Podemos propone blindar la protección del medio ambiente en el primer artículo del Estatuto de Autonomía de Canarias
El grupo de Unidos Podemos en el Congreso ha presentado enmiendas a la reforma del Estatuto de Canarias dirigidas a garantizar que se consagre, desde su artículo 1, la protección del medio ambiente de las islas como “tarea suprema” en las competencias de la comunidad autónoma.
En un comunicado, la diputada por Las Palmas Meri Pita asegura que su grupo ha optado por promover “una defensa férrea del medio ambiente y la excepcional biodiversidad del Archipiélago”, comunidad donde el 40% del territorio es espacio protegido.
Podemos explica que toma esta medida por “la amenaza” que, a su juicio, representa “la excesiva dependencia de la economía canaria del sector servicios y la irresponsabilidad de sus dirigentes políticos, que han decidido optar por explotar recursos contaminantes como el gas, cuando el Archipiélago posee unas condiciones óptimas para el desarrollo de energías renovables”.
Una de sus enmiendas propone, por ejemplo, que el artículo 1 del nuevo Estatuto recoja “como tarea suprema la defensa de los intereses canarios, de su identidad cultural, y de su patrimonio natural y biodiversidad”, así como la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo canario“ por medio del ”desarrollo sostenible y equilibrado de las islas“.
Otra enmienda, al artículo 25, sugiere establecer que “los poderes públicos canarios garanticen la defensa y protección de la naturaleza, el medio ambiente, el paisaje y la biodiversidad, tanto en espacios terrestres como marinos”, con políticas públicas que ponderen “de manera irrevocable” la cohesión territorial y estratégica de los recursos naturales del Archipiélago con los principios que rigen el desarrollo sostenible.
Para ello, añade Podemos, Canarias debe fijarse como prioridad “alcanzar mayores cotas de soberanía energética y alimentaria, evitando la especulación urbanística sobre el territorio”.
Pita también cree “clave” introducir cláusulas sociales y ambientales en la legislación básica, de modo que los órganos de contratación del sector público de Canarias estén obligados a “proteger el patrimonio natural de las islas, además de mejorar las condiciones laborales y luchar contra la desigualdad social”.
