SCTF tendrá que pagar 20 millones de euros para la remodelación del Tres de Mayo
La prevista remodelación de un ámbito situado en la avenida Tres de Mayo, justo enfrente de la sede de la Gerencia de Urbanismo, será inviable a menos que el Ayuntamiento de Santa Cruz desembolse alrededor de 20 millones de euros para hacerse con las parcelas necesarias. En este enclave el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz contemplaba la ampliación de la calle El Carmen para unirla a la avenida 70, la construcción de un edificio de 12 plantas y una gran plaza pública. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una sentencia por medio de la cual descarta que los propietarios se vean obligados a ceder terrenos al Ayuntamiento al considerar que se trata de suelo urbano consolidado.
Esta actuación iba a ocupar una serie de naves industriales hoy abandonadas, la parte trasera de la sede de la policía local, un edificio y una gasolinera. Sin embargo, algunos de los propietarios recurrieron a los tribunales al no estar de acuerdo con el sistema elegido por Urbanismo para hacerse con estas propiedades que les obligaba a ceder el 10% del suelo de forma obligatoria. Ahora el Ayuntamiento, en caso de que siga adelante con este proyecto, tendrá que recurrir a la expropiación forzosa en un enclave donde el valor del suelo es de los más elevados de la ciudad. Tan sólo tener en cuenta que la ocupación de una de las naves de 2.750 metros cuadrados tiene un precio de mercado de 17 millones de euros, a lo que habría que sumar otras parcelas y propiedades.
La sede de la Policía Local sin embargo es intocable ya que se trata de un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y sólo se podrá utilizar la parte trasera que no está catalogada. A la Gerencia de Urbanismo le queda también la posibilidad de intentar llegar a un acuerdo con los propietarios del suelo a través de un convenio pero esta alternativa tampoco se considera muy viable dado que éstos ya han mostrado su disconformidad con el proyecto. El TSJC, sin embargo, sí descarta que el Ayuntamiento tenga que proceder en estos momentos a indemnizar a los propietarios pero de resto anula la categorización de este suelo tal y como estaba contemplada en el PGO. Los dueños de una de las naves y de la gasolinera habían pedido que se les compensara por el posible traslado de sus negocios y la anulación del proyecto de reparcelación que contempla el reparto de cargos y beneficios entre los afectados.
El nuevo PGO pretendía que este suelo pasara de ser considerado urbano consolidado, -y que por lo tanto contaba con todos los servicios de alcantarillado, suministro de aguas, alumbrado y aceras-, a no consolidado, lo que hubiese implicado que los propietarios tuvieran que ceder de forma obligatoria el 10% del suelo al Ayuntamiento. Según fuentes de la Gerencia de Urbanismo este asunto es muy parecido a lo ocurrido hace poco en el barrio de Miraflores, aunque las repercusiones en el caso de la avenida Tres de Mayo son mucho mayores ya que se trata de una superficie notablemente más amplia.
