Paralizado el registro de casas vacías para alquiler social tras suspensión del Constitucional

El Gobierno de Canarias calificó este jueves de “jarro de agua fría” la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la ley canaria del derecho a la vivienda, que le obligará a parar la creación de un registro de viviendas vacías para luego dedicarlas a alquiler social.

La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, compareció este jueves en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite la impugnación del Gobierno central, que entiende que la norma autonómica regula materias que son competencia del Estado.

Inés Rojas afirmó que es un día “tristísimo” para la política social en Canarias y consideró “inconcebible” que el Gobierno central no tenga en cuenta la situación de las familias más desfavorecidas pero sí la de los bancos.

Rojas recordó que la modificación de la ley autonómica en materia de vivienda tenía como objetivo adaptar la norma “a una nueva situación excepcional” para atender a familias en situación “de emergencia social” y que pudieran llegar a un acuerdo con las entidades bancarias para evitar el desalojo de sus casas a cambio de un alquiler.

Este punto ha sido favorable y se ha conseguido “en el 90 por ciento de los casos” por lo que no preocupa a la consejera, pero sí lo hace el rechazo mostrado por el Ejecutivo central a la declaración expresa que hace el Gobierno canario de que la vivienda debe tener una función social y no un aspecto especulativo.

Este es el argumento que utiliza el Ejecutivo canario para su pretensión de crear un censo con las 130.000 viviendas vacías propiedad de bancos o promotoras con el objetivo de saber su situación y poder destinarlas a alquiler social de las aproximadamente 21.600 personas en espera de una casa.

El Gobierno central impugna este punto por cuestionar que si es obligatorio que las entidades financieras declaren qué viviendas vacías poseen, también lo deberían hacer los particulares.

Es “obvio”, subrayó la consejera Inés Rojas, que el Gobierno canario lo que pretende es asignar casas en manos de entidades financieras “porque sobran viviendas” y se trata de resolver una situación “de forma excepcional”.

Rojas apuntó que su departamento está a la espera de recibir la notificación del Tribunal Constitucional para poder presentar alegaciones en el plazo disponible de quince días y personarse en el recurso, aunque también debe ser informado de esta decisión judicial el Parlamento de Canarias.

“Lo que está claro es que se cae el registro de viviendas vacías, pero vamos a seguir luchando y peleando porque se ha producido un parón en la esperanza de miles de familias de acceder a una casa”, manifestó la consejera.

En su opinión, el Gobierno de Canarias “no se ha quedado de brazos cruzados y ha hecho lo que debía y podía”, pero ahora ha recibido “un jarro de agua fría”.

Precisó también Inés Rojas que ninguna entidad financiera ha puesto reparos a la intención del Gobierno regional de inscribir obligatoriamente en el registro su relación de inmuebles vacíos y lamentó que “si esto es inconstitucional, habrá que modificar la Constitución Española”.