Podemos sugiere un gran pacto regional para reclamar la titularidad de las aguas interiores canarias

El Grupo Parlamentario Podemos Canarias pide un gran pacto que implique al Gobierno canario y al Parlamento regional sobre la titularidad de las aguas que rodean al Archipiélago canario. El objetivo, aseguran desde la formación morada, es que Canarias demande al Ejecutivo de España que inicie “el procedimiento necesario para la convocatoria de una nueva Convención sectorial sobre el Derecho del Mar” con el fin de que el espacio marítimo de las islas “sea internacionalmente equiparado al de un estado archipelágico”. Además, y “si fuera necesario”, Podemos considera que el Gobierno de España debería recurrir al “Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Internacional de Justicia para la delimitación de los espacios marítimos de Canarias”.

Un encaje que “tiene una fórmula más completa y mejor” que el que contempla en la reforma del Estatuto de Autonomía, manifestó Noemí Santana, portavoz de Podemos en el Parlamento regional y secretaria general de la formación morada en Canarias. “Al contrario de lo que argumentó el portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, en el debate sobre la modificación de la máxima norma del Archipiélago celebrado el miércoles en el Parlamento”, añadió.

Según Podemos, las aguas canarias incluidas en el nuevo texto estatutario “carecen de relevancia jurídica para solucionar la cuestión de la configuración de las aguas interiores archipelágicas en nuestra Comunidad Autónoma y la creación de un espacio marítimo interior o interinsular, más allá de un mero reconocimiento formal como de especial ámbito marítimo de la Comunidad Autónoma de Canarias”, afirma Santana.

La figura incluida en el nuevo Estatuto de Autonomía, explica Santana, “es un concepto vacío de contenido en la medida que las zonas marítimas siguen siendo las establecidas en el ordenamiento español, de conformidad con el Derecho Internacional”. En consecuencia, en las mismas “no se ejercerán competencias estatales o autonómicas algunas sobre otras zonas que no sean las aguas interiores, el mar territorial o la zona económica exclusiva”.

La propia Ley de Aguas Canarias de 2010, añaden, aunque delimitó por vez primera las aguas marítimas del Archipiélago, reconoce que la regulación “carece de contenido jurídico a efectos internacionales”, lo que la convierte en una aplicación unilateral e interna española que no obliga a terceros Estados.

La propuesta, que Podemos propone someter a debate en la Cámara regional, incluye exigir al Gobierno de Canarias a que “en el seno de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, plantee como cuestión a debatir la delimitación y protección de los espacios marítimos de estas regiones” que, en su mayoría, se trata de islas o archipiélagos, y “se eleve a los Estados de los que forman parte y al del Comité Europeo de las Regiones una resolución consensuada al respecto”.

Marco legislativo adecuado

Paralelamente, el texto de la iniciativa considera necesario que el Gobierno de España impulse en la Unión Europea (UE) “un marco legislativo adecuado para la determinación y protección de los espacios marítimos de los archipiélagos de Estado”, teniendo especialmente en cuenta la condición de región ultraperiférica de algunos de ellos “y los compromisos adquiridos por Canarias en el marco del Pacto de las Islas Europeas”.

Además, la formación morada cree que los gobiernos de Canarias y de España deben negociar “la ampliación de las medidas de protección de zona marina especialmente sensible de Canarias” con Portugal, Marruecos e incluyendo a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) “la determinación de la zona económica exclusiva de Canarias, Madeira y Salvajes y la costa occidental de Marruecos y la RASD”.