La juez evita que Telde perdone 10 millones a Santana Cazorla
Los denodados intentos del Ayuntamiento de Telde para perdonar la empresa Iniscan, del Grupo Santana Cazorla, 10 millones de euros han vuelto a tropezarse con la justicia. Un auto de fecha 14 de noviembre dado a conocer este miércoles deniega al consistorio un incidente de “imposibilidad material” de ejecución de sentencia interpuesto para sortear la condena por la que han de desbaratarse las permutas declaradas ilegales sobre la finca de San Rafael y unos locales en Jinámar celebradas en la etapa negra de la ciudad, entre los años 2003-2007, bajo un gobierno similar al actual: Partido Popular-Ciuca.
El grupo mayoritario en la oposición, Nueva Canarias-CCN, ya ha emitido un comunicado reclamando el cobro de esos 10 millones al Grupo Santana Cazorla para así poder hacer frente a las necesidades de la ciudad. Para NC-CCN, “se sigue mostrando una falta de interés por recaudar adecuadamente para que los ciudadanos lo paguen con impuestos”.
El auto conocido este miércoles, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, rechaza el incidente de imposibilidad material de ejecución de la sentencia por “varias razones”. La primera, la extemporaneidad de la iniciativa municipal presentada fuera del plazo legal de dos meses, y la segunda, el presunto deterioro alegado por el consistorio de los bienes a reintegrar al patrimonio municipal, más la existencia de terceros de buena fe, esto es, terceros que han inscrito los bienes permutados a su nombre.
En cuanto al deterioro, la juez María Olimpia del Rosario Palenzuela indica que “la Administración o el responsable de la posesión de los bienes podrá responder de su estado”. Y la segunda, porque “la titularidad registral o, mejor dicho, la protección que brinda el Registro de la Propiedad a terceros adquirentes de buena fe no es oponible frente al título ejecutivo que constituye una sentencia judicial”.
La sentencia en cuestión que el Ayuntamiento de Telde pretende no ejecutar anula las permutas realizadas en 2004 con la empresa Iniscan. Mediante estas permutas, la ciudad se desprendía de unas atractivas parcelas urbanizables a cambio de la finca de San Rafael y unos locales en el Valle de Jinámar, generando a favor del Grupo Santana Cazorla unas plusvalías de unos cuatro millones de euros.
Por demandas de la oposición (Nueva Canarias y PSOE), el TSJC declaró nulas esas permutas al tiempo que la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenaba reabrir en febrero pasado el proceso judicial por presunta prevaricación contra la junta de gobierno que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Telde había archivado. Entre otros, están imputados la actual alcaldesa, Mari Carmen Castellano, y su mano derecha, Guillermo Reyes.
