El PGOU de Santa Cruz contempla un geriátrico en suelo rústico
El abogado Felipe Campos ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife una tercera ampliación de la denuncia que formuló el 18 de enero pasado contra la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la capital tinerfeña, aprobado provisionalmente el 4 de enero pasado. En esta tercera ampliación de la denuncia, el letrado señala irregularidades como la duplicidad de ocupación y edificabilidad de una parcela rústica destinada a Geriátrico en el Barranco de las Huertas, en San Andrés, o la alteración de densidad poblacional en el distrito de La Salle.
La base de la denuncia que presentó Felipe Campos ante la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez es la diferencia de contenido entre el documento que se entregó en un soporte digital y sin firma de autentificación a los diferentes grupos parlamentarios del Ayuntamiento santacruceño el 23 de diciembre de 2009 y el que se aprobó el 4 de enero con los votos en contra del PSC-PSOE y Ciudadanos de Santa Cruz.
Entre un documento y otro hay una diferencia sustancial de contenido, hasta el extremo de que se desconoce si el que estudia actualmente la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) es el mismo que el que se votó en Pleno y asegura que no se parece al que fue sometido a información pública en julio del año pasado.
Así, en cuanto a la residencia de ancianos prevista en la parcela Ae-84, en el Barranco de Las Huertas, el documento entregado a los concejales el 23 de diciembre contemplaba una ocupación y edificabilidad de 5.200 metros cuadrados, mientras que el aprobado el 4 de enero contempla una edificabilidad de 8.000 metros cuadrados.
Para más abundamiento, según el Servicio Administrativo de Planeamiento del área de Turismo y Planificación del Cabildo de Tenerife, ese geriátrico no es admisible, ya que la parcela esta en suelo rústico de protección agraria, “donde sólo tienen cabida los usos propios del aprovechamiento real o potencial agrícola, ganadero y piscícola”.
Quito aquí, pongo allá
Campos, que también es portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el PGOU de Santa Cruz de Tenerife, señala y documenta más alteraciones en su denuncia, como las referentes a las Normas de Ordenación Pormenorizada (NOP). Si en el documento de diciembre de 2009, el mismo expuesto al público, se afirmaba que “no se permitirán obras de consolidación, aumento de volumen o modernización”, en el aprobado el 4 de enero se indica que sí se permiten las obras de consolidación.
Otra altercación sustanciosa es la referente a la parcela de Afelsa S.A., en pleno centro de expansión de la ciudad, que ve graciosamente un aumento de su aprovechamiento urbanístico de 197 a 213 metros cuadrados, en detrimento del suelo destinado a viario.
En el convenio urbanístico de Afelsa se modifica tanto su parte expositiva como sus estipulaciones, por lo que Campos pide que el convenio “sea expuesto de nuevo a información pública”, ya que en las estipulaciones primeras se proponía demoler un edificio para luego edificar otro, pero en el nuevo documento se contemplan las dos actuaciones al mismo tiempo, “lo que es una actuación ilegal a todas luces” porque conlleva “una notoria duplicidad de la edificabilidad”, sostiene Campos.
También se altera la superficie de una parcela en el área El Cabo, que en el primer documento era de 450 metros cuadrados y en el modificado a espaldas de los concejales y de los ciudadanos pasa a ser de 650 metros cuadrados, y su edificabilidad aumenta de 4.950 a 6.350 metros cuadrados/m.
Alegaciones no contestadas
Hay más alteraciones, “todas ellas ilegales y que deberían conducir a la nulidad de la revisión del PGOU que Coalición Canaria y su socio Ignacio González (CCN), ahora con el apoyo del PP, pretenden sacar adelante a toda costa” asevera el portavoz de la Plataforma contra el PGOU.
Por ejemplo, se altera la densidad poblacional del distrito de La Salle. En el documento de 2009 se proponía una densidad de 612 habitantes por hectárea y 2.074 viviendas, mientras que en el que llegó al Plenario del 4 de enero contempla 504 habitantes por hectárea y 1.709 viviendas. Esta es una de las zonas en las que quedarían viviendas fuera de ordenación, lo que ha provocado la indignación de los vecinos.
En cuanto a los ficheros de alegaciones, una de cada diez no ha tenido respuesta informada y en otras, el informe ha sido variado.
“Todo este PGO es una chapuza, además de ser totalmente un fraude de Ley”, afirma Campos, quien espera que Anticorrupción tire abajo el Plan “hecho a espaldas de los vecinos”.
