La transparencia en las instituciones canarias pasa en tres años del suspenso rotundo a estancarse en el aprobado raspado

En los tres años que el Comisionado de Transparencia de Canarias ha evaluado a las instituciones públicas de las islas, estas han pasado de una valoración media de 3,14 puntos a estancarse en el aprobado: un 5,47 en 2017 y un 5,36 en 2018, según el último informe publicado. Un retroceso que se achaca a la coincidencia de las elecciones con la elaboración del documento.

El texto explica que los equipos de las instituciones “estaban más centrados en rematar su gestión y en activar la precampaña electoral que en sostener y actualizar mejor las informaciones de los portales de transparencia como lo habían hecho en el año precedente, porque entendieron que lo primero podría influir más en los resultados electorales que rendir cuentas sobre lo que realmente se ha logrado, se ha gastado y se ha comprometido a hacer a través de planes y programas”.

Para que una institución sea transparente debe explicar de forma periódica lo que hace, cómo, para qué o cuándo, es decir, mostrar su actividad de manera clara y accesible. Para poder medirla, el comisionado valora atributos como el contenido de la información que se publica, el lugar, ya sea vía web u otros medios, la actualización o la facilidad de búsqueda. También se recaban datos a través de preguntas a la entidad, se tiene en cuenta si ha elaborado un informe de transparencia o si se ajusta a la normativa en este sentido.

Tras la aprobación de la Ley de Transparencia en 2014, el comisionado elaboró en 2015 lo que fue un ensayo, en el que solo colaboraron 37 administraciones; en 2016 fueron 96 (Gobierno, cabildos y ayuntamientos); en 2017, además de las 98 instituciones principales (añadiendo a las dos universidades) se evaluó por primera vez a las entidades vinculadas y se catalogó como incumplidoras a 136 al no presentar su declaración de transparencia. En 2018 el censo de organismos públicos es de 340 y se ha puntuado a 278, por lo que 62 no participaron en este proceso, principalmente del ámbito municipal.

Desde 2016 a 2017 se dio un paso importante hacia la transparencia en Canarias, con muchas de las instituciones y entidades elaborando su primer informe; pero el desarrollo hasta 2018 ha sido desigual, situándose en un nivel “aceptable”, según el comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, pero con un largo camino que recorrer para lograr unos niveles óptimos.

En 2018, 153 entes públicos han conseguido una puntuación superior al 5 (83 se situaron por encima del 7) mientras que 125 suspendieron en transparencia; 65 fueron evaluados por debajo de los 3 puntos y 11 obtuvieron menos de 1 punto.

Aumentos y descensos

El Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro es la institución que más ha aumentado en transparencia, pasando de un 2,11 en 2016 a un 6,73 en 2018; le siguen San Miguel de Abona y Vilaflor, ambos en Tenerife, y San Bartolomé (Lanzarote), con aumentos significativos de más de dos puntos.

Por el contrario, el consistorio de Santa Lucía de Tirajana empeora su evaluación en 3,12 puntos, pasando de 7,5 (cuando en 2016 era de 1,96) a 4,38 en 2018. También Arucas (del 9 a 6), San Bartolomé de Tirajana (del 6 al 4) y la Matanza de Acentejo (del 7 al 5) descienden más de dos puntos.

Pero las diferencias no son tan significativas como las existentes desde que se produjeron los primeros avances en materia de transparencia, es decir, de 2016 en adelante, como el Cabildo de El Hierro, que pasó de un 0,76 al 9,04 actual, La Gomera, de un 2,59 a un 6,87, o Lanzarote, de un 3,01 a un 6,83. En este periodo, por contra, los descenso han sido muy leves.

Transparentes y oscuras

Entre las instituciones más transparentes de Canarias destaca con un 9,92 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; le siguen Los Realejos y el Sauzal, por encima de los 9 puntos (las tres en Tenerife). Por el contrario, las peores valoraciones las obtienen los consistorios de Hermigua, en La Gomera, con un 1,56; La Guancha, en Tenerife, con la misma nota, y Puntallana, en La Palma, con un 1,84.

En el ámbito regional, es la administración pública autonómica la que tiene la puntuación más alta, con un 9.03 en 2018, mejorando la transparencia en comparación a ejercicios anteriores: 8.03 en 2017 y 7,69 en 2016. En el sector insular, la institución más transparente es el Cabildo de El Hierro (9.04) y el de Fuerteventura, el que obtiene una menor valoración (6,14). Y en los ayuntamientos, la media de cada isla establece que El Hierro tiene los consistorios más transparentes (7,47) y La Palma, los menos (3,41).

Reclamaciones y sanciones

En 2018, 123 de las 278 instituciones y entidades que han colaborado con el Comisionado han recibido solicitudes de acceso: un total de 2.107. “Esto evidencia la escasa demanda ciudadana; subsanable con mejores actividades de difusión sobre los nuevos derechos de acceso a la información”, subraya el informe.

El Comisionado recibió 355 reclamaciones de ciudadanos y entidades, 201 más que en 2017 y 264 más que en 2016. De todas ellas, fueron admitidas 257, desestimando el 5%, mientras que el año anterior fueron 121. El informe detalla que más del 90% de estos expedientes han sido motivados por el silencio administrativo de las entidades públicas ante la demanda de información, y en más de un 50% de los trámites de audiencia que se dan a las administraciones reclamadas, también se ofrece la callada por respuesta.

“Si no hay presión social sobre la transparencia, los políticos se ocupan de otras cosas”, sostiene Cerdán. Y es que la única posibilidad que tiene un reclamante de información que ha recibido la callada por respuesta de las entidades públicas es acudir al contencioso-administrativo, lo que dilata en el tiempo la satisfacción de sus derechos.

Además, es lo que más desprestigio provoca a la práctica de la transparencia en Canarias, según recoge el informe que, para evitar estas situaciones, recomienda a las entidades que elaboren un protocolo de actuación para regular las solicitudes de derecho de acceso.

Cerdán considera que debería existir la posibilidad de “imponer multas a aquellas administraciones que, teniendo incluso una resolución del comisionado que establece su obligación de entregar información al ciudadano, no se la da”.

El Comisionado incluye en su informe la necesidad de incentivar el conocimiento de los portales de transparencia, así como incrementar su accesibilidad y usabilidad, el desarrollo reglamentario de la normativa para definir las obligaciones de los partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales que perciban subvenciones.

Además, recomienda a las administraciones que refuercen en formación en este sentido, estructuren la información existente conforme a la normativa y la incorporen en el portal de transparencia, actualizando con frecuencia y haciéndola accesible.