El PP no le 'vende la moto' de la Ley a CC
“Que le vendan a otros esa moto y que no cuenten cuentos”, señaló el senador de CC por El Hierro Narvay Quintero la noche de este martes en relación al anuncio del PP de Canarias, tras entrevistarse una delegación con el ministro Arias Cañete, de que se había logrado el encaje canario en la Ley de Costas.
Lo cierto es que la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó este martes con los únicos votos del Partido Popular el dictamen de la ponencia con solo algunas modificaciones introducidas por el propio PP y que, tal como señaló Quintero, no sólo no flexiblizan la normativa para los nucleos poblacionales consolidados al borde del mar, sino que “la hacen más restrictiva e introducen más requisitos” que los que había en el primer borrador.
Este el caso de la enmienda 182 que el PP había previamente incorporado a la ponencia a instancias de los senadores gallegos para poder rebajar la franja de servidumbre de 100 a 20 metros en determinadas circunstancias y que con las modificaciones que habría impuesto el ministerio este martes se habrían endurecido aún más.
En los casos en que los municipios tuvieran planeamiento antes de la vigente ley de 1988 solo podrán regularizarse los terrenos con acceso rodado abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía que esten consolidados en un tercio de su superficie, y que en caso de carecer de alguno de los requisitios anteriores que estén consolidados en dos tercios.
En el caso de que no hubiera planeamiento antes del 88, si falta alguno de los requisitos se exige que haya consolidación urbana en la mitad de la superficie.
Quintero ha lamentado que el PP no haya atendido la pretensión de los nacionalistas de que puedan salvarse nucleos poblacionales al borde del mar “por su valor arquitectónico o etnográfico” y ha manifestado que si bien aún quiere confiar en que en el trámite del pleno del próximo día 23 se pueda aceptar alguna de las enmiendas de CC “las esperanzas son mínimas”.
En este sentido, ha llamado la atención de la manción de doce núcleos urbanos que con la nueva norma son sacados expresamente de la protección pública en distintos municipios de Girona, Castellón, Valencia, Alicante, Malaga, Huelva y Pontevedra.
La posición de CC respecto a la nueva Ley de Costas contrasta con la del PSOE, que considera que con la reforma se “santifica” la desprotección del litoral, un argumento que el PP ha tratado de combatir a lo largo de la tramitación de la Ley.
