Sanidad rescinde la obra de un centro de salud

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha acordado proceder a la resolución del contrato con la empresa Bruesa que desde hace años construye el centro de salud y la unidad de salud mental de Las Mercedes en la plaza del Cristo de La Laguna. Las obras llevan paralizadas casi tres años tras la quiebra del contratista pese a que se habían ejecutado ya más de la mitad de los trabajos.

En cuanto a la posibilidad de indemnizar a la compañía desde el Gobierno de Canarias se indica que en realidad tal vez ocurra lo contrario. “Cuando se hagan las cuentas veremos si el saldo resultante es en contra o a favor del contratista. Hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un posible abandono de las obras que ha resultado perjudicial para la Administración”, se indica desde el ejecutivo.

Los trabajos quedaron paralizados a principios del año 2011 ya que mientras Bruesa apuntaba a que la Consejería no estaba abonando los pagos acordados, desde el Gobierno se alegaba incumplimientos del contrato. En teoría el edificio debía haber estado acabado y en funcionamiento en 2012 pero sin embargo en la actualidad se encuentra en estado de abandono. El inmueble se sitúa en un solar que servía de aparcamiento al mercado de la plaza de El Cristo, y su objetivo es que atendiera a más de 15.000 personas que residen en la Vega lagunera, Las Mercedes, Las Montañas y los núcleos rurales de Taborno, Afur, Roque Negro, Catalanes, La Cumbrilla y Las Casas de la Cumbre.

El presupuesto de la obra asciende a 4,7 millones de euros y tenía un plazo inicial de ejecución de 18 meses, a contar a partir de noviembre de 2008. Sin embargo en 2012 apenas había consignados en las cuentas del Gobierno canario 1.000 euros y en las de 2013 no aparece cantidad alguna.

En 2010 comenzaron a surgir los primeros problemas cuando los servicios de inspección determinaron que los trabajos estaban paralizados y sólo se había ejecutado el 60% del edificio. A partir se pusieron en evidencia las discrepancias entre Bruesa y el ejecutivo ya que el primero indicaba que la paralización fue acordada con Sanidad con el fin de instalar una línea de media tensión y exigía que se le abonaran cerca de 300.000 euros. En varias ocasiones se intentó la resolución del contrato pero una y otra vez se incumplían los plazos establecidos legalmente.

El Consejo Consultivo ha determinado que efectivamente se realizaron obras por valor de casi 3 millones de euros, de manera que la última factura fue emitida a finales del año 2010. Los informes jurídicos apuntan que es posible resolver el contrato acogiéndose a su incumplimiento por parte de la contrata y al abandono constatado de la obra lo que ha dado lugar a actos vandálicos.

No obstante, el Consultivo también deja claro que la primera paralización es atribuible a la Consejería que fue la que ordenó que se detuvieran los trabajos para poder instalar la línea de media tensión. A partir de aquí comenzaron las discrepancias ya que legalmente el Gobierno tenía que haber ampliado el plazo para continuar las obras pese a que existe constancia de que Bruesa se comprometió a cumplir con su parte del contrato. Por todo ello, se considera demostrado que la obra nunca se paralizó sino que se suspendió de forma temporal.

Sin embargo, también se apunta que el contratista no puede justificar lo ocurrido acogiéndose a los impagos del Gobierno ya que las facturas sí fueron efectivamente abonadas. El Consultivo estima que en realidad lo que ocurrió es que se produjo una situación de insolvencia y los embargos de los que fue objeto por aquellas fechas Bruesa dieron lugar a su quiebra y a la declaración judicial de concurso de acreedores.