La exalcaldesa de Teror lleva a los tribunales la moción de censura de PP y PSOE
La moción de censura en el municipio grancanario de Teror llega a los tribunales. Isabel Guerra (Nueva Canarias ), alcaldesa de la villa mariana desde el 13 de junio de 2015 hasta el pasado 9 de julio, ha presentado una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento que le arrebató el bastón de mando, una moción auspiciada y aprobada por los seis concejales de su socio de gobierno hasta ese momento, el PP, y otros seis del PSOE.
Tras analizar el acta y la grabación de la sesión, Guerra sostiene que la mesa de edad no sometió a votación la moción de censura en el pleno extraordinario del 9 de julio, por lo que entiende que el nombramiento de Gonzalo Rosario (PSOE) como alcalde de Teror “es nulo de pleno derecho”. “Es un hecho inédito”, asegura la exalcaldesa, que remarca en su demanda que el objeto del acuerdo impugnado era “la votación a favor del candidato propuesto a la Alcaldía, en contra o la abstención”. Gregorio Azcona, abogado de Guerra, considera que el pleno utilizó de forma errónea el procedimiento reservado por la Ley Electoral para la designación de alcalde tras los comicios.
Además defiende que la moción de censura fue suscrita por un número de concejales inferior al legalmente exigido, ya que otorga la condición de tránsfugas a los representantes del PP. La Ley Electoral establece que, “en caso de que alguno de los proponentes haya formado parte del grupo municipal al que pertenece el alcalde, la mayoría exigida se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias”. Para el letrado de la alcaldesa desbancada, la moción de censura sólo podía prosperar, en función de esta interpretación, si la respaldaban 15 de los 17 ediles de la corporación, ya que los 6 del PP rompieron el pacto de investidura.
NC (dos concejales) y el PP suscribieron un acuerdo de gobierno en Teror tras las elecciones de mayo de 2015. El pacto, que ponía fin a 24 años de mayoría absoluta del PSOE, estipulaba que Isabel Guerra sería alcaldesa los dos primeros años de mandato y José Luis Báez, del PP, le sucedería durante los otros dos. Los concejales de CC y Alternativa por Teror darían estabilidad al gobierno municipal, según el acuerdo que acabarían rompiendo los conservadores el pasado verano.
Licencias urbanísticas y Aguas de Teror
La “ausencia de una motivación verdadera” y la “desviación de poder” son los otros dos argumentos esgrimidos por Guerra para intentar anular el acuerdo del pleno y recuperar la Alcaldía.
A la hora de presentar la moción de censura contra la líder de NC en el municipio, el PP y el PSOE aludieron al “flagrante deterioro progresivo” del gobierno municipal; la elaboración de “dictámenes caprichosos”; las actuaciones basadas en el “ordeno y mando”; la búsqueda de “protagonismo personal” de la alcaldesa, o sus enfrentamientos con empleados públicos. En su demanda, Guerra califica de “falsedades” todas estas acusaciones y advierte de que detrás de ellas subyace “el desprecio y minusvaloración de la mujer de acuerdo con el machismo más rancio”. También el concejal de Sí se Puede en el Ayuntamiento tildó la moción de censura de “insulto a la inteligencia” y atisbó en el acuerdo entre el PSOE y el PP tintes machistas.
Sin embargo, el detonante de la ruptura entre NC y el PP estuvo relacionado con una licencia urbanística promovida por el conservador José Luis Báez, un expediente que la entonces alcaldesa paralizó y llevó a la Fiscalía. Los conservadores acusaron a Guerra de adoptar esta decisión sin consultar a su socio de gobierno a pesar de que “contaba con todos los informes jurídicos favorables”, aduciendo “irregularidades graves” de los funcionarios que lo tramitaron.
En la demanda presentada esta semana, la exregidora recuerda que se trataba de una licencia de edificación aislada situada en un asentamiento agrícola y que tenía un expediente abierto de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun). El concejal de CC en la corporación ya había denunciado irregularidades en la concesión del permiso desde el inicio de las diligencias, en 2012, con el PSOE en el gobierno municipal. Guerra reconoce que se sintió “engañada” por el jefe de servicio de la Oficina Técnica del Ayuntamiento y por el arquitecto municipal. A pesar de que este último vendió a la titular de la licencia la parcela sobre la que se pretendía levantar la edificación, no sólo no se abstuvo en el procedimiento, sino que ratificó informes de otros técnicos.
Dos informes jurídicos posteriores del jefe de sección de Asuntos Generales del Ayuntamiento, elaborados a propuesta de la alcaldesa, cuestionaron el otorgamiento de la licencia. Guerra incide en que la Fiscalía archivó su denuncia no por una cuestión de fondo, sino de forma.
Para la portavoz de NC en el Consistorio, la verdadera motivación de la moción de censura hay que buscarla en el “interés particular” de sus proponentes y, en concreto, en su afán por “mantener el control” de la empresa pública Aguas de Teror. Guerra denuncia que fue destituida “de forma torticera, a traición y mala fe” como presidenta del Consejo de Administración a propuesta de Báez, “fuera del orden del día, sin previo aviso ni información y en contra de la opinión jurídica del consejero-secretario”, Rafael Lezcano, que sería relevado posteriormente. Báez es en la actualidad el presidente de Aguas de Teror y percibe por ello unos 50.000 euros anuales.
Guerra también acusa al portavoz del PP de “mantener al personal contratado a dedo por el PSOE” y de “apoyar la licencia urbanística ilegal” que precipitó la ruptura del pacto.
