RTVC paga el transporte de señal sin contrato, tras declararse nulo el concurso por Hacienda

El oscurantismo con el que se condujo el último presidente de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, empieza a disiparse. Han pasado cuatro meses desde que dimitió de su cargo y ya se conocen documentos que confirman que las advertencias que siempre desoyó no eran gratuitas. El último facilitado al Parlamento evidencia que el concurso para el transporte de la señal, tanto de la radio como de la televisión públicas, fue ilegal, como le previno sin éxito con antelación suficiente la secretaria del Consejo Rector del ente.

La interventora general de la Comunidad Autónoma, que desde el primer momento fue crítica con ese concurso, no llegó a permitir nunca que se formalizara el contrato entre Negrín y Cellnex (antes Retevisión), lo que ha provocado que durante estos nueve meses que van de año ese servicio se haya pagado sin más documento que la gestión de expedientes extraordinarios por enriquecimiento injusto de la administración.

Negrín nunca pudo alegar ignorancia. Tanto la secretaria del consejo, Cristina Duce, como la vocal María Lorenzo le advirtieron en varias ocasiones, verbalmente y por escrito, de la ilegalidad de un concurso negociado sin publicidad para el transporte de la señal una vez dejó vencer una prórroga de seis meses sin convocar una licitación abierta. Y mucho menos a espaldas del consejo rector del ente público, al que ignoró repetidas veces.

El último presidente del ente público hizo caso omiso y el 1 de febrero de 2018, constituido órgano de contratación unipersonal, adjudicó el concurso a la única empresa a la que invitó, Cellnex. A partir de ese momento, Negrín comenzó a protagonizar un singular pulso con la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

Tras conocer el veto al contrato con Cellnex, comenzó a poner en cuestión las competencias de la Intervención sobre el ente, tanto en lo que respecta a la fiscalización previa como al control de legalidad. En un escrito fechado el 24 de mayo, el expresidente de RTVC asegura que “esta entidad no está sujeta a dicho control (…) puesto que es un ente público con plena autonomía e independencia funcional (…) conforme a la Ley de Radiotelevisión Canaria”.

Para reforzar sus argumentos, el presidente de RTVC invocó informes propios emitidos por asesores jurídicos externos del ente público, los mismos que le avalaron operaciones bajo sospecha como el concurso de los servicios informativos.

Curiosamente, ese escrito, que tuvo entrada en la Consejería de Hacienda el 29 de mayo pasado, se cursa una semana después de que Santiago Negrín presentara su dimisión alegando motivos personales. Su cese, sin embargo, no se publicó hasta el 7 de junio en el Boletín Oficial de Canarias, lo que se explicó en el ente público en base a la necesidad de que el presidente en funciones pudiera “firmar las nóminas y atender las cuestiones de gestión diaria”.

La interventora general de la Comunidad Autónoma desatendió todos los argumentos del presidente de RTVC y ordenó con rotundidad el inicio de un “procedimiento de revisión de oficio y se declare la nulidad” del concurso “al haberse dictado el acto prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. En uno de sus escritos indica claramente que el procedimiento debió haberse tramitado “como procedimiento abierto”, en vez de negociado sin publicidad.

La alta funcionaria no solo dejaba en evidencia la gestión de Negrín y a su equipo de juristas externos, sino que también desarbolaba por completo el discurso más sostenido por el Gobierno de Fernando Clavijo acerca de la independencia de RTVC y la imposibilidad del Ejecutivo de intervenir ante la sucesión interminable de escándalos que jalonaron la gestión del expresidente.

La Intervención General de la Comunidad Autónoma depende de la Consejería de Hacienda, a la que está adscrito funcionalmente RTVC. Clavijo y la titular de ese departamento, Rosa Dávila, han tratado de negarlo siempre, lo que ha echado por tierra la interventora María del Pino Martínez Santana.

Con el nombramiento de un administrador único en sustitución de Santiago Negrín, el problema no ha quedado aún resuelto. En su reciente comparecencia ante el Parlamento de Canarias, José Carlos Naranjo Sintes confirmó que ya se ha abierto la revisión de oficio de ese concurso de transporte de señal para anularlo. Además, aseguró que los servicios se han venido abonando al proveedor, sin concretar bajo qué modalidad.

Naranjo Sintes anunció, además, que convocará un concurso abierto para el transporte de señal, gestión que no estaba inicialmente comprendida en las funciones que le otorgó el Parlamento cuando, de manera extraordinaria, se cambió la ley para suprimir el consejo rector y acudir a la figura del administrador único para resolver el bloqueo generado por otro concurso gestionado por Negrín, el de los servicios informativos y de continuidad.