Piden 23 años para los directivos de Las Teresitas
La Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz ha solicitado penas de prisión que suman 23 años y ocho meses por los delitos de apropiación indebida y falsificación de documentos públicos y privados para los cinco acusados por la pieza separada del caso de Las Teresitas que investigó las irregularidades cometidas tras la venta de los terrenos de la playa a Inversiones Las Teresitas (ILT) en el año 1998 por 33 millones de euros.
Las penas oscilan entre los ocho años para el asesor de la entidad, Mauricio Hayek, y la devolución de dos millones de euros, los cinco años y medio para el presidente, Jerónimo Delgado, y para el tesorero Clemente Martín y cuatro años y medio para el secretario, Álvaro Fernaud y multas de diez meses para todo ellos, excepto para el último, que serían de quince. Para los acusados, la fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez, solicita la asunción de responsabilidad civil que en el caso de Martín Rodríguez y Delgado suman 126.212,46 euros para cada uno. Con todo ello, el Ministerio Público da el primer paso para la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial.
La Fiscalía considera acreditado que Hayek, aprovechando su condición de asesor jurídico de la Junta y prevaleciéndose de su cargo, “con un evidente ánimo de obtener un ilícito beneficio económico y en clara connivencia con los demás acusados, consiguió que el secretario emitiera un certificado en el que hacía constar unos porcentajes de participación en la venta muy superiores a los reales”. Todo ello, según la Fiscalía, con el fin de justificar el cobro de las cantidades indebidas que el abogado había recibido ya de la Junta lo que posibilitó que hiciera suyos esos casi dos millones de euros.Así se recoge que el 13 de julio de 1998, Hayek percibió 2,3 millones en calidad de propietario que se correspondía al 7,3% de las parcelas vendidas, cuando en realidad sólo le correspondía el 4,5%. Esta participación se dividía entre acciones de Playa de Las Teresitas SA, las compradas a otros propietarios y en la sociedad Marterre SA. Por ello, se calcula que el letrado obtuvo “un ilícito beneficio” de 851.000 euros. Desde el año 2008 el Juzgado procedió a la retención de cerca de seis millones de euros que estaban en su poder.
Igualmente, se mantiene que el abogado convenció al resto de los directivos de la Junta para que se le permitiera ingresar en su propia cuenta un cheque por valor de 851.000 euros con el fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia que pudiese recaer sobre la reclamación del Ministerio de Defensa por la propiedad de la conocida como batería militar de San Andrés. Con este dinero creó un fondo de inversión “y por lo tanto se apoderó de esa cantidad. Con ello no sólo se privó a la Junta del importe que indebidamente percibió sino que se privó a los integrantes de la misma de los intereses que se generaran a su favor”.
Hayek también es acusado de hacerse con casi 300.000 euros mediante el cobro de talones al portador y para evitar ser identificado por medio de una serie de cheques de importe que en un caso sumó 43.200 euros, pero en general no pasaron de los 3.000 con el fin de impedir el rastro y seguimiento tal y como permitía la legislación bancaria en aquel momento. Además, siguiendo esta misma técnica, también cobró 216.000 euros por un lado y 36.000 por otro.
Por todo ello, no es raro que ya en 2007 las cuentas de la Junta apenas registraran un saldo de 5.122 euros a través de una técnica de cuyo diseño se responsabiliza directamente a Hayek. “Y todo ello a pesar de que un abundante número de propietarios cuyos derechos aparecían ya recogidos en 1989 dejaron de percibir el importe de sus respectivos derechos, o bien los recibieron en cantidad inferior a la que les correspondía. No existiendo por lo tanto capital a favor de la Junta con el que atender a los derechos económicos de los mismos”. La Fiscalía calcula que a través de este sistema se dejaron de abonar a los auténticos propietarios casi cinco millones de euros en cantidades que oscilan entre los 883.500 euros del Ministerio de Defensa, los 487.000 del Club Deportivo San Andrés o los 421.000 que no se le pagaron a varios particulares. Todo ello implica que 62 de los 192 integrantes de la Junta se vieron supuestamente estafados tras esta venta.
La Fiscalía apunta que, tras cobrar de ILT, se registraron intereses en las cuentas de la entidad de casi 800.000 euros que tampoco fueron repartidos entre todos sus miembros “y desconociéndose el destino de los mismos”. Por todo ello, Martínez apunta que los ahora acusados “guiados por el ánimo de obtener un ilícito beneficio económico, lejos de cumplir con el cometido de las obligaciones inherentes a los cargos que ocupaban, se aprovecharon de su situación”.
Para ello dispusieron “fraudulentamente” del patrimonio de la Junta “en evidente detrimento de los integrantes de la misma. Todas las cantidades obtenidas por los acusados se hicieron efectivas a pesar de que eran plenamente conscientes de la existencia de numerosos propietarios cuyos derechos económicos no habían sido satisfechos y de estar en los coeficientes de repartos que manejaban los órganos directivos”.
Con respecto al tesorero, se le acusa de haber actuado “con clara connivencia” con los demás encausados, “prevaliéndose de su condición, siendo plenamente conocedor de la situación económica de la Junta, haciendo uso de un acuerdo de delegados y sin someterlo a posterior valoración de la asamblea como ordenan los estatutos”.
De esta manera “absolutamente fraudulenta” y usurpando las funciones de la voluntad mayoritaria consiguió obtener la cantidad de 135.000 euros que también cobró a base de diversos cheques, uno por 74.000 euros y los demás por cantidades menores a los 3.000. Por su parte, el presidente utilizó la misma técnica para hacerse con una cantidad idéntica. En cuanto a Fernaud se considera que en su condición de secretario y haciendo uso de las facultades expresamente conferidas por la legislación emitió un certificado por el que permitió que Hayek cobrara más de lo que realmente le correspondía.
Las investigaciones de esta pieza separada el caso de Las Teresitas han sido llevadas a cabo por Lucía Machado, titular del Juzgado de Instrucción número 5 durante los últimos seis años, en los que han sido llamados a declarar como testigos la práctica totalidad de los antiguos propietarios de la playa y de la trasera conocida como Las Huertas y Montaña Morera. Se trata de la parte de esta compleja trama que se encuentra más adelantada, ya que a partir de ahora se abre la puerta a la celebración de la vista oral.
Además, hay otra pieza que analiza las cuentas del Centro Canario Nacionalista (CCN) cuyo presidente Ignacio González, es hijo del empresario del mismo nombre que compró y vendió estos terrenos. El Tribunal Supremo (TS), por su parte, analiza la responsabilidad del anterior alcalde y hoy senador por la Comunidad Autónoma, Miguel Zerolo, en los hechos, tras la compra por parte del Ayuntamiento del frente de la playa en el año 2001. El resto de los 13 imputados serán encausados en un Juzgado de primera instancia aún por determinar, entre los que se encuentran empresarios, funcionarios y ex concejales de la Corporación local, como es el responsable de Urbanismo en aquellas fechas, Manuel Parejo.
