Transparencia para la confianza ciudadana
Ha sido objetivo prioritario de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias desde hace meses y ahora llega a su recta final. La Ley de Transparencia es la primera norma legislativa de rango autonómico elaborada con las aportaciones de diferentes colectivos de las siete Islas.
El Gobierno canario, por medio de las iniciativas de la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud, ha puesto en marcha desde julio pasado una serie de foros presenciales de debate e intercambio de opiniones para hacer viable esta primera ley a través del consenso ciudadano, y ahora entra en periodo de conclusiones.
A lo largo de estos últimos cuatro meses ha habido convocatorias en todas las Islas, que van a culminar la próxima semana en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, y tras “ir isla por isla preguntando qué esperan de esta ley y qué quieren que contenga”, como expuso en el arranque del proceso el consejero Francisco Hernández Spínola, esas valoraciones a pie de calle se van a trasladar en breve al articulado de una ley regional novedosa por su origen.
“Queremos una de Ley de Transparencia que nazca de las aportaciones ciudadanas”, explicó a este respecto del proceso el director general de Participación Ciudadana, Teófilo González, “y eso significa que el Gobierno de Canarias ha optado por iniciar el camino legislativo de la mano de la ciudadanía”, algo, que aunque suene a hueco, nunca antes se había planteado así.
Hay casos que se han materializado ya en otras comunidades autónomas españolas, como el reglamento de Navarra, o el inminente de Extremadura o el texto de Andalucía, pero Canarias también se fija en las realidades de otros países, como la ley de transparencia de Serbia, una de las más avanzadas; la norma de Alemania, por su connotación de vanguardia tecnológica a la hora de implementar la participación, o el proceso histórico en Islandia en medio de la crisis bancaria del país nórdico. Son experiencias que suman.
En los foros que se han celebrado a lo largo de la geografía isleña se ha perseguido el objetivo de que la participación popular “no se quede solo en la anécdota del sueldo de los políticos, cuando la profundidad de una ley de este tipo lleva a mucho más, como el acceso de la información, la riqueza que genera, la mejora del futuro”, explican en la Dirección General de este proceso abierto en el que también se deberá que valorar el papel que juega la siempre recurrente Ley de Protección de Datos para blindar cualquier investigación que concierna a la administración con sus administrados.
Pero lastres aparte, la norma que ha de surgir del primer proceso ciudadano abierto en estos treinta años de autogobierno canario, se fundamenta en la premisa de “consultar a la ciudadanía siempre, de forma continuada, y no solo en el proceso electoral”, como apuntó el consejero Spínola en uno de los foros presenciales llevados a cabo en estos últimos meses.
La consulta abierta, la transparencia en la gestión, es lo que persigue este proceso que encara en estos días con sus convocatorias finales la fase decisiva para elevarse a ley autonómica.
