Vivienda expedientó a su jefe por incompatibilidad
El jefe de servicio de Promoción Pública de Vivienda del Gobierno de Canarias, Juan Francisco Troya, ha matizado que el expediente que le ha abierto la Consejería está relacionado con una declaración de incompatibilidad para el ejercicio de su actividad privada a través de la empresa Gartropa, en la que figura como apoderado, y no con su imputación por un presunto delito de prevaricación en una causa pendiente de resolución en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria.
La investigación del Gobierno de Canarias se inició a raíz de una notificación de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad que confirmaba que Troya, como cargo público, no tenía concedida la compatibilidad para ejercer en el ámbito privado a través de Gartropa, una mercantil que tiene como objeto social la prestación de servicios de asesoramiento, informes, análisis y elaboración de proyectos sobre Urbanismo y Arquitectura y trabajos topográficos.
El funcionario sostiene que solicitó la compatibilidad en el año 1998 y que, en la resolución del Ejecutivo regional, le comunicaron que no era necesaria porque la empresa gestionaba patrimonio personal. Además, ha negado que Gartropa tase viviendas y ha asegurado que la actividad principal de la empresa es la deportiva ?gestiona canchas de pádel y una escuela infantil en La Galera-, a pesar del objeto social que figura en su informe mercantil.
El jefe de servicio de Promoción Pública asegura sentirse “con la conciencia muy tranquila” tanto con respecto al expediente abierto en la administración como con su imputación judicial. “Ese tema está en manos de la juez y hay que esperar que la justicia se pronuncie”, asevera.
Un ciudadano de la capital grancanario acusó a Troya en el año 2009 de interceder a favor de una particular en una investigación del Ayuntamiento sobre un conflicto familiar sobre las escrituras de una vivienda de titularidad municipal.
“Difícilmente se puede prevaricar en un sitio donde no se trabaja”, señala Troya, que no niega el contacto que mantuvo con las trabajadoras sociales que denunciaron que les presionó, pero que defiende que solo intervino “para poner en contacto a las partes y contribuir a resolver un problema”. “No tengo ningún puesto en el Ayuntamiento, no puedo conseguir una vivienda municipal para nadie”, sentencia.
