El Parlamento plantea limitar el trabajo a los extracomunitarios
El Grupo Parlamentario Socialista se ha unido a sus socios nacionalistas y a los diputados del Mixto (NC-PIL), para abrir la puerta a una de las tradicionales reivindicaciones de Coalición Canaria (CC), como es “regular y limitar” la residencia y el empleo de extracomunitarios en las Islas.
Únicamente el Grupo Popular ha votado en contra de la iniciativa presentada por el diputado Ignacio González (CCN), que tiene como fin dar cumplimiento al artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía: “La Comunidad Autónoma de Canarias podrá elevar al Gobierno las propuestas que estime pertinentes sobre la residencia y trabajo de extranjeros en Canarias.”
El apoyo socialista se ha justificado en base a dos premisas. La primera, que cualquier medida restrictiva se llevará a cabo “respetando el principio de libre circulación consagrado en el Derecho Comunitario y en el ordenamiento jurídico español”, como reza en la enmienda presentada al texto nacionalista.
La segunda, que se reconozcan las responsabilidades que tiene cada administración en esta materia y que el debate esté ausente de “demagogia, oportunismo y electoralismo”.
“Todo es discutible, y cuando las propuestas vengan al Parlamento ya decidiremos si apoyamos o no lo que se nos proponga”, ha asegurado en la tribuna el portavoz socialista, Manuel Fajardo.
Más formación y competitividad
Porque los socialistas, que tradicionalmente se han opuesto a cualquier intento de limitar la residencia y el trabajo de foráneos para primar a los canarios, creen que el problema no es tanto de nacionalidades como de formación, motivo por el que también han enmendado el texto de los nacionalistas para que el Ejecutivo del Pacto se comprometa a reforzar su oferta educativa “para garantizar la mejora de la productividad de los trabajadores y trabajadoras de Canarias”.
De esta manera, creen que “se hará más atractiva su contratación para las empresas que operan en las islas que la de los trabajadores y trabajadoras que vengan de otros territorios”.
“Esta propuesta proviene de una necesidad social, el trabajo; responde a una exigencia social, que hagamos algo, y a una urgencia, que lo hagamos ya”, afirmó González.
González insistió durante todo el debate en que el contenido de la propuesta “se defiende solo” porque “tiene 385.000 motivos para ser aprobada por unanimidad”, en referencia al número de desempleados canarios.
Alentar bajas pasiones
Precisamente, la diputada conservadora Mayte Pulido consideró “una irresponsabilidad traer al Parlamento una propuesta basada en una de las historietas que escribe el presidente Rivero en su blog dominical”.
“Alentar bajas pasiones en una sociedad que está pasando muchas dificultades económicas es muy peligroso, lo estamos comprobando en países de nuestro entorno, como en Grecia, donde están surgiendo movimientos xenófobos”, ha asegurado.
Pulido ha recordado que cada día llegan menos inmigrantes a Canarias y que en el primer semestre de este año solo se han otorgado 37 permisos de trabajo a extracomunitarios frente a los 118 de 2012
“Estamos hablando de limitar la entrada de una minoría frente a las multitudes que Rivero culpa de los casi 400.000 parados de nuestras islas. Este tipo de propuestas son normales en el blog de Rivero, pero no son serias en el Parlamento”, ha insistido.
Para Pulido, y en contra del mensaje de CC y del presidente Rivero, “aquí no hay superpoblación, sino destrucción de empleo”.
Peligro de “columpiarse”
Por su parte, el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, apoyó la propuesta por entender que simplemente desarrolla un artículo del Estatuto de Autonomía, pero también cuestionó la oportunidad política de abrir el debate “en un momento terrible y preocupante” respecto a las altas tasas de paro y pobreza.
“Hay que tener cuidado con este debate, porque es fácil hacer demagogia y es fácil columpiarse”, dijo Rodríguez, antes de añadir queel mismo “es recurrente” en CC, sobre todo en época electoral, aunque también “legítimo”.
“Pero hay que hacerlo con mesura y precisión”, ha insistido. Los mismos elementos que él gestionó cuando, siendo presidente del Gobierno en 2002, creó el Comité de Expertos sobre Población e Inmigración.
“Tuvimos un debate sosegado, riguroso, documentado, y una de las conclusiones era desarrollar el art 37.1 del Estatuto, pero había muchas más que no se han adoptado”, concluyó.
