Los papeles “tendrán impacto” en Las Teresitas
El Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, ha vaticinado este viernes que los nuevos documentos aportados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre la compraventa de Las Teresitas van a tener “impacto” sobre la causa abierta en el Juzgado Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, y en la pieza que instruye el Tribunal Supremo (TS) con respecto al exalcalde y actual senador de CC, Miguel Zerolo.
En declaraciones a las medios de comunicación tras la reunión de la Comisión Mixta en materia de Medios Materiales y Personales entre el Gobierno de Canarias y la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma, ha dicho, no obstante, que los datos deben ser “analizados” por el juez y la fiscal para ver como afectan al procedimiento. “Los desconozco pero sé que existen y serán objeto de estudio”, ha destacado.
Sobre la lentitud del proceso, ha dicho que se debe abrir una “reflexión”, especialmente en la administración penal ya que es el “caballo de batalla” porque afecta a la “libertad” de las personas.
“Un caso no debe demorarse tanto en el tiempo, una justicia tan lenta, cuando se resuelve, no genera justicia, porque el retraso genera injusticia”, ha indicado.
No obstante, ha comentado que causas como la de Las Teresitas o el caso Unión son “muy complejas” y requieren de un estudio “minucioso”, ya que no son “como robar una moto”.
Además, ha subrayado que en Canarias se da una “circunstancia añadida”, la falta de continuidad en los funcionarios públicos porque hay jueces que piden traslados “y el caso queda paralizado” -aunque no en el caso concreto de Las Teresitas-.
Retraso ''inconcebible''
Garrido ha comentado también que se pretenden resolver casos del siglo XXI con una ley procesal “del siglo XIX”, y ve “inconcebible” que haya procesos paralizados hasta que no se resuelven recursos de apelación con providencias de mero trámite, “y pueden ser hasta seis meses”.
En su opinión, una reforma “necesaria” es la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los grandes procesos queden “separados” en piezas individualizadas y así no se “eternicen”.
En la nueva documentación aportada al caso se recoge, entre otras cosas, que los terrenos comprados por el consistorio en 2001 por unos 53 millones de euros ya eran propiedad municipal desde 1967.
