El Atlante se despierta
La batalla ciudadana por preservar el Teatro Atlante de La Orotava supone uno de los principales logros y ejemplos de lo eficaz que puede resultar el movimiento popular en la defensa del Patrimonio Histórico. El edificio de estilo racionalista construido en 1930 sufrió los efectos causados por el derribo de las cubiertas de otro inmueble edificado en el siglo XIX. La lucha vecinal se manifestó en varios frentes a la vez: hubo una acampada de 20 días en los alrededores del teatro y se presentaron varios recursos contenciosos-administrativos, que este movimiento ganó en su totalidad. Pero además se inició un procedimiento penal que después de varios años de letargo ha sido retomado por los tribunales.
Y es que tres técnicos municipales han sido llamados a declarar el próximo mes de enero como imputados por un presunto delito contra el Patrimonio Histórico. No son los únicos. En esta misma situación procesal se encuentra el exalcalde Isaac Valencia, y el exconcejal de Urbanismo Juan Déniz, ambos de Coalición Canaria (CC), quienes comparecieron ante el juez en 2009. Otro tanto ocurre con cuatro técnicos municipales, incluido el secretario del Ayuntamiento. Sobre todos y cada uno de ellos planea la sospecha de haber permitido por activa o por pasiva la demolición de este inmueble histórico de importante valor patrimonial y sentimental. En la actualidad el inmueble se encuentra semiderruido, en estado de absoluto abandono y ruinas, pese a que junto con las casas que lo rodeaban conformaba un conjunto que debería haber sido protegido. Pero no se hizo así.
No era la primera vez que los vecinos de La Orotava luchaban por defender su importante patrimonio histórico. A principios de la década pasada consiguieron anular los planes para que se construyera la conocida como Vía Diagonal que de haberse llevado a cabo hubiese dejado aislada la conocida como Villa Arriba. El movimiento ciudadano logró reunir 7.000 firmas, anular este desmesurado proyecto y además que se iniciaran los trámites para que el casco de La Orotava fuese declarado Bien de Interés Cultural (BIC), como efectivamente se logró. Para comprobar la importancia de este paso, habría que señalar que en la actualidad se está tramitando la declaración como Patrimonio de la Humanidad, precisamente por el buen estado del conjunto. En esta conservación tendrá mucho que ver el cuidado que los vecinos han demostrado hacia su núcleo histórico.
Una larga lucha desde 2002
La cronología del derribo y posterior paso por los tribunales del teatro Atlante tal vez tuvo su comienzo en febrero de 2002, momento en el que la formación política Independientes por la Orotava (IPO) presenta una moción al pleno solicitando protección para el inmueble y un estudio de las medidas económicas pertinentes para proceder a su compra. El grupo de gobierno estuvo a favor y pidió al equipo redactor del Plan General de Ordenación (PGO) que informara sobre la posibilidad y la conveniencia de catalogar al inmueble como BIC.
Sin embargo, apenas un año más tarde y dos días después de las elecciones municipales, se concedió la licencia de demolición del inmueble sin mayores contemplaciones; el entonces concejal de Urbanismo en funciones fue quien estampó su firma en el documento. Al mes siguiente, en junio de 2003, se inició el derribo sin dar cuenta a la Unidad de Patrimonio del Cabildo. La oposición presentó las correspondientes denuncias ante la institución insular y pidió la paralización de las obras. Pero de poco sirvió porque a mitad de ese mes se procedió a la demolición de la fachada del teatro.
Cuando la nueva corporación asumió las riendas del municipio se le entregaron más de 400 firmas pidiendo la paralización de los trabajos y la declaración BIC del inmueble. Poco después las obras fueron suspendidas cautelarmente y se inició un expediente sancionador contra la empresa responsable por no hacer caso a la orden. No fue mucho después cuando el Ayuntamiento concede licencias de derribo de tres casas de la calle Nicandro González. El Cabildo, en lugar de ponerse del lado de quienes querían conservar el Teatro, acordó levantar la suspensión cautelar, al argumentar que el derribo era necesario para poder ejecutar el nuevo proyecto de edificación. Justo ese mismo día, el 13 de agosto, el Ayuntamiento solicitó que se paralizara la declaración BIC del casco histórico que por aquellas fechas se estaba tramitando.
A partir de entonces la corporación local emprende un rumbo que desde luego no tiene como norte la conservación del edificio, sino más bien todo lo contrario. A finales de agosto la entidad Pejomar obtuvo el permiso de edificación y el alcalde informó a los vecinos de la calle Nicandro González de la inminente demolición de las casas con los números, 26, 28, 30 y 32 y en Juan Padrón, 21 y 19. Un año más tarde, ya en 2004, el Ayuntamiento solicita al Cabildo informe favorable para llevar a cabo el derribo, cuando ya se había ejecutado la mitad de los trabajos.
En septiembre el alcalde amenaza con dejar Coalición Canaria si no se le da vía libre a sus planes para que desaparezca este conjunto de edificaciones. Algo debió conseguir porque tras una reunión con el entonces presidente del Gobierno canario, Adán Martín, y con el del Cabildo, Ricardo Melchior, anuncia que se han desbloqueado las licencias “porque se va a realizar un regate a la ley”. A partir de entonces la Coordinadora El Rincón, que ha conseguido hitos importantes como la anulación de la compraventa de la playa de Las Teresitas en 2007 y la conservación del espacio que lleva el nombre del colectivo en La Orotava, presenta una denuncia en el Juzgado al sospechar que se ha cometido un delito.
En el mes de marzo de 2005 se publica en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) un decreto por el que se delimita el entorno de protección del BIC con categoría de Conjunto Histórico Villa de La Orotava, en el que aparece el teatro como “desaparecido”. Poco después la Consejería Insular de Cultura autoriza el proyecto de ejecución de la edificación y el Ayuntamiento señaliza las calles, como labores previas al derribo.
Es entonces cuando comienza la batalla vecinal. El 9 de marzo los residentes hacen presencia en las calles desde primera hora exigiendo que se les informe de lo que está ocurriendo. Pero lo cierto es que un día después una amenazante pala excavadora aparca en las inmediaciones. Los vecinos anuncian movilizaciones ante la falta de información que existe y además comprueban que la licencia de derribo se refiere a otro inmueble por lo que solicitan la paralización cautelar.
El Juzgado decreta la retirada de la pala-excavadora, lo que sin embargo, el Ayuntamiento interpreta como una autorización para que entre en el solar anexo al teatro. Finalmente, se determina la suspensión cautelar y la oposición pide un pleno extraordinario y que el alcalde ofrezca su versión de lo ocurrido. En realidad Valencia acabará informando pero sólo a los vecinos afectados. La Comisión Insular de Patrimonio vuelve a analizar el expediente y ahora determina que el teatro y la casa 26 de Nicandro González tienen importantes valores patrimoniales. El senador socialista José Vicente González entregó un informe a la entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo, sobre lo ocurrido. Como respuesta desde el Gobierno central se reclama determinada documentación al Ayuntamiento.
El seis de julio fue el día elegido para constituir el Movimiento Atlante que llega a reunir 5.000 firmas a favor de la restauración del teatro. Durante todo este tiempo se siguió haciendo llegar al Ministerio los informes que se creían necesarios. El Cabildo impone una sanción de 30.000 euros a la empresa responsable de los trabajos, al demostrarse que la cubierta de una de las casas fue derribada después de notificarse la suspensión cautelar. En este tiempo la lucha vecinal va tomando cada vez más forma y fuerza y recurren, por ejemplo, al Defensor del Pueblo ante el poco interés que demuestra el Ayuntamiento por atender a sus reivindicaciones. Pero lo cierto es que esta entidad tampoco avanza demasiado y se da de frente con el mismo silencio administrativo.
Por aquel entonces el Cabildo decide aumentar la sanción hasta los 150.000 euros y la Audiencia Provincial emite varios autos que apoyan las tesis del Movimiento Atlante y mantiene la paralización de las obras.
Tal vez por ello, a mitad de 2006, el Ayuntamiento comienza a ceder a las presiones vecinales e inicia una mesa negociadora en la que está presente también el promotor. Desde la corporación local se asegura que el Cabildo y el Gobierno canario están dispuestos a contemplar en los presupuestos de 2007 las cantidades correspondientes para la compra del inmueble. Pese a que en un principio parecía que las negociaciones iban a llegar a buen puerto y que la empresa estaba dispuesta a vender el solar, lo cierto es que finalmente no se llegó nunca a ningún acuerdo. Era el mes de octubre de 2006.
Ciudadanía activa
El arquitecto y urbanista David Reyes, uno de los miembros del Foro - Plataforma que ha jugado un papel fundamental en esta lucha ciudadana - subraya “lo enriquecedor que para nosotros ha sido convertirnos en ciudadanos activos, descubriendo y compartiendo información y experiencias”. También se consiguió percibir la importancia que tiene el debate como paso idóneo para confrontar ideas y soluciones. “Aprendimos que la aportación ciudadana puede ser mucho mas interesante que limitarse a presentar alegaciones y sugerencias y la relevancia de mantener viva la cultura heredada, haciéndola compatible con la que en estos momentos se está generando”.
En definitiva, los responsables de este movimiento ciudadano, que incluso ha sido objeto de estudio en cursos y seminarios, estiman que “hemos adquirido un nuevo concepto de patrimonio, capaz de adaptarse a las condiciones de habitabilidad y modernidad que el ciudadano necesita”. El movimiento tuvo su origen real en el rechazo de estos vecinos a aceptar el papel que las instituciones les otorgaron y que se limitaba a darles información y a que sólo se les permitiera presentar quejas a título individual.
“Queríamos que a los ciudadanos no sólo se les dejara llevar a cabo una declaración de intenciones y servir como un simple adorno”, dice Reyes. Por el contrario, el Movimiento Atlante se propuso acortar la distancia existente entre los dirigentes políticos y los ciudadanos. Este activista entiende que el acercamiento entre ambos es “necesario, porque es la única –o quizás la mejor– forma de canalizar las aspiraciones de los vecinos sobre el futuro del Conjunto Histórico”.
