El pacto acuerda una moratoria con divergencias
Los grupos parlamentarios nacionalista y socialista han inaugurado un nuevo concepto para definir lo que debe ser un pacto para sostener un Gobierno. Ya no debe ser cohesionado y fuerte, sino que se permite que sus socios tengan criterios “divergentes, pero no contradictorios” a la hora de abordar “una de las leyes más importantes de la legislatura”: la de Renovación y Modernización Turística.
Así lo han asegurado tanto el diputado nacionalista José Miguel González como el socialista Pedro Martín al explicar el motivo por el cual CC ha presentado 34 enmiendas distintas a las 32 registradas por el PSC al texto que se aprobará a finales de mayo en el Parlamento regional.
“No hay contradicciones, aunque defendemos diferentes criterios en algunos aspectos, pero queremos ver cuales son las posibilidades de negociación y de aceptación por parte del resto de los grupos [Popular y Mixto] a las enmiendas presentadas para conseguir llegar al más amplio acuerdo”, afirmó González.
¿Y qué pasará si la oposición no apoya ni las propuestas socialistas ni las enmiendas nacionalistas? Para CC y PSC no hay problema: el “espacio para negociar” es tan amplio que los incluye a ellos mismos: “entonces pactaríamos un texto entre ambos o aceptaríamos uno u otro”, explicó González.
Sin embargo, Martín sí dejó entrever que “algunos criterios de baremación, como los metros cuadrados de las villas, son demasiado bajos, y creemos que hay que incrementarlos para que sean acordes con la realidad”.
Por tanto, y a tenor de las explicaciones de González y Martín, los socios del Gobierno no se presentan divididos a la hora de fijar la renovación y modernización de las camas turísticas, sino que pretenden hacer un ejercicio de puro parlamentarismo para favorecer que la tercera moratoria se apruebe con el mayor apoyo posible, incluso por unanimidad, pese a que el PP presentó una enmienda a la totalidad.
“En la defensa de esa enmienda a la totalidad, su portavoz Miguel Jorge afirmó que ellos estaban abiertos a la negociación, por lo que ahora al PP se le tiende una mano, más allá de su oposición al intervencionismo, para llegar a amplios acuerdos”, aseguró Martín.
Tanto González como Martín reiteraron que “partimos de criterios básicos”, como es el hecho de que “no habrá más clasificaciones de suelo turístico” para nuevas instalaciones, que habrá “medidas de control de las autorizaciones previas cuando haya un impacto medioambiental grave” y que “se ha introducido la participación de los cabildos y de los ayuntamientos”.
Renovar, renovar y renovar
Según González, las enmiendas de CC y del PSC beben de las alegaciones efectuadas por las distintas corporaciones insulares y municipales, así como algunos informes elaborados por los empresarios del sector y técnicos y especialistas de la Universidad de La Laguna (ULL).
“La clave es incidir en la renovación, que los incentivos sean para renovar, renovar y renovar y no para construir”, explicó el diputado nacionalista.
La tercera moratoria (la primera se aprobó por unanimidad en 2003 siendo Román Rodríguez presidente y la segunda, en 2009, salió adelante sólo con el respaldo del Pacto CC-PP) tampoco es tal, ya que según González “no hay moratorias”, ya que podrán construirse nuevos hoteles de '5 estrellas' o 'Gran Lujo' siempre que lo permitan los planeamientos insulares, aunque el resto de las categorías deberán vincularse a proyectos de renovación de sus plazas.
En este sentido, el socialista apuntó que “queremos facilitar la poca inversión que pueda haber, agilizando las actividades y las mejoras de los equipamientos y espacios turísticos”.
Asimismo, y pese a que “no es una Ley de punto y final”, la de Renovación y Modernización Turística permitirá “atraer a la legalidad aquellos establecimientos que no cumplan con todos los requisitos pero siempre y cuando fuesen construidos con licencia municipal”.
Por último, el Gobierno está mandatado a llevar a cabo una evaluación a los tres años desde la entrada en vigor del texto (mayo de 2016) y remitir, como ha explicado González, “una comunicación al Parlamento si considera necesario que, debido a que la realidad ha cambiado, considera que por decreto deve variar los criterios para autorizaciones previas y los incentivos”.
