El TS vuelve a permitir que se busque petróleo en Canarias
El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado de nuevo la validez del Real Decreto del Gobierno central que dio vía libre a las prospecciones petrolíferas en las costas de Lanzarote y Fuerteventura. El Alto Tribunal rechaza así el recurso de reposición interpuesto por el Ejecutivo autónomo y los cabildos de las dos islas en el que se pedía de nuevo la anulación de esta autorización. Para ello los recurrentes apelaban a que en la sentencia original emitida a principios del pasado mes de junio se anulaba parte del Decreto y más concretamente al incumplirse las medidas de protección medioambiental para las labores de investigación proyectadas de los años tercero a sexto del programa presentado por la empresa Repsol.
El Supremo considera que pese a dejar sin efecto parte del Real Decreto el resto sigue estando vigente. “La sentencia dejaba incólumes las demás determinaciones que por consiguiente consideramos válidas en si mismas, pues nunca fueron anuladas y no requeridas de convalidación ni subsanación alguna”. El TS rechaza así que tal y como pedía el Gobierno canario sea necesario volver a tramitar un nuevo procedimiento para autorizar los permisos de investigación. Además, el Supremo defiende que el ejecutivo, “se limita a la crítica de una observación marginal” respecto a las cuestiones anuladas que según se recoge en la sentencia revisten “poca relevancia” en cuanto sólo inciden sobre el plazo y el volumen de las inversiones proyectadas.
En el apartado de original del Real Decreto que fue anulado se fijaba una inversión mínima en un pozo de 3.500 metros durante el tercer año por importe de diez millones de euros y otro tanto en un segundo pozo de idéntica profundidad durante los ejercicios cuarto, quinto y sexto. Sin embargo, ahora la nueva disposición obliga a que desde el tercer al sexto año se perforarán al menos dos pozos exploratorios de 3.500 metros de longitud aproximada pero además se realizarán estudios geológicos y geofísicos todo ello con una inversión mínima de veinte millones de euros. El nuevo fracaso del Gobierno canario a la hora de paralizar las prospecciones petrolíferas se salda con la imposición de unas costas judiciales que suman cuatro mil euros.
