Telde también ofrecerá alquileres
El concejal de Obras Públicas y Vivienda del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), Ignacio Serrano, ha informado que el Consistorio ofrecerá viviendas en régimen de arrendamiento a las familias que han sido desahuciadas por deudas hipotecarias.
La Institución sureña ha realizado gestiones para formalizar su adhesión al convenio de constitución del Fondo Social de Viviendas, que amplia las medidas puestas en marcha a través de la encomienda de casas a la empresa municipal de Vivienda y Suelo, Fomentas, con el fin de reforzar la protección de los deudores hipotecarios.
A través del convenio, varias entidades bancarias pondrán a disposición un paquete de viviendas dentro de Telde, que serán ofrecidas en arrendamiento a personas que, habiendo sido desalojadas de su vivienda habitual por impago de un préstamo hipotecario, se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad.
En este acuerdo han participado los ministerios de Fomento, Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector, el Banco de España, la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, la Asociación Hipotecaria Española y representantes de 33 entidades de crédito.
Serrano ha explicado que las entidades de crédito valorarán la prioridad de las solicitudes en base a los informes redactados por las trabajadoras sociales de Fomentas, los cuales determinarán las circunstancias específicas de las familias solicitantes en función del número de hijos menores de tres años, menores de edad, número de personas con discapacidad, dependencia, situación de desempleo y que hayan agotado sus prestaciones sociales, presencia de víctimas de violencia de género, disponibilidad de viviendas adecuadas en el municipio y otros análogos.
El edil ha recordado que desde Fomentas se presta desde el pasado mes de diciembre un servicio de asesoramiento jurídico gratuito en materia de desahucios para conseguir, entre otras temas, en virtud del propio decreto ley de medidas urgentes, la suspensión inmediata y por un plazo de dos años los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión.
