La cuesta de septiembre: al cole sin recursos

Los dos hijos mayores de Brenda y Alí podrán llevar este curso sus libros y material a clase gracias a la ayuda de Cruz Roja. Ninguno de los dos tiene trabajo, ella con 27 años lleva cinco sin trabajar y él, camarero de profesión, solo encuentra empleos temporales y de manera esporádica. Además, hace dos meses se sumó un nuevo miembro a la familia con el nacimiento de su último hijo.

Esta familia vive en una casa de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, de una sola habitación, donde duermen los tres niños, y por la que pagan un alquiler de 275 euros. Cobran únicamente una ayuda de emergencia cada seis meses, por lo que Brenda reconoce que “tiran para adelante” gracias a Cruz Roja, que les ha proporcionado pañales y leche para el bebé y ayudas para pagar la factura del agua y la luz. En este hogar, Brenda reitera, no entra nada.

Ante esta situación, esta madre recibe con inquietud la llegada del mes de septiembre, que supone la vuelta al cole para sus hijos mayores, el niño de ocho y la niña seis años. Este curso, el uniforme lo han rescatado del anterior y las zapatillas se las ha regalado un amigo. Además, al igual que el año pasado, los dos llevarán el material y los libros facilitados por la ONG a través del programa Mochilas llenas. Esta iniciativa, con un presupuesto de 100.000 euros,  entregará material escolar a más de 4.500 niños de Canarias, una comunidad donde el 39% de los menores está en riesgo de pobreza, según Unicef.

Mochilas llenas, que se puso en marcha el año anterior y atendió a 3.200 menores de las islas, tiene el objetivo, según la organización, de igualar las condiciones de acceso a la educación y las oportunidades para el desarrollo de los niños a nivel académico.

Algunos profesores no aceptan el material ofrecido por la ONG

Brenda resalta el problema que ha tenido su hija por no llevar a clase los materiales de la marca que indican los profesores y sí los facilitados por Cruz Roja. La organización entrega a cada familia un paquete estándar con bolígrafos, lápices, gomas o libretas. Ella tiene claro que no puede comprar determinadas marcas y que, por ello, su hija lleva al colegio lo que tiene. En su centro los padres deben pagar 40 euros  para que la institución compre el material o los propios progenitores deben adquirir exactamente lo que se detalla en el listado.

Asegura que el curso pasado, la pequeña no pudo hacer determinadas actividades porque no tenía el material de la marca requerida por el centro. “Le decían que no podría hacer algunas cosas porque su madre no le había comprado el material”. También Brenda recuerda que, en un principio, su hija no podía hacer la orla de segundo de infantil porque no había pagado la cuota de material de 40 euros y tampoco podía desembolsar los 20 euros que costaba la celebración; pero después de poner en conocimiento a los profesores y al tutor, una vez más, la situación de la familia, la pequeña se orló con sus compañeros.

“Mi hija viene a casa preguntando  por qué no le puedo comprar el material”, asegura Brenda, quien reconoce que, a pesar de que tanto ella como su marido, intentan preservar la delicada situación en la que se encuentran, hay veces que los niños captan la angustia de sus padres. Cuando hay problemas a la hora de pagar el alquiler, su hija le pregunta si ha pagado a la dueña y le pide que vaya al cajero. “Ojalá pudiera ir al cajero”, se lamenta esta madre.

El mayor, según relata, es menos expresivo que su hermana con la situación familiar. Tiene hiperactividad y déficit de atención y hasta el año pasado estaba acudiendo al Colegio de Orientación Familiar (COF) con una psicóloga, aunque la terapia se ha paralizado unos meses a la espera de que su colegio elabore un nuevo informe, que después deberá pasar por un médico. Esto también inquieta a Brenda, que su hijo no haya tenido una continuidad en el tratamiento.

La situación en la que se encuentra esta familia es compleja, no cuenta con el respaldo de nadie, puesto que sus hermanas y su madre también subsisten gracias a la ayuda de Cruz Roja, y los familiares de su marido se encuentran en El Aaiún (Sáhara).  

Desconfianza hacia las administraciones públicas

De las instituciones públicas opina que “hablan mucho y hacen poco”. Hace dos años solicitó la ayuda de alquiler en el Ayuntamiento, al que acude “un día sí y otro no” y  que, de momento, no se la han aprobado, y añade que el único ingreso que reciben es la ayuda de emergencia cada seis meses.

El verano de la familia de Brenda ha sido muy tranquilo, ni siquiera han podido ir a la playa de Las Canteras, porque asegura, no tienen para coger la guagua. Su marido se desplaza siempre en bicicleta, con la que no ha parado de entregar currículos.

Ella defiende que no quiere ayudas: “Dame un cepillo que yo barro y me pongo a trabajar”. Brenda recalca que necesita un trabajo para poder salir de la rutina y aliviar la mente de tantas preocupaciones.

Después de  la vuelta al cole, para la familia de Brenda arranca otra incertidumbre. El último alquiler, el de agosto, lo pagaron gracias a la ayuda de emergencia de 290 euros. Pero ahora, ninguno de los dos sabe cómo hacerle frente y como cada mes, deberán hacer cábalas para poder costear la casa en la que están viviendo.

La casa de Tatiana es propiedad de su familia pero en ella viven seis personas, de las que solo trabaja su madre. Tatiana, de 31 años, es madre soltera de una niña de nueve. Aunque reconoce que el padre de la pequeña le envía una manutención cada mes y que gracias a eso puede aliviar la carga económica.

El sueldo de la madre de Tatiana, que trabaja limpiando en una guardería, debe fraccionarse mensualmente en seis partes y además con él se sufragan los gastos de la casa, como el agua y la luz. Pero ahora, en septiembre, la pequeña de la casa necesita una dedicación más especial.

La hija de Tatiana no recibe ninguna ayuda para material o libros de textos por lo que este curso su madre ha tenido que desembolsar 99 euros en los libros, 80 en el uniforme y, aproximadamente, 50 en material escolar. En total 229 euros para una madre que no tiene ingresos de manera regular.

“Yo lo que quiero es un trabajo”

Tatiana asegura que le han concedido varias veces la ayuda de emergencia (de entre 400 y 600 euros), pero subraya que no quiere ayudas. “Yo lo que quiero es un trabajo y no que mi madre me tenga que mantener toda la vida”.

Pero hasta que ese momento no llegue, Tatiana debe acudir a las prestaciones sociales que conceden las ONGs o los organismos públicos. Sin embargo, reconoce que para optar a todas debe presentar un convenio regulador que certifique que el padre de la niña no convive con ellas y que la pareja está separada. Este trámite, para el cual ha tenido que contactar con un abogado de oficio porque no puede pagar a uno privado, se está demorando varios meses y afirma que “aún le queda para finalizar”.

El matrimonio formado por Soraya y Francisco, que tienen dos hijos de 9 y 14 años, no recibe tampoco prestaciones a pesar de que ninguno de los dos cuenta con un empleo. Francisco lleva cinco años en paro y cobra por ser prejubilado 426 euros al mes. Y con este sueldo deben hacer frente a los gastos corrientes de cualquier familia, como el agua, la luz, la comida y, ahora en septiembre, los libros, los cuadernos, el uniforme o las zapatillas para sus dos hijos.

Era pintor y después de estar 40 años trabajando se pregunta de qué han valido todos esos años para terminar en una situación así. Soraya de 48 años era limpiadora pero lleva dos años sin encontrar trabajo.

Esta familia, que a veces recibe de la iglesia San Antonio María Claret (la iglesia redonda del barrio de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria) una tarjeta para gastar 60 euros en comida, reconoce que nunca han recibido ayudas para la vuelta al colegio de sus hijos. El curso pasado, estos padres se gastaron en material para los dos niños 100 euros. Y este año Soraya indica que van por el mismo camino.

Los libros de la niña ha podido conseguirlos de manera gratuita gracias a que una madre se los ha regalado y a que estaban bien conservados. Mientras que por el niño, Soraya ha pagado 110 euros al colegio para que se los entreguen a principio de curso.

Una parte del material lo han reciclado del curso anterior, han cogido lápices que aún están nuevos y libretas que todavía se puedan usar. Los niños saben que, a diferencia de otros alumnos, no pueden llevar todo su material para estrenar. Son conscientes de que no deben desperdiciar ni las gomas ni los colores y que deben cuidar las libretas y los libros: “Mi hija para la edad que tiene es muy cuidadosa y ella misma ha guardado en su estuche lo que servía del año pasado”, confiesa Soraya. Sus hijos saben que no pueden disfrutar de todo lo que quisieran y, a veces, es el niño quien le recuerda a su hermana que hay cosas que no pueden tener.

A su corta edad, ya son niños concienciados

El mayor ya sabe que cuando tiene que hacer un trabajo debe acudir a la biblioteca municipal o a casa de algún compañero para usar el ordenador con internet, algo que en casa no se pueden permitir. “¿Cómo vamos a poner internet con el sueldo que tenemos? No podemos quitarnos de comida para eso”, expresa Soraya.

Del material nuevo, estos padres ha pagado más de 50 euros por los dos, una partida que han reunido gracias a la ayuda de emergencia que les concedieron hace poco y a los ahorros conseguidos “hasta de céntimo en céntimo”, apunta Francisco.

Gracias a la colaboración de familiares y amigos, la pequeña de la casa tiene este año uniforme y zapatillas de deporte. Soraya y Francisco confiesan que ellos solos jamás lograrían reunir todo lo necesario para enviar a sus hijos al colegio.

Este apoyo externo también ha permitido que la hija de Soraya, con dificultades auditivas,  tenga unos audífonos con los que puede  interactuar con el entorno y avanzar en el aprendizaje escolar. Costaban 1.480 euros que debían adelantar a la Seguridad Social. Ni Soraya ni Francisco disponían de esa cantidad, de modo que la pidieron prestada a su familia y amigos. Ahora, la pequeña está mejorando en el colegio y los profesores están muy contentos con ella.

Los dos hermanos tenían el desayuno en el colegio e instituto hasta el año pasado y la familia espera que este curso la situación no cambie ya que gracias eso, se pueden liberar de varias comidas.

Entre las ayudas de comedor, lo que consiguen ahorrar con esfuerzo y lo que les aportan los familiares y amigos, los hijos de Soraya y Francisco son unos alumnos más que se sienten integrados con el resto de compañeros. “Gracias a todo esto, vamos escapando”, declara Soraya.

No obstante, las cifras a las que tendrían que hacer frente esta familia son inasumibles por sus condiciones económicas. Este año, la Asociación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha calculado que la vuelta al cole supone por alumno entre 300 y 700 euros para el 60% de las familias.  Y donde más desembolsan es en los libros de texto.

Por ello, el Defensor del Pueblo ha instado a las administraciones públicas a fomentar la gratuidad  y la reutilización de los libros de texto y ha reclamado a las comunidades autónomas, que son las que gestionan la gratuidad, que realicen “los esfuerzos necesarios” para ello.

Además, este curso cuenta con la particularidad de que ha entrado en vigor la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE) y que establece que en los cursos pares de Primaria y en los impares de Secundaria los libros deben renovarse obligatoriamente. En este sentido, la CECU ha señalado que el 75% de las familias no podrá reutilizar libros para este curso como consecuencia de la implantación de la denominada Ley Wert.