El primer careo por Las Teresitas será el 22 de enero

Los abogados del Ayuntamiento de Santa Cruz y los de la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) se verán las caras por primera vez en el Juzgado de Instrucción número 6 el próximo día 22 de enero en lo que supone la vista previa por la compra del frente de la playa.

Este paso es anterior a la celebración del juicio de uno de los conflictos de mayor peso en la historia de la ciudad por las numerosas demandas y querellas que se centran en esta playa desde hace décadas y por el volumen de negocio que ha movido las sucesivas compras y ventas de los terrenos: alrededor de 150 millones de euros.

En este caso se trata de aclarar cómo cumplir la sentencia firme del Tribunal Supremo (TS) del año 2010 que anuló la compra del frente de la playa por parte del Ayuntamiento a la empresa ILT en 2001. La Corporación local incurrió en determinados defectos de calado por lo cual la operación quedó sin efecto.

Ahora el Ayuntamiento quiere que se le devuelva el dinero pagado en su momento, que alcanza los 52,4 millones de euros más los intereses lo que suma 75 millones mientras que la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia no se queda atrás y reclama 116 millones.

La vista previa estaba señalada para el pasado 2 de octubre pero fue suspendida a petición del Ayuntamiento al descubrirse unos documentos que supuestamente demostrarían que los terrenos de la playa eran ya propiedad municipal. Sin embargo, el hecho de que la cita haya vuelto a ser señalada supone que estas pruebas encontradas no tienen el peso que se le ha dado desde la Gerencia de Urbanismo. Lo cierto es que en contra de la postura del Ayuntamiento la causa civil sigue su curso separada de la penal y no se esperará a la resolución de esta última.

Sea cual sea el resultado del primer fallo se da por seguro que el pleito llegará hasta el Supremo y se extenderá durante años. A la vista oral está previsto que sean llamados a declarar los tasadores de las diversas empresas que en su momento hicieron la valoración por la que el Ayuntamiento compró los terrenos por un precio muy superior al que determinaba su propia arquitecta que los fijó en 15 millones de euros.

Y era así en cuanto un tercio son de dominio público y en el resto no se podría construir por la moratoria turística. Sin embargo, de forma inexplicable, la Corporación encabezada por Miguel Zerolo decidió seguir adelante pese a que la arquitecta Pía Oramas se negó a suscribir la tasación de Tinsa. Esta fue la clave para que se suspendiera la compraventa tal y como había solicitado el colectivo El Rincón, cuyo abogado era Pedro Arcila, hoy concejal de Santa Cruz.

Aunque la demanda por la vía civil se presentó a finales de 2011 han surgido determinadas complicaciones judiciales que han impedido hasta ahora la celebración de la vista oral. Y es que la estrategia de ILT ha pasado por retrasar al máximo la devolución del dinero o llegar a algún tipo de solución.

Por ejemplo, se presentó ante la Audiencia una petición para que se aclarara si era posible que una reclamación se respondiera con otra, a lo que este órgano judicial respondió afirmativamente, dándole la razón al Ayuntamiento. La Corporación local ha llegado incluso a amenazar con expropiar los terrenos de ILT en Montaña Morera hasta que se resuelva este pleito y poder cobrar así por adelantado la supuesta deuda.

Tal vez con la intención de desmontar el argumento municipal de que ILT es una empresa fantasma, se apunta que durante las últimas fechas la compañía ha comenzado a desplegar algún tipo de actividad económica.