentó acusar al denunciante sindical.
Tres años después, en abril de 2005, y en alegando justo el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se supo por un pleno municipal que la empresa IMES, destinada a labores de mantenimiento y obras menores (que nunca deben superar los 30.050 euros), llevaba a cabo desde hacía un mes obras de rehabilitación del viejo IES Hermanos García Cabrera.
Fue por una primera factura de 371.628,22 euros, lo que dio lugar a reparos por parte de Intervención por la irregularidad de la factura, ya que las obras se llevaron a cabo “sin la elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente Proyecto de las obras, que defina con precisión el objeto del contrato ni el estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se procederá a realizar la construcción”, según consta en la denuncia ante fiscalía que presentó el abogado Pérez Ventura, en nombre del colectivo de juristas Justicia y Sociedad, con la estrecha colaboración de la ex concejal de Ciudadanos, Odalys Padrón.
