El PP propone recortar en altos cargos
El PP en el Parlamento de Canarias ha presentado 111 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos canarios, en las que propone medidas para reducir la administración regional, entre ellas la privatización de la televisión autonómica, recortar a la mitad los altos cargos y el personal de confianza y bajar el IGIC para relanzar la economía.
Australia Navarro, portavoz parlamentaria del grupo Popular, y Jorge Rodríguez, responsable de presupuestos, explicaron en rueda de prensa que sus enmiendas de modificación económica, 59 en total, suponen un cambio de destino de 80,5 millones de euros, que se restan de gastos que consideran improductivos de los capítulos de personal y gastos corrientes para destinarlos a reforzar los servicios sociales y la reactivación económica.
Además, los populares han presentado 52 enmiendas al articulado en las que se plantea una reforma del Gobierno de Canarias, de la administración autonómica y del sector público, una reducción de impuestos y nuevos mecanismos de control y transparencia al ejecutivo.
Australia Navarro dijo que el proyecto de presupuestos del Gobierno de Canarias, formado por CC y PSOE, “no sirve ni a la economía ni a la sociedad”, sino que protege “un modelo de administración ineficiente y costoso que hipoteca los bolsillos de los canarios.
Básicamente, el presupuesto “mantiene el chiringuito político” y reparte lo que sobra, de forma insuficiente, para los servicios públicos y la deuda, renunciando a la reactivación de la economía, dijo Navarro.
Entre las propuestas para reformar la administración, el PP propone la privatización en 2014 de la Televisión Canaria, que cuesta 33 millones de euros, así como la liquidación de las empresas públicas Saturno, Gestur, Canarias Congress Bureau Maspalomas y Canarias Congress Bureau Tenerife Sur.
También plantea el PP la desaparición de la oficina del Gobierno de Canarias en Madrid, la integración en las oficinas del Instituto de Comercio Exteriuor (Icex) de las representaciones en el extranjero y la integración del Instituto Tecnológico de Canarias en la Agencia Canaria de Investigación.
Además, los populares plantean una racionalización del sector público que incluya la supresión del 50 por ciento de los altos cargos y del personal de confianza y asesores.
Esta reforma administrativa, según las enmiendas del PP, debe complementarse con una reforma fiscal que reduzca impuestos, en particular el IGIC, para estimular la economía y la creación de empleo, así como con nuevos mecanismos de control del Gobierno y de transparencia en sus gastos.
En cuanto al destino concreto de las modificaciones presupuestarias, el PP plantea en sus enmiendas destinar 21,3 millones de euros más a sanidad, de los cuales 15 millones se destinarían a un plan contra las listas de espera.
En obras públicas, transportes y política territorial, los populares quieren destinar 12 millones de euros adicionales, otros 8 millones a educación, 6 millones a empleo y 4 millones a un plan para emprendedores.
Las enmiendas del PP incluyen 5,7 millones de euros adicionales para la dependencia, 4 millones para un fondo de liquidez destinado a los municipios, 2,9 millones para planes de empleo, 6 millones para relanzar el turismo, 7,8 millones para el sector primario, 9 millones para la carretera a la Aldea y 5 millones para terminar el Hospital de Fuerteventura.
