Rojas espera que “impere la cordura” para evitar la demolición de la biblioteca

La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, ha confiado este viernes que impere la cordura y el sentido común para evitar la demolición de la biblioteca pública del Estado de Las Palmas Gran Canaria, y ha ofrecido al Ayuntamiento de la ciudad la colaboración del Gobierno para aquellas acciones que evite el derribo.

Rojas, en una comparecencia parlamentaria solicitada por el grupo Socialista, ha afirmado que el Gobierno canario respeta las sentencias y el motivo que se argumenta en ellas, y ha subrayado que aunque el Ejecutivo autonómico no es responsable de la infraestructura está en contra de su demolición.

Ha recordado que la biblioteca, sobre la que pesa una sentencia del Tribunal Supremo que ordena su demolición al entender que la licencia de construcción es ilegal, reúne 223.000 documentos, tiene 85.000 socios y 425.000 visitas anuales.

Rojas ha detallado las diversas sentencias que avalan la ilegalidad de la licencia, tras las denuncias de una comunidad de vecinos al entender que afectaba a su derecho de vista y de luces.

La consejera ha insistido en que el Gobierno de Canarias “va de la mano” del Ayuntamiento en aquellas actuaciones judiciales que está llevando a cabo para evitar que se tenga que tirar el edificio que se ha consolidado como un servicio público.

La representante del Gobierno de Canarias ha considerado que, en ocasiones, los responsables de las administraciones públicas “nos lanzamos” a tomar decisiones sobre proyectos que se consideran de interés general y no se tiene en cuenta el interés particular.

“Es posible hacer las cosas bien, será más lento pero más seguro” ha afirmado la consejera, quién ha reiterado que sería una locura y una sinrazón tirar la biblioteca.

La diputada del grupo Socialista Encarna Galván dijo que la demolición de la biblioteca supondrá una merma en el derecho de acceso a la educación y a la cultura de miles de personas en Gran Canaria.

Galván recordó que el edificio fue inaugurado en 2002 y advirtió de la gravedad de las consecuencias si el Ayuntamiento no consigue paralizar el derribo del edificio, al tiempo que ha señalado que tendría consecuencias políticas.

La parlamentaria socialista consideró que debe prevalecer el interés general de la biblioteca, cuya existencia, dijo, es vital para la ciudad por lo que esperó que “impere la cordura”.

Pedro Francisco Justo, del grupo Mixto, afirmó que la biblioteca es un elemento fundamental para la cultura pero consideró que la esencia de este problema es que el edificio es ilegal.

“Si se puede salvar que se salve pero si no se salva habrá que demolerlo” afirmó el parlamentario de Nueva Canarias, quién advirtió que lo está en juego es la democracia y la visión que la sociedad puede tener de las administraciones “que se saltan sus propias leyes”.

“El Ayuntamiento se saltó sus normas y la justicia le ha dado la razón a los ciudadanos” concluyó.

Nieves Rosa Pulido, del grupo Nacionalista, ha señalado que la forma de gobernar del PP “con soberbia” llevó a construir una biblioteca con una licencia ilegal, y acusó al entonces alcalde José Manuel Soria y a su grupo de gobierno, de dar el visto bueno a este proyecto.

Pulido señaló que esta construcción supuso una inversión de 6 millones de euros y afirmó que en caso de ser demolida, los causantes de “esta mala gestión” deberían resarcir a la ciudad de este daño, no sólo económico sino también cultural, con su patrimonio particular.

Añadió que todos los esfuerzos deben estar encaminados para que la biblioteca no sea demolida pero “dentro de la legalidad” y valoró que el Gobierno de Canarias esté como una piña con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para evitar el derribo.

El portavoz del grupo Popular Felipe Afonso El Jaber indicó que la licencia fue concedida por la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento en la que están presenten hasta cinco fuerzas políticas.

El parlamentario popular se refirió a las actuaciones llevadas por el Ayuntamiento, entre las que se encuentra la presentación ante el Tribunal Supremo de un incidente de nulidad de actuaciones por razones de interés general.

Además afirmó que la sentencia del Supremo contiene errores como que es que la biblioteca se incorporó al plan general de 2005 cuando lo hizo en el año 2000.