Las Palmas de Gran Canaria pide al Gobierno central que le devuelva competencias en igualdad y violencia machista
El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha apoyado por unanimidad una declaración institucional en la que se insta al Gobierno de España a iniciar los trámites para devolver las competencias a las entidades locales en políticas de igualdad y violencia machista.
El texto también insta al cumplimiento del compromiso económico acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que destinar a los ayuntamientos un incremento de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios económicos para el desarrollo de las medidas contempladas, destaca un comunicado del Consistorio capitalino.
La responsable del área, Diana Mujica, ha señalado que “es el momento de exigir al Estado que devuelva las competencias en materia de igualdad a los ayuntamientos para que se desarrollen más proyectos y acciones en aras de combatir uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la sociedad”.
El documento también contempla la exigencia al Estado de la garantía de las partidas económicas de las 213 medidas que contiene el pacto, y que se habilite un crédito extraordinario para financiarlo, si no se aprueban los presupuestos de 2018 y se prorrogan los vigentes.
La declaración también señala dar traslado del texto y su aprobación al presidente del Gobierno central, los ministros de Sanidad y Hacienda, la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Federación Canaria de Municipios.
Igualmente indica que con el reciente Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por la mayoría en el Congreso de los Diputados, se abre un nuevo escenario en los próximos cinco años de esperanza en España para erradicar esta “execrable lacra social”.
En esa respuesta integral, a su juicio las administraciones locales son una pieza clave y juegan un papel fundamental.
Los ayuntamientos, por su propia definición como institución más próxima a la ciudadanía y a las necesidades sociales, suponen el primer estamento en la prevención a través de la información, el asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos, añade la nota.
El documento, que se firma coincidiendo con la celebración el 25 de noviembre del Día Internacional de Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, hace una mención especial a las víctimas que sufren una doble discriminación en la sociedad, la mujer inmigrante, las que están en situación de extrema exclusión social y las mayores de 65 años, para las que recuerda, deben formular por parte de las administraciones medidas para mejorar su situación.
