El PP y todos sus intentos de bloquear a los menores migrantes en Canarias

El Partido Popular no ceja en su objetivo de bloquear a los menores migrantes en Canarias. Primero trató de frustrar hasta en dos ocasiones la acogida obligatoria entre todas las comunidades autónomas de los jóvenes hacinados en las islas. Ahora, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo -y que gobierna con Coalición Canaria en el Ejecutivo autonómico- ha vuelto a la carga. Esta vez con los menores refugiados. La última estrategia ha sido ordenar el cierre del centro de Pozuelo, abierto para atender refugiados ucranianos y a donde el Estado y Canarias preveían derivar a 400 menores africanos solicitantes de asilo.

La alcaldesa del municipio más rico de Madrid, Susana Pérez (PP), aplaudió en 2022 la apertura de este recurso para atender a quienes escapaban de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, se negó ''en rotundo'' a que fuera allí alojado cualquier menor migrante africano derivado desde Canarias.

Tal y como explicó elDiario.es, tanto los ucranianos como los menores africanos que el Gobierno tiene que acoger son solicitantes de protección internacional. Unos y otros han formalizado peticiones de protección porque huyen de la guerra o de la persecución en sus países de origen. A pesar de ello, ahora que el Estado y las islas avanzaban en el traslado de los menores a Madrid, el Ayuntamiento solicitó una inspección urbanística del centro y ha ordenado su cierre por carecer de la licencia necesaria.

El Tribunal Supremo requirió al Estado que se hiciera cargo de 1.200 menores solicitantes de protección que hasta ahora están siendo atendidos en los centros de Canarias. Cada semana, el Ejecutivo central y la comunidad autónoma se reúnen para avanzar en el cumplimiento de la orden del Alto Tribunal y en el traslado de estos jóvenes a recursos estatales, donde recibirán una atención individualizada acorde con sus vulnerabilidades.

En una de estas reuniones el Gobierno central ofreció 400 plazas en el centro de Pozuelo. En el encuentro de este último martes, a las preguntas de la comunidad autónoma sobre la ubicación exacta de las plazas que se abrirán en la Península, el Estado pidió ''cautela'' para evitar situaciones ''no deseadas'', como los bloqueos de algunos gobiernos autonómicos.

Tras el cierre del recurso de Madrid, la directora general de Protección a la Infancia del Ejecutivo canario, Sandra Rodríguez, ha valorado en declaraciones a este periódico que ''es el Estado el que tiene que proporcionar las plazas de protección internacional ya sea en Pozuelo o en cualquier otro lugar''.

''Lo que nos tiene que importar es que cumpla su palabra y que el próximo martes nos diga dónde tenemos las plazas en las que acoger a los menores'', añadió. ''Si el Estado tiene problemas con las comunidades autónomas, entendemos que lo solucionará como corresponda y dará alternativa a la atención de personas ailadas en recursos del Estado'', subraya Rodríguez.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha concluido que el cierre de este centro de acogida se debe a que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), no quiere a lo menores migrantes que están en Canarias porque son negros. ''Esos menores tienen la misma edad, solo les diferencia que el color de la piel es distinta'', ha insistido el socialista.

En declaraciones recogidas por Europa Press, desde el Gobierno central han insistido que el centro de migrantes de Pozuelo es solo ''una opción'' que se ha puesto sobre la mesa para acatar la orden del Supremo, pero asegura que están concretando otras alternativas junto a las principales entidades que trabajan con menores.

En el comité interadministrativo que tuvo lugar el pasado martes, el Ministerio de Migraciones ya propuso un total de 720 plazas, que se están concretando en la actualidad con las entidades para que estén disponibles de forma inmediata. En esta línea, se prevé que las primeras derivaciones a la Península tengan lugar en dos semanas.

Mientras tanto, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), no se ha pronunciado.

La Ley de Extranjería

Los intentos del PP de que los menores migrantes no salgan de Canarias hacia la Península no son nuevos. En dos ocasiones, el partido se alineó con Vox y votó en contra de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permite la distribución obligatoria de los jóvenes llegados a las islas en pateras y cayucos entre todas las comunidades.

La modificación de la Ley salió adelante en el segundo intento con 179 votos a favor gracias al apoyo de Junts. Esta norma echó a andar a pesar de los bandazos del PP, atendiendo a una reivindicación histórica de Canarias, que tutela en la actualidad a 5.500 menores sin referentes familiares.

Más allá de la batalla política, miles de menores conviven en más de 80 dispositivos de acogida repartidos por todas las islas y en condiciones cuestionadas por las organizaciones especializadas en infancia. En los últimos meses, la Justicia ha ordenado el cierre de dos centros de Gran Canaria en el marco de una operación que investiga posibles casos de malos tratos en ellos.