El PSOE tendrá que defender en los juzgados la purga en la Agrupación Local de La Laguna
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Laguna ha admitido a trámite la demanda civil interpuesta por la Ejecutiva Local del PSOE de esa ciudad contra la decisión de la Comisión Ejecutiva Federal de suspenderla en sus funciones y designar una comisión gestora “para normalizar la vida orgánica” a raíz de la crisis desatada en el seno del pacto municipal entre socialistas y nacionalistas que se saldó en diciembre pasado con la destitución del líder local, Javier Abreu, en sus funciones al frente del servicio de Aguas.
La demanda fue interpuesta por Silvia Rodríguez, Yeray Rodríguez, Alberto Báez, María Clara Palazón y José Manuel Pérez y en ella se relacionan hasta cinco vulneraciones de derechos de los demandantes, entre otros el de no haber podido defenderse de las acusaciones que contra ellos vertió en un informe el secretario de Organización de los socialistas canarios, Julio Cruz. Sostienen que está plagado de falsedades.
Gran parte de la demanda gira, efectivamente, en torno a ese informe de Cruz en el que, según los demandantes, se basó la decisión de Ferraz (sede federal del PSOE) para proceder a la purga de la Agrupación Local de La Laguna y su sustitución por una comisión gestora.
El detonante de esa purga fue la enésima crisis del pacto lagunero, que se sostiene aún a duras penas por los incumplimientos de una y otra parte y la humillación a la que CC somete regularmente a los cargos públicos del PSOE. En La Laguna pende sobre la cabeza de su alcalde la amenaza cierta de una censura –no necesariamente encabezada por su socio- y reina la inestabilidad constante por la minoría en la que ha de moverse el grupo de gobierno.
La Laguna es un feudo sagrado para Coalición Canaria, y los desplantes del secretario general socialista (se le afea incluso que no invitara a los concejales nacionalistas al encendido del alumbrado navideño) ha llegado a las más altas instancias del PSOE.
Sin embargo, los demandantes recuerdan que tanto en La Laguna como en otras instituciones de la isla de Tenerife no ha sido el PSOE el que ha incumplido el “pacto en cascada” con Coalición Canaria, sino que ha sido este socio el que lo ha hecho reiteradamente en lugares como Puerto de la Cruz, Arico, Santa Cruz de Tenerife, o en ayuntamientos y el Cabildo herreños. En la segunda ciudad tinerfeña, su secretario general, Javier Abreu, y “el resto de concejales del Grupo Municipal Socialista cumplieron con lo mandatado por su partido y en la sesión de investidura votaron a favor del nombramiento como alcalde del candidato de Coalición Canaria”.
Pero dada la situación de minoría que ese pacto presenta (12 de 27 concejales), la inestabilidad está servida, y de ella parece haber culpado CC continuamente al PSOE, de lo que se hizo eco Julio Cruz en su informe dirigido a Madrid.
Todo porque durante un pleno celebrado en diciembre pasado dos concejales socialistas se ausentaron de la sesión, dejando aún más reducida la capacidad del grupo de gobierno de ganar alguna votación. Y la que más dolió fue una moción de Ciudadanos promoviendo una comisión de control de los gastos municipales.
De nada hubiera valido que los dos concejales socialistas permanecieran impasibles en el salón de plenos: la oposición controla desde el principio de este mandato el pleno de la Corporación sin que parezca que a corto plazo vayan a cambiar las cosas.
Era la gota que colmaba el vaso de la paciencia del alcalde, José Alberto Díaz, que acto seguido dejó sin sueldo al secretario general socialistas al destituirlo de la sociedad mixta que gestiona el agua de La Laguna. Abreu cobra desde entonces el seguro de desempleo.
Pero los cinco socialistas depurados en La Laguna también alegan ante el juez que su actitud crítica frente al pacto con CC en la ciudad ha sido públicamente compartida por el secretario de Organización, Julio Cruz. Para probarlo añadieron a la demanda una entrevista en el Diario de Avisos con afirmaciones tan definitivas como esta: “Ahora mismo hay un incumplimiento por parte de Coalición Canaria, porque hay una competencia que corresponde al Partido Socialista, en materia de aguas, que ha sido sustraída por un decreto en contra del pacto. Y eso se debe arreglar”.
Las irregularidades en la tramitación del expediente que desembocó en la suspensión de la Ejecutiva de La Laguna han derivado también, según los demandantes, en una vulneración de su derecho a la participación política. Consideran que se les privó irregularmente de su derecho a participar en las actividades y órganos de gobierno del partido y a ser electores y elegidos. Y todo ello, de remate, vulnerando a su juicio la normativa reguladora de la estructura y funcionamiento general del PSOE.
Los demandantes han solicitado al juez que, en lo que se entra en el fondo del asunto y se celebra la correspondiente vista, se paralice cautelarmente la resolución de Ferraz. El juez ha decidido formar pieza separada para resolver esa solicitud fuera del procedimiento.
