“En urbanismo no puede haber impunidad, si no se derriba debe haber medidas alternativas”
José Suay está ligado al Derecho administrativo. Fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y abandonó ese cargo para ocupar una plaza de catedrático en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También formó parte del Consejo Consultivo de Canarias, y hace tres años pasó a ser miembro de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Ha participado en las recientes sentencias sobre el famoso hotel El Algarrobico o el Plan General de Marbella.
¿Ha mejorado la disciplina urbanística en Canarias en los últimos años?
No sé hacer un diagnóstico general. Hay más control sobre el territorio y es más difícil realizar obras clandestinas. Las actuaciones que se realizan, las importantes, están amparadas con títulos, otra cosa es si esa cobertura se ajusta al ordenamiento, pero esa indisciplina más antigua que hacían obras sin título tiende a desaparecer.
Ahora hay que ser más sofisticado.
Sí. La cuestión está en que tienes un título, licencia o plan, y esa actuación es legal hasta que deja de existir. Cuando eso llega, lo hace tarde porque ya está construido. No se hace un uso suficientemente eficiente de las medidas cautelares. Además, deberían ir acompañadas de que la resolución del litigio tampoco se alargara. Lo malo es adoptar una medida cautelar y que la sentencia llegue cuatro años después. Deben ir acompañadas de agilizar los procesos. Esto puede resolver muchos problemas que se plantean después en la ejecución de la sentencia y que afectan a terceros.
¿Y para que los tribunales sean más ágiles sólo hace falta más personal?
Y tener una actitud más activa en las medidas cautelares, y la agilización del propio proceso. Ahora en Gran Canaria, en la urbanización de un barranco se ha adoptado una medida cautelar. Si eso va acompañado de un pleito rápido, la situación es más sostenible.
Hay otro problema: las sentencias no se ejecutan. Por ejemplo, la Biblioteca del Estado en Las Palmas se pretende salvar declarándola de interés público.
En la Biblioteca puse un voto particular y me opuse al criterio de la mayoría, que era favorable al derribo. Comparto que hay muchas situaciones en que los problemas de ejecución no tienen justificación, pero la Biblioteca es de titularidad pública y está destinada a uso público al servicio de la educación y la cultura. En Francia no se puede destruir una obra pública. Esto no significa que valga todo y no puede haber impunidad. La ley, en parte, habilita que cabe buscar fórmulas alternativas para ejecutar la sentencia. El efecto gravoso de la sentencia debe hacerse sentir.
Puede leer la entrevista completa en Diario de Lanzarote.
