SCTF estudia rescindir el contrato de gestión de los cementerios capitalinos
El grupo de gobierno de Santa Cruz está dispuesto a llevar a cabo una auditoría con el fin de determinar si la empresa Cetensa que ha asumido desde hace años la gestión de los cementerios municipales ha incurrido en graves incumplimientos en esta concesión, tal y como apunta un informe elaborado por el propio Ayuntamiento.
La propuesta surgió a raíz de una moción presentada por el grupo municipal Sí se puede en la que se pedía dejar sin efecto el contrato al quedar demostradas estas irregularidades o al menos proceder a imponer una Infracción. El concejal de Ssp, Pedro Arcila también propuso que el contenido de los informes que se realicen sean llevados ante la Fiscalía en caso de que se demuestre que se ha incurrido en “un pelotazo de libro”. De cualquier manera y como medida inmediata solicitaron que se recupere el espacio cedido en su momento a esta empresa para construir un tanatorio que a su vez se lo entregó a un tercero.
Entre las irregularidades detectadas desde 2005 están también infracciones en materia de libre competencia, en el plan de obras, en el cobro por parte de Cetensa de 14 millones por la explotación de más de cinco mil nichos durante 30 años cuando en realidad lo debía haber ingresado a lo largo de casi un siglo. Igualmente se detectaron incumplimientos en el plazo de construcción del tanatorio o fraude en la solvencia técnica y económica al desaparecer parte de su accionariado, entre otros varios.
Sin embargo, el concejal de Servicios Municipales, Dámaso Arteaga, consideró que el acuerdo para construir el tanatorio era favorable al Ayuntamiento aunque se mostró de acuerdo en llevar a cabo una auditoría con el fin de conocer el alcance actual de los incumplimientos y las medidas que deben tomar. Arcila calificó de “enorme gravedad” lo que estaba ocurriendo y exigió al grupo de gobierno que responda si existe voluntad de resolverlo. Por lo pronto Arteaga se mostró dispuesto a aceptar la propuesta de comenzar a cobrar un canon por el tanatorio. Arcila apuntó que el cúmulo de irregularidades detectadas está dando lugar a pérdidas millonarias al Ayuntamiento.
Parque Marítimo
El pleno aprobó otra propuesta de Sí se puede en la que se pedía que se permitiera a los usuarios del Parque Marítimo la entrada de bebidas y comida al recinto. Sin embargo, el visto bueno se hizo con matices ya que el grupo de gobierno no estaba dispuesto a eliminar todas las restricciones. Elsa Baute, representante de los derechos de los menores, pidió que se levantaran las limitaciones que existen en estos momentos y que hacen que una familia tenga que desembolsar alrededor de 50 euros por pasar un día en el Parque Marítimo por el pago de las comidas y entradas.
El portavoz del grupo de gobierno, Alberto Bernabé, se mostró dispuesto a flexibilizar la actual normativa pero también a defender los derechos de los dueños de los negocios que trabajan en este recinto. La concejal del PP, Ana Zurita, calificó de “compendio de despropósitos” las restricciones que existen mientras que el edil de Izquierda Unida, José Manuel Corrales ironizó sobre el hecho de que se sea tan rigurosos con los usuarios y sin embargo durante años se haya incurrido en toda una larga serie de irregularidades para favorecer a los concesionarios, hechos que en algunos casos han acabado en los tribunales.
Finalmente, se aprobó flexibilizar la actual normativa con el fin de que sea posible que los usuarios puedan entrar comidas y bebidas, siempre y cuando, no sean alcohólicas. El Ayuntamiento además respondió a una pregunta del concejal del PP, Manuel Fernández, que el agua de esta zona del litoral del municipio no es apta para el baño pese a que es utilizada por varias personas de forma habitual.
El concejal del PP, ironizó sobre la publicidad de una empresa que va a montar un restaurante en este enclave ofreciendo pescado y un acercamiento de la ciudad al mar, “cuando en realidad resulta que estamos hablando de un espacio contaminado”.
