El Parlamento de Canarias clausura la legislatura sacando adelante la nueva ley de Islas Verdes, que amplía el uso turístico en suelo rústico

Los diputados canarios posan al finalizar este miércoles el último pleno de la IX legislatura del Parlamento de Canarias

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife —

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El Parlamento de Canarias ha cerrado este miércoles la IX Legislatura con la aprobación, con los votos a favor de CC, PP y ASG, de la modificación de la 'ley de islas verdes', que amplía el uso turístico en suelo rústico, si bien finalmente impide la construcción de complejos de hasta 200 habitaciones de nueva planta.

La diputada del Grupo Socialista, Nayra Alemán, ha comentado que la modificación de la ley de islas verdes “nació con fórceps” y se ha convertido “en el Usain Bolt” de las proposiciones de ley, “con solo una hora y media de debate en ponencia”, frente a las más de 100 de la ley de servicios sociales.

Ha tildado de “embrollo” el debate y aprobación de esta ley, criticando que puedan “surgir de la nada” casas y hoteles rurales en suelos rústicos y de protección agraria, como proponen CC, PP y ASG, y se ha preguntado “quien velará” porque el uso finalmente no sea turístico sino residencial.

Alemán ha criticado “las prisas” y la necesidad para modificar la ley, y advertido de que podría ser rechaza por el Constitucional.

Por Podemos, Manuel Marrero ha apuntado que no entiende “las urgencias” por modificar la ley, que además “es una nueva ley”, al tiempo que ha acusado al “pacto de la concretera” de convertir las islas verdes “en islas grises”.

Ha dicho que “casi no hay trabas” a la construcción en el suelo rústico cuando se debería potenciar la agricultura y la ganadería, acompañado del desarrollo de servicios para que la gente “viva ahí en condiciones de dignidad”.

En su opinión, la ley “obedece a intereses especulativos” y trata de reproducir el modelo de construcción turístico en la costa en las zonas de medianías. “Si hay vicios de inconstitucionalidad, la llevaremos a los tribunales”, ha avisado.

“PRUEBEN A VIVIR UN MES”, AFIRMA JESÚS RAMOS (ASG)

Luis Campos, de Nueva Canarias (NC), ha criticado la cuarta modificación de la ley en esta Legislatura y el “rodillo” de CC-PP-ASG, si bien ha valorado que se haya evitado la construcción de alojamientos de hasta 200 camas de nueva planta.

Ha comentado que “se pierde credibilidad y seguridad jurídica” con esta ley, que es “un atajo”, lamentando que se haya optado por el modelo de proposición de ley, “que coarta” el debate necesario de todos los implicados, por ejemplo, la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.

Jesús Ramos, del Grupo Mixto (ASG), ha pedido a los diputados que “prueben a vivir un mes” en las islas verdes para comprobar las deficiencias que presentan, pues “no hay desarrollismo”, ya que pierden población cada año que pasa.

“No puedo entender un voto en contra de los diputados que viven en El Hierro, La Gomera y La Palma. No me cabe en la cabeza”, ha apuntado, reinvidicando también que la nueva ley “tiene límites” y solo abre la puerta a un desarrollo económico sostenible.

Lorena Hernández, del Grupo Popular, ha admitido que la tramitación de la ley se ha hecho “a trompicones” y con poco tiempo, peor ve necesaria la nueva ley porque no ha habido ni un solo proyecto de inversión en cuatro años.

Ha dicho que en las islas verdes “no hay futuro” debido a la falta de políticas económicas reales, defendiendo que se acometa un desarrollo turístico que “salvaguarde” el paisaje y la esencia del territorio.

“A VER SI HAY UNA SALIDA”, DESTACA CASTRO

En su opinión, la nueva ley está avalada por el Consejo Consultivo y el Tribunal Constitucional, y espera que funcione y “no se demonice” antes de su puesta en marcha. “Conozcan a nuestras islas y salgan de la falacia de los grandes hoteles en suelo rústico”, ha espetado a los diputados de la oposición.

Antonio Castro, del Grupo Nacionalista, ha apuntado que esta ley pretende corregir “desagravios y abandonos” con las islas verdes, y se debe a la “incapacidad” de muchas administraciones para aplicar la ley de 2002.

Ha dicho que el principal objetivo es cultivar suelo rústico abandonado y “poner orden”, incidiendo en que “hay que estar allí” para ver cómo se abandonan los terrenos. “Hoy es un día grande para estas islas”, ha apuntado.

Castro ha valorado que la ley es de aplicación directa y da la potestad a cabildos y ayuntamientos, remarcando el “gran trabajo” realizado en la ponencia parlamentaria. “Esta ley no es el final, sino a ver si hay una salida para estas islas”, ha agregado.

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