Aguas de discordia para la concordia
Hace algunas semanas, con motivo del juicio por la catástrofe ecológica que tuvo lugar en Galicia en noviembre de 2002 como consecuencia del naufragio del petrolero Prestige, varios medios de nuestras Islas recogieron con cierto alarde la noticia: antes de que se hundiera, el Gobierno de España barajó enviar el barco, que ya se encontraba averiado, al sur de Canarias.
En realidad, no se estaba desvelando secreto alguno, pues el diario El País ya había revelado ese dato poco después del siniestro, en su edición de papel del 10 de enero de 2003, al acceder a las actas de la empresa privada Smit Tak, de las que se contrataron para rescatar el buque. Y ya hace una década que se supo, porque en dichas actas quedó registrado, que el ministerio de Fomento que dirigía entonces Álvarez Cascos consideró esa posibilidad de llevarlo “al sur” de las Islas para llevar a cabo un trasvase del fuel a otro barco. Y es que dentro del caos con el que parece que se gestionó hace ya más de una década aquella crisis, la operación tenía cierta lógica, ya que, tras aquella orden atribuida al ministro de Fomento -y que, durante el reciente juicio por el siniestro él ha negado con contundencia- de que “enviaran al buque al quinto pino” y en dirección norte- posteriormente se pensó en que bordeara las costas portuguesas y se dirigiera a Cabo Verde, ya que el Gobierno de dicho estado archipielágico se había ofrecido a acogerlo.
--“¿Podría usted decirnos a qué lugar del sur de Canarias se pensó llevar al Prestige?”--preguntó un periodista aquel mismo viernes en el que El País realizó dicha revelación, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al entonces portavoz de aquel Gobierno del PP. Ejercía como tal un señor que luego ha alcanzado más fama pero que ya en aquella época era bastante conocido y que se llamaba y sigue llamando Mariano Rajoy.
--“”Bueno...ya shabe ushted que hay aguash que eshtán al shur de Canariash y otrash que eshtán aún másh al sur“”- replicó Rajoy haciendo gala de retranca galaica ante la concurrencia frente a la pregunta de aquel plumífero que en alguna ocasión previa ya le había hecho perder un poco el temple por sus preguntas sobre distintos aspectos de las relaciones entre España y Marruecos y sus implicaciones para Canarias.
Y es que -atención al dato- al hoy presidente del Gobierno le traicionarían aquella mañana también algo los nervios, el subconsciente o “vaya ushté a shaber qué” porque a continuación de tan hierática y secante respuesta los micrófonos recogieron unas breves palabras suyas pronunciadas en voz baja: “”Uff qué calor hace...“” Era 9 de enero...pleno invierno en Madrid y por lo que recuerdan los que en el lugar estaban no es que en la sala de prensa de La Moncloa el sistema de calefacción estuviese elevado a una gran potencia. ¿Se trataría de una broma en clave privada dirigida a vaya usted a saber quién que le estuviera escuchando? ¿O sería que el hoy presidente efectivamente sintió inesperado calor ante una pregunta que le hizo percibir subjetivamente que subía la temperatura de la sala?
El Gobierno de Aznar barajó trasladar en 2002 el Prestige al sur de Canarias pero eso habría podido deteriorar aún más las relaciones con Marruecos
Motivos para una u otra cosa probablemente no le faltaban. Y es que, por perogrullesca que pareciera la respuesta de Rajoy, no dejaba de encerrar una gran verdad: que hay aguas que se encuentran “al shur de Canariash y otras que she encuentran aún másh al sur”. que lo que ha venido sucediendo en ellas desde hace lustros, ha sido y seguirá siendo por mucho tiempo objeto de controversia. Por no hablar de lo que ocurre en el continente más allá de ellas al llegar a la orilla, en donde, según el Derecho Internacional, Marruecos ocupa irregularmente la mayor parte de un territorio, el Sáhara Occidental, en el que carece de soberanía.
Y es por ello que, como se ve en algunas de las ilustraciones que acompañan este reportaje, entre las zonas de salvamento marítimo asignadas a España por la Organización Marítima Internacional (OMI) han venido figurando siempre, y así lo han seguido recogiendo las propias páginas web del ministerio de Fomento, las aguas que corresponderían al Sáhara Occidental como zona de responsabilidad española a cargo de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR). No podía ser de otra manera, ya que según la ONU, de la que la OMI depende, España sigue siendo formalmente y de iure la Potencia Administradora del territorio. Aunque se trate de papeles mojados -y nunca mejor dicho- y no ejerza dichas funciones ni en las aguas, ni mucho menos en tierra y aquello esté administrado de facto por Marruecos. Y lo que sucedió aquella mañana invernal es que, en aquel instante, en que Rajoy sintió calor o quiso soltar una coña privada dirigida a vaya usted a saber qué destinatarios, las relaciones de España con Marruecos no pasaban por el mejor momento de su historia, aunque estaban en trance de recuperarse, pues sólo hacía unos seis meses del incidente de Perejil y ni siquiera habían vuelto aún a sus puestos en Rabat y en Madrid los embajadores llamados a consultas.
Y dos meses antes, cuando el 19 de noviembre el Prestige hundió, el trato entre ambas administraciones era aún más caliente. Por mucho que el portavoz de CC en el Congreso, José Carlos Mauricio, que siempre se llevó muy bien con Rajoy, y no así con José María Aznar, fuera por ahí tratando de mejorarlas por su cuenta y riesgo -había sido el único parlamentario español que el verano anterior había asistido a la celebración de la Fiesta del Trono en la embajada en Madrid-- diciendo que a España le interesaba llevarse bien con Marruecos y que la posición española sobre el Sáhara era algo negociable.
Y aunque es dudoso que, por lo deteriorado que estaba el petrolero, el Prestige hubiera llegado a estos pagos macaronésicos, imaginemos qué es lo que hubiera pasado si la marea negra que asoló la Costa da Morte se hubiera instalado “en aguash al shur o másh aún al shur de Canariash” cuya titularidad sigue en disputa, afectando a Marruecos o al Sáhara y convirtiéndose en un problema añadido para unas relaciones hispano-marroquíes que estaban ya bastante maltrechas. Se hubiera podido montar un lío monumental, pero nada de aquello pasó y el Prestige hundió donde se hundió. Y en eso, ante la pregunta del periodista, evocando semanas después aquella posibilidad, a Rajoy le entró calor.
Implicaciones migratorias
Pero más allá de la cuestión ecológica y medioambiental, reverdecida ahora por el interés de unos y otros en buscar petróleo en las dichas aguas de la discordia, en “lash que eshtan al shur y menosh al sur”, el hecho de que las aguas saharauis sigan estando, siquiera formalmente, bajo responsabilidad española en materia de salvamento marítimo, siempre tuvo y sigue teniendo implicaciones mucho más dramáticas y serias y respecto de las que no deja de llamar la atención que pocos hayan querido poner nunca el dedo en la llaga: en primer y dramático lugar las consecuencias que de dicha anomalía se derivan en relación con la inmigración irregular que trata de alcanzar nuestras Islas atravesando las dichas aguas.
La OMI ha seguido atribuyendo a España la responsabilidad del salvamento en aguas del Sáhara
Es de recordar que cuando al final del Gobierno de Aznar aparentemente se restableció la confianza entre los dos estados se crearon mecanismos de colaboración como las llamadas patrullas terrestres conjuntas, invento cuyos frutos nunca fueron bien conocidos, al igual que después sucedió en tiempos de Zapatero con los oficiales de enlace, bien todo parece indicar que no debieron redundar en beneficio de los Derechos Humanos de los subsaharianos sino más bien todo lo contrario.Y, por supuesto, a nadie en España se le ocurrió nunca cuestionar, sobre la base de tales operaciones, y a pesar de lo que dijeran los mapas de la OMI y de Salvamento Marítimo, que Marruecos es quien administra la excolonia y sus aguas adyacentes. ''Vamos allí partiendo de la base de que Marruecos es quien administra aquello, aunque la soberanía siga estando en disputa en diferentes instancias internacionales'', manifestaba por aquel entonces a este periodista en los pasillos del Congreso Gonzalo Robles, entonces secretario de Estado de Inmigración del Gobierno de Aznar y hoy secretario general de Cooperación Internacional del de Rajoy.
Y ni el Gobierno de Aznar ni Zapatero detuvieron nunca aquel drama. Según señala en su libro Los Invisibles de Kolda (Editorial Península, 2009) el periodista Pepe Naranjo, se calcula que en los diez años posteriores al naufragio en 1999 cerca de Canarias de la primera patera, unos 2.600 inmigrantes de origen magrebí o subsahariano perdieron la vida en el brazo de mar que hay entre África y las Islas. La puesta en marcha del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) por parte de la Guardia Civil nunca ha frenado el fúnebre goteo de muertes en el mar y recientemente incluso se han producido hechos tan penosos como el choque en diciembre frente a Lanzarote de una patrullera de la Guardia Civil con una patera, falleciendo o dándose por desaparecidos 6 de sus 25 integrantes.
Y es que el fenómeno nunca ha cesado aunque la crisis económica lo mitigase en estos últimos tiempos. Y cuando al empezar a colaborar Marruecos en la salida de pateras, bien que siempre de modo intermitente y abriendo y cerrando el grifo a conveniencia, se pasó, ya con Zapatero en el poder, a la fase de los cayucos que salían, primero de Mauritania, y luego del Golfo de Guinea, los trayectos se convirtieron en aún más arriesgados y peligrosos. Y aunque se trató de dar una respuesta no solo española sino a escala europea que trataba de evitar las salidas en origen creándose una entidad denominada Frontex, el desafío se atendió tarde y mal. Según informaba la agencia Efe en septiembre de 2007, el propio Frontex tuvo que admitir entonces que desde enero de 2006 unas 1.300 personas habían fallecido en sus infructuosos intentos de llegar por mar a Canarias. Pero es que distintos informes de organizaciones supranacionales ampliaban notablemente las cifras y llegaron a hablar de miles y miles de anónimos muertos en el mar, y de al menos unos 7.000 en el período de tiempo citado ¿Qué cuota de responsabilidad en esta tragedia correspondió a España y cuántas muertes podrían haberse evitado si se hubieran hecho efectivas las responsabilidades de España en la totalidad de la zona asignada por la OMI y no solo en una parte?
Ni el SIVE ni Frontex evitaron la muerte en el mar de miles de inmigrantes en su viaje de África a Canarias
¿Se evitó molestar a Marruecos en esas aguas “que she encuentran aun másh al shur de Canariash” y que siguen estando bajo la teórica responsabilidad de España o existió colaboración con sus autoridades? Aunque no se atrevió nunca a mencionar la palabra tabú -Sáhara- Paulino Rivero solicitó en más de una ocasión al Gobierno de Zapatero que se hiciera efectiva tal responsabilidad en su totalidad. Porque tratándose de vidas humanas no hay papeles que valgan, si bien es cierto que, para más abundamiento éstos dicen lo que dicen. Y aunque haya quien se empeñe en que ciertas responsabilidades jurídicas de España son una ficción, la asignación por parte de la OMI está ahí, se deriva de una situación que sigue sin estar resuelta por lo mal que se pretendió descolonizar el Sáhara -sin dar voz a los saharauis- y eso no es ninguna ficción.
Acuerdo pesquero
El otro ámbito en el que la anómala situación del Sáhara tiene una clara incidencia en estas aguas de la discordia que nos rodean es el de la Pesca, y acabamos de constatarlo con el acuerdo que firmó hace unas semanas la UE con Marruecos en Rabat. Conviene tener en cuenta que aún debe ser ratificado por un Parlamento Europeo que tumbó en 2011 la prórroga del anterior, no solo por considerar excesivo su costo sino por la mencionada cuestión saharaui. Y es que, aunque en anteriores acuerdos no había habido apenas problemas, al margen de las habituales protestas del Frente Polisario, el dictamen que en enero de 2002 emitió el secretario general adjunto de la ONU, Hans Corell, sobre el aprovechamiento de los recursos naturales del territorio -a propósito, por cierto, de prospecciones petrolíferas autorizadas por Marruecos a compañías norteamericanas y francesas- supuso un punto de inflexión en la materia.
En primer lugar porque, por si no estaba suficientemente claro, el dictamen es rotundo al recordar que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de ser descolonizado. Y también al señalar que aunque Marruecos administre el territorio de facto no tiene formalmente la condición de Potencia Administradora, ya que España no hubiera podido, ni siquiera queriendo, como sucedió con los Acuerdos de Madrid de 1975, transmitírsela, pues eso iría contra los principios de la ONU.
De otra parte, porque en el dictamen de este diplomático sueco también se indica que la explotación de los recursos naturales de dicho territorio, o de cualquier otro territorio que la ONU considere que sigue pendiente de descolonizar, debe realizarse “en beneficio de los pueblos” de dichos territorios y “en su nombre o en consulta con sus representantes”, lo que no parece que suceda en unos acuerdos de Pesca en los que ni siquiera se considere que el Sáhara Occidental sigue siendo para la ONU, al menos de momento, algo distinto de Marruecos.
Esto es así por mucho que gentes como el bueno de Gabriel Mato o el ministro Arias Cañete se pongan de perfil -o hayan estado empeñados en que la comisaria Diamanaki hiciera también lo propio, cosa que parece que han conseguido- y los servicios jurídicos del Parlamento Europeo no tuvieron más remedio que atender estos argumentos cuando se les pidió su opinión sobre la prórroga del último acuerdo y recomendar que no se llevara a cabo. Del mismo modo que cuando se tramitó el anterior, en 2007, la Cámara no tuvo más remedio que invitar al Frente Polisario a participar en varias de las sesiones de la Comisión de Pesca.
En ese mismo contexto, y si bien las negociaciones que bajo el patrocinio de la ONU han venido sosteniendo en Nueva York Marruecos y el Frente Polisario se encuentran de momento suspendidas, otra de las consecuencias que en el pasado tuvo el Informe Corell fue la de que la cuestión de los recursos naturales ha estado en varias reuniones en la agenda oficial. No obstante, siempre ha habido el mayor secreto respecto a si el tema en algún momento fue tratado.
Y no es que con todo esto que uno está exponiendo quiera decir que no se pueden establecer acuerdos desde Canarias que impliquen al Sáhara Occidental. Lo único que uno sí dice es que si esos acuerdos se establecen con Marruecos y en ningún momento se hace mención o reserva expresa de que el citado territorio es algo distinto, se está incumpliendo con el Derecho Internacional. La controversia incluso se ha trasladado alguna vez también a los propios puertos saharauis de El Aaiun o Dajla, en donde, tal como informaba el diario marroquí Lakome a finales de mayo pasado, grupos de pescadores saharauis llevaron a cabo distintos actos de protesta por la discriminación laboral que entienden que sufren en relación con los marroquíes.
El fetiche de las aguas territoriales
Dentro de todo este marco de aguas de discordia, codicia e indignidad y muerte en el mar que ojalá que algún día puedan ser de modo definitivo de concordia, prosperidad y justicia para todos, las propuestas que periódicamente realiza Coalición Canaria para delimitar las aguas territoriales del Archipiélago constituyen capítulo aparte. En la última etapa del Gobierno de Zapatero condujeron a la aprobación de una Ley de Aguas Canarias en la que, a decir verdad, fue más el ruido que las nueces. Primero, porque ahora debería ser desarrollada por un PP que dijo que no tenía valor jurídico alguno, y que votó en contra del te
xto. Después, porque los propios nacionalistas admitieron que de nada serviría la ley, en lo relativo a la adopción de competencias por el Gobierno autonómico si no se modifican leyes como la de hidrocarburos.
Es curioso el carácter fetiche con que el nacionalismo canario se ha venido agarrando periódicamente en estos años a estas propuesta en la que, unas veces ha alcanzado acuerdos con el PP y otras con el PSOE, pero nunca con ambos a la vez. Así sucedió durante la primera legislatura de Zapatero, con ocasión de la frustrada reforma del Estatuto de Autonomía en el que CC y PP, representados por Ana Oramas y Federico Trillo respectivamente, alcanzaron un pacto sobre las aguas archipielágicas que fue imposible trasladar al PSOE. Desde las primeras reuniones de la Ponencia se vio que iba a ser casi imposible alcanzar un pacto a tres bandas y, aparte del problema de siempre de si el sistema electoral se incluía allí o no, la definición de los espacios marítimos también fue un importante obstáculo. “Hemos naufragado claramente en las aguas”, reconocía informalmente en aquellos días el negociador socialista, Ramón Jáuregui, en los pasillos del Congreso tras salir de una de aquellas reuniones que tuvieron lugar en 2007. ¿Por qué?
La ONU dictaminó en 2002 que la explotación de los recursos del Sáhara Occidental y de sus aguas debe beneficiar a sus habitantes
Pues bien, se aduce siempre, y no sin razón, que definir dichos espacios choca con la letra de la Convención de Derecho del Mar, que en materias como las aguas interiores establece que no son factibles más que en los Estados- Archipiélago pero no en los Archipiélagos de Estado, aunque hay países como Portugal han hecho caso omiso de esa disposición y sí las han definido.
Muchos más problemas encuentra, sin embargo, la definición de una Zona Económica Exclusiva de 200 millas, más que nada porque para ello hay que establecer previamente la mediana con el Reino Alauita y con el propio Sáhara Occidental. Es decir, y para entendernos, con “aquellash aguash que eshtan al sur”, primero, y con “aquellash que eshtan aún mash al sur” después. Y negociar con Marruecos estas últimas no sólo equivaldría a contravenir el Derecho Internacional, que de ganas y falta de escrúpulos más de uno va sobrado, sino que probablemente sea una contravención que ni siquiera sea posible llevar a cabo porque los organismos internacionales nunca la autorizarían. Por eso, tanto en la última época de Aznar, cuando se creía que se había alcanzado la paz con Marruecos, como en la de Zapatero, cuando se reunió varias veces el llamado Grupo Hispano- Marroquí para la delimitación de espacios marítimos, a lo más que se pudo llegar fue a un conjunto de buenas intenciones -lo que no es poco para lo complejo del tema que tratamos- en asuntos como hidrocarburos o salvamento marítimo y a que, todo lo más, se podría fijar una mediana provisional y delimitar responsabilidades.
Y, en definitiva, como ya ha dicho varias veces el actual embajador en Rabat Alberto Navarro, a propósito del petróleo ¿qué necesidad hay de fijar mediana alguna si tampoco las hay en el Mediterráneo? ¿Y no han estado negociándose acuerdos pesqueros sin mediana hasta la fecha? A fin de cuentas, el presidente Rodríguez Zapatero, con quien Navarro ya fue embajador, ya dijo en 2005, en respuesta a una pregunta del senador de CC Pepe Mendoza, que en las conversaciones marítimas con Marruecos nunca existió el propósito de “establecer una frontera, sino un espacio de cooperación” en el que los agentes económicos puedan encontrar “seguridad jurídica”. Ojalá que, sin el menoscabo de los derechos de nadie, las dichas aguas de discordia y muerte puedan ser algún día aguas de concordia y colaboración.
