Socios, estrategias y beneficios
¿Cuál es la empresa que podría asociarse con la Administración Pública de Canarias? Ese parece ser el secreto mejor guardado. Algunas fuentes apuntan que sería Cepsa, con quien miembros del Gobierno han tenido frecuentes contactos en los últimos meses. Pero ningún portavoz o fuente de la compañía ha querido confirmar la existencia de un acuerdo avanzado con el Gobierno canario y remiten el contenido de las relaciones con el Gobierno de las islas en asuntos relacionados con la refinería de Santa Cruz y las negociaciones para una nueva localización fuera del área urbana de Santa Cruz (en marzo hay prevista una nueva serie de contactos). Todo lo más han admitido que la compañía, naturalmente, estaría intresada “en cualquier posible cambio en el escenario” que hasta ahora situaba a Repsol como protagonista única e indiscutible de la exploración y explotación de los recursos situados cerca de Canarias.
Los obstáculos a que sea Cepsa el 'socio tecnológico' que busca el Gobierno canario son importantes. La tecnología que se requiere para realizar perforaciones a profundidades que oscilan entre los 1,5 y los 3 kilómetros, sólo está a disposición de unas pocas empresas en el mundo (Repsol es una de ellas). Esa fue una de las razones por las que en 2001 concurrió sola, sin ofertas en competencia, a la adjudicación de las prospecciones. Pero es este caso Cepsa podría articular un oferta con otras empresas con las tecnología adecuada y el propio Gobierno de Canarias, para formar una sociedad mixta de explotación donde cada socio aporte una especialización determinada a la cadena de valor. Fuentes próximas a la compañía aseguran que entre las grandes empresas “no será difícil un acuerdo para repartirse las cuadrículas” (las 'parcelas') en las que se dividen las áreas del aprovechamiento. Además, añaden que “se está dando por segura la existencia de una bolsa de petróleo, algo que aún es muy precipitado” y que “aún existiendo petróleo, su explotación podría resultar poco rentable según en qué condiciones se encuentre. Podría ocurrir que fuese más caro el collar que el perro”, añadieron, en abierta contraposición con la conocida declaración del ministro Soria que aseguró que la bolsa contiene petróleo de gran calidad y muy abundante.
Existe además el precedente de que Cepsa intentó participar en el proyecto del gas en el Archipiélago, pero aceptó apartarse para que finalmente Enagás entrara a participar con el Gobierno de Canarias en Gascán, la empresa mixta que gestionará el oligopolio gasístico en las Islas.
Fuentes de la Presidencia del Gobierno de Canarias sí han reconocido -sin desvelar el nombre de ese 'socio tecnológico' -que el ejecutivo contempla “la posibilidad” de que una empresa mixta “donde participe el interés público de las Islas” (e incluso capitales empresariales canarios) es la mejor fórmula para obtener beneficios para Canarias. “Desde dentro es la mejor manera de controlar las garantías de respeto medioambiental y controlar los planes y contigencias de explotación y reposición”, señalaron las citadas fuentes. “El Gobierno podría articular que los beneficios de esa empresa mixta, en la parte canaria, se destinara a fines sociales, con lo que se garantizaría cotas de bienestar nunca conocidas en nuestras islas”, añadieron las citadas fuentes.
Por parte de la compañía Repsol, su línea argumental para evitar la reapertura del expediente podría ceñirse a lo contemplado en el artículo 35 de la muchas veces citada Ley de Hidrocarburos que indica textualmente: “(...) Cuando la paralización del expediente o suspensión de trabajos se produzca por causas no imputables al titular, el permiso o concesión se prolongará por el plazo de duración de aquélla”. Repsol podría alegar que la sentencia del Tribunal Supremo de 2001 estaba provocada por defectos de forma en el Real Decreto del Gobierno de Aznar y firmado por Rodrigo Rato, actual responsable de Bankia (que no se refería específicamente a los planes de impacto ambiental y medidas correctoras). Pero esto, según nuestras fuentes, ni se sostendría jurídicamente (el Real Decreto se remite al cumplimiento genérico de las disposiciones contempladas en la Ley de Hidrocarburos) ni impedirá que el Gobierno central tenga que reiniciar el proceso de consultas y estudiar las posibles nuevas ofertas en competencia que se presenten. Lo que sí podría es dar lugar a que Repsol planteara reclamaciones indemnizatorias, en lo que desde Presidencia se ha calificado como “lo que podría ser un nuevo Tebeto del ministro Soria”.
