Sanidad convocará concursos para cargos directivos en septiembre de 2018
El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, dijo este martes que se plantea como fecha orientativa que a partir de septiembre de 2018 se empiecen a convocar concursos públicos para cubrir cargos directivos en el Servicio Canario de Salud.
Eso no quiere decir que se eliminen los principios de confianza y libre designación en la decisión final sobre quien ocupe cargos como los de gerente de un hospital o director de un área de salud, sino que se garantizará la libre concurrencia y la profesionalidad entre los candidatos, explicó el consejero en una comparecencia en comisión parlamentaria.
Uno de los perjuicios de la falta de convocatorias previas al nombramiento de cargos directivos, lamentó Baltar, es que “se pierde talento”, puesto que muchos profesionales valiosos preparados que podrían ser designados desconocen las vacantes.
El consejero dijo que la fecha de septiembre de 2018 sirve como orientación para proceder a la normalización de los nombramientos de directivos y así figura en el plan estratégico pactado para la defensa de la sanidad publica. Pero aclaró que finalmente los nombrados deben ser designados directamente y con criterios de confianza, porque es el consejero quien asume sus resultados como propios y quien debe garantizar que su gestión se acomoda a los objetivos marcados por el Gobierno.
El consejero garantizó no obstante que aunque hasta ahora no haya habido convocatorias para seleccionar previamente a los cargos directivos no significa que los designados no cumplan los criterios profesionales adecuados.
En su caso, desde que accedió al cargo hace once meses, ha mantenido a tres cargos directivos nombrados por el consejero anterior y ha nombrado a 24, todos “de reconocido prestigio y su currículum está a disposición de todos”, subrayó. “Los directivos han de ser profesionales” y en particular los gerentes de los hospitales deben ser gente muy experta, defendió Baltar.
El consejero, ante las dudas de algunos diputados sobre la idoneidad de directivos en concreto, defendió expresamente la profesionalidad, el prestigio y los resultados de Soledad Pastor como gerente del Hospital Universitario de Canarias y de Esther Monzón al frente del área de salud de Gran Canaria.
El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, solicitante de la comparecencia de Baltar, insistió en la necesidad de profesionalizar la gestión sanitaria y en general la administración pública, ya que es habitual “encontrar al frente a auténticos aficionados” cuyo mayor mérito es estar “en el entorno del poder”, si bien el único ejemplo que dio no fue sobre el área sanitaria sino sobre la Televisión Canaria.
“No es razonable que no haya salido a concurso ninguna plaza para cubrir responsabilidades directivas en el Servicio Canario de Salud”, dijo Román Rodríguez, y citó los casos de comunidades como Murcia, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Castilla La Mancha en donde son habituales estas convocatorias.
“No discuto que la designación sea de libre designación y un cargo de confianza, pero eso no es sinónimo de ser alguien del partido, sino que debe haber una selección con criterios de profesionalidad y capacidad”, defendió el portavoz de Nueva Canarias.
Juan Márquez, de Podemos, consideró una falta de respeto a los profesionales sanitarios que los directivos sean elegidos a dedo en muchos casos entre personas sin formación ni capacidad para gestionar ni dirigir.
El diputado del PP Zacarías Gómez también dijo que la designación de alguien de confianza no significa que carezca de experiencia ni de cualificación, pero señaló que hay que ser cautos a la hora de establecer reglas, porque son los resultados los que deben marcar si un gerente debe continuar o no.
Marcos Hernández, diputado del PSOE, consideró que la libre designación no está reñida con la cualificación y afirmó que la confianza en el nombramiento no puede basarse en afinidades personales, porque eso genera “desasosiego” en los profesionales sanitarios.
Guadalupe González Taño, de CC, sostuvo que todos los que ocupan un cargo público en la administración autonómica “cumplen con los requisitos de mérito y capacidad hasta que no se demuestre lo contrario, y se nombran con esos criterios”.
