El PSOE adopta el plante a la banca que desahucie
El pasado día 10 de noviembre, el secretario de Política Municipal del PSOE de Canarias, Gustavo Matos, hizo un llamamiento a los ayuntamientos socialistas del Archipiélago para que retiraran sus fondos de aquellas entidades bancarias que practican desahucios contra personas sin recursos. Nueve días después, los alcaldes socialistas de todo el territorio nacional han hecho suya la propuesta de Matos junto a otras medidas contra los desahucios, que incluirán asesoramiento legal a los afectados, programas de mediación con los bancos para renegociar hipotecas o alquileres sociales.
Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, el alcalde de Vigo y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero; y el regidor de Toledo, Emiliano García-Page. Ambos han explicado que algunas de estas medidas ya se están poniendo en marcha, como el negarse a que la Policía Local colabore para ejecutar un desahucio salvo en caso de requerimiento judicial.
Los alcaldes han aprobado una declaración en la que rechazan el real decreto aprobado el jueves por el Gobierno porque creen que “no soluciona el problema en su dimensión real”, al dejar “excluidas a miles de familias” y denuncian que el Ejecutivo no tiene un “compromiso firme” de reformar la legislación para “acabar con los actuales abusos de los bancos”.
No es caridad, son derechos
Para Valenciano, la moratoria aprobada es “menos que un parche” porque para acogerse a él hay que sufrir “muchas desgracias”. “En absoluto estamos pidiendo al Gobierno actos caritativos, dirigidos a colectivos claramente excluidos, sino de un problema que se ha generalizado a la clase media. Estamos hablando de derechos y no de caridad y esto es lo que la derecha, de momento, parece no entender”, ha manifestado.
La 'número dos' de los socialistas ha dejado claro que la moratoria es mucho menos ambiciosa de lo que Gobierno y PSOE habían tratado en sus conversaciones. Por eso, ha asegurado que el PSOE seguirá trabajando porque cree que “una sociedad decente no puede dejar tirado a nadie”.
Los socialistas prevén mantener una “intensa agenda” de contactos con diversos colectivos para intentar mejorar el decreto-ley de la moratoria y, además, conseguir una reforma de la ley hipotecaria. El PSOE defiende que la reforma que ellos propugnan solucionará los problemas tanto de deudores como de acreedores. Además, ha dicho que no le consta que Bruselas esté poniendo pegas a una reforma.
En todo caso, ha subrayado que es una decisión que debe tomarse “en el contexto nacional”, atendiendo a la “enorme fragilidad de las familias” la inseguridad y el “enorme desequilibrio” entre bancos y ciudadanos y el hecho de que la ley española “no se parece a ninguna de las leyes de la UE”. “Todo este es el discurso y la batalla que se puede ir a dar a Bruselas”, ha añadido.
En la misma línea, ha subrayado que si los casos de desahucios de primera vivienda son tan pocos como dice el Gobierno, no parece que resolverlos y cambiar la ley vayan a suponer una “grave convulsión de la economía”.
Esa “agenda” socialista ha comenzado este lunes con un encuentro con alcaldes socialistas, que han adelantado que se proponen ser “la administración que más presione” para que se reforme la Ley, en palabras de García-Page. Los regidores han aprovechado para pedir a las comunidades autónomas, como responsables de la política de vivienda, que se impliquen en buscar una solución a este problema, por ejemplo promoviendo parques públicos de vivienda en alquiler social.
Batería de medidas
Los regidores socialistas exigirán a los bancos que paralicen los desahucios de vivienda habitual por insolvencia sobrevenida hasta que entre en vigor una nueva ley y retirarán sus depósitos y créditos de las entidades que no lo hagan. Caballero ha explicado que la medida se dirigirá a todas las entidades, aunque ha reconocido que un 95 por ciento de los casos de desahucio son por entidades que han recibido ayudas públicas.
Por otro lado, los ayuntamientos socialistas se proponen asesorar legalmente a los ciudadanos, ejercer de mediadores entre los bancos y quienes necesiten renegociar sus deudas --intereses de demora, dación en pago con alquiler social, etcétera, poner en marcha planes especiales de ayudas sociales --alimentación, becas de comedor, ayudas al alquiler-- y de búsqueda de empleo, favorecer la creación de parques públicos de alquiler social y crear protocolos de servicios sociales.
Además, plantean retirar el impuesto de plusvalía para las personas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para las que logren la dación en pago de la deuda; denegar la participación de la Policía Local salvo requerimiento judicial y publicar los nombres de las entidades bancarias que hayan paralizado los desahucios. También proponen elaborar un registro de familias desahuciadas y de las que estén en riesgo de serlo.
Los alcaldes se han reunido este lunes con Valenciano, así como con el secretario de Política Municipal, Gaspar Zarrías; la secretaria de Política Económica y Empleo, Inmaculada Rodríguez Piñero, y la portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Leire Iglesias.
