Suspenden el embargo de Atención Social de SCTF
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado de que la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha ordenado suspender el embargo que la Tesorería de la Seguridad Social había ordenado a las cuentas del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS).
En un auto publicado este viernes, los magistrados de la Sala consideran las razones de urgencia alegadas por los servicios jurídicos del consistorio ya que el embargo “implica la paralización de la acción social” del Ayuntamiento.
El auto suspende tanto el embargo solicitado por la Tesorería de la Seguridad Social contra las cuentas del IMAS como la ejecución de las resoluciones conducentes al mismo.
El embargo se ha producido por la reclamación que la Seguridad Social hacía al Ayuntamiento de la deuda de 3,8 millones de euros contraída por la empresa Mararía, que gestionaba el servicio municipal de asistencia a domicilio para personas dependientes y que quebró el pasado verano.
El primer teniente de alcalde, José Ángel Martín, en un comunicado del Ayuntamiento ha felicitado al servicio jurídico por “la rapidez y el trabajo inmediato mostrado para lograr que no se detenga la atención social en Santa Cruz de Tenerife”.
En ese sentido, celebra que los jueces hayan comprendido que “el embargo supone un grave perjuicio que afecta a las necesidades básicas de un colectivo de personas en situación extrema”.
Martín explica que, en el auto conocido hoy “el juez nos ha dado la razón a los que defendíamos que las cuentas del IMAS eran inembargables”.
Además entiende que otra muestra más de la trascendencia de estas cuentas es, según el edil, que contra el auto del TSJC no cabe recurso alguno, por lo que no se volverán a parar las cuentas que los servicios sociales municipales usaban para pagar prestaciones.
La séptima teniente de alcalde y concejala de Atención Social, Alicia Álvarez, destaca “el alivio” de tener un auto firme de la Sala en donde se manifiesta que se levanta el embargo y tantas otras posibles acciones ejecutivas por parte de la Seguridad Social.
Alvarez expresa en la nota su desconcierto ante la actitud de la administración estatal “por haber atentado contra un servicio público obligatorio de este Ayuntamiento, como es la asistencia a las personas más vulnerables”.
