Vivir (o morir) sin luz y sin agua
El Parlamento de Canarias ha aprobado, con el único voto contrario del Grupo Popular, la iniciativa de Podemos para que ningún hogar canario se quede sin suministro eléctrico o de agua por no poder hacer frente al pago de los recibos. En abril de 2014, la Cámara regional también aprobó una iniciativa igual (esa vez el PP se abstuvo), impulsada por la entonces presidenta del Grupo Socialista, Dolores Padrón, lo que significa que en 19 meses el Ejecutivo regional ha sido incapaz de cumplir lo mandatado por los diputados.
En 2012 casi nadie hablaba de pobreza energética en España, pero como no deja de crecer, el problema ha acabado emergiendo hasta convertirse en objeto de movilización social, con colectivos muy activos como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético o la Alianza contra la Pobreza Energética, hasta colocarse en el debate político.
¿Y qué es este nuevo concepto? Pues sencillamente la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 21ºC en invierno y 25ºC en verano, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud).
Como consecuencia de ello, existen familias en pleno siglo XXI y en países desarrollados (casi 60 millones de ciudadanos de la Unión Europea) que pasan frío en invierno y calor en verano, que habitan viviendas con moho y humedad, sufren cortes de suministro por impago (1,4 millones en 2012 en España, más del doble que en 2006), tienen menos dinero para satisfacer otras necesidades básicas y, lo más grave, son víctimas de muertes prematuras en invierno.
En nuestro país, según el estudio Pobreza Energética en España. Análisis de Tendencias realizado en 2014 por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), se estimaba que en 2012 (el último año con datos disponibles) un 17% de los hogares, con una población estimada de 7 millones de personas, estaban destinando más del 10% (el doble de la media) de sus ingresos anuales al pago de la factura energética del hogar. También para 2012, se estimaba que el 9% de los hogares, equivalente a 4 millones de personas, se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.
En Canarias, durante 2012 el 9% de los hogares tenía un gasto en energía doméstica superior al 10% de los ingresos y el 8% no podía mantener una temperatura adecuada en sus viviendas. Es decir, de los 7,4 millones de personas en España con gastos en energía doméstica por encima del 10% de los ingresos, 174.000 residían en Canarias, mientras que de los 4,2 millones de personas que no podían mantener su hogar a una temperatura adecuada, 165.000 sobrevivían en las Islas.
Es más, según los datos disponibles se calcula que de 1996 a 2011 el promedio de muertes asociadas a la pobreza energética en Canarias se estima entre 100 y 300 personas.
La portavoz de Podemos en el Parlamento autonómico, Noemí Santana, llegó a asegurar que los datos se habían incrementado en apenas dos años cuando aseguró que Canarias es la comunidad autónoma que encabeza las cifras de pobreza energética, con más de un 15% de los hogares en esa situación.
Sociedad fracasada
“Cuando una familia tiene que elegir entre pagar la luz o el agua y comer, hemos fracasado como sociedad”, aseveró el socialista Gustavo Matos durante el debate parlamentario de la iniciativa de Podemos contra la pobreza energética. Una máxima que debería hacerse extensiva no solo al Gobierno de España y su política tarifaria, sino al propio Ejecutivo regional, que en 19 meses ha sido incapaz de cumplir un mandato igual al aprobado este noviembre.
Una cuestión de “justicia social”, resumió la portavoz de Podemos, porque, como aseveró el diputado de Nueva Canarias (NC) Luis Campos, que exista pobreza energética es la demostración de la “descomposición de nuestro sistema de bienestar”.
El acuerdo de la Cámara regional insta al gabinete que preside Fernando Clavijo (como en 2014 se mandató a Paulino Rivero) a convencer al Ejecutivo central para modificar el sistema del bono social para pagar la electricidad (financiado con los 3.500 millones de más que han recibido las eléctricas por los costes de transición a la competencia) de modo que aplique a todos los hogares en situación de pobreza energética considerando el factor renta como criterio principal frente al de la potencia contratada.
Además, se pide que la Federación Canaria de Municipios (Fecam) generalice en las ordenanzas municipales las bonificaciones de las tarifas del agua para hogares pobres, familias numerosas, desempleados de larga duración y otros colectivos.
La propuesta socialista de 2014 añadía, además, que el Gobierno regional, dentro de sus competencias, estableciera un suelo social y articulara medidas tendentes a garantizar que no hubiera cortes de suministro de luz y agua en los hogares afectados por la pobreza.
Pero el grueso del problema no lo puede atajar el Gobierno de Canarias, sino el del Estado, ya que la reforma del mercado energético emprendida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ni frena el desaforado incremento del precio de la electricidad ni tampoco establece soluciones a la pobreza energética.
Los precios suben y el cambio del sistema de facturación ha aumentado los costes fijos de la factura, lo que ha supuesto una penalización añadida a los que menos consumen, ya sea por menor renta o por ser eficiente, empeorando el problema de la pobreza energética y aumentando la exclusión.
El insuficiente bono social
El problema, en todo caso, no se vive igual en todas las comunidades autónomas, y la mayoría de las más afectadas son también las que registran más paro y salarios más bajos, dos índices que, lamentablemente, lideramos en Canarias.
El referido estudio de ACA subrayaba ya que debe redefinirse el único mecanismo que existe en España para mitigar el problema: el bono social. Esta medida se consideraba insuficiente porque solo subvenciona la calefacción eléctrica, cuando muchas familias utilizan sistemas de gas, y además los hogares que pueden solicitarlo no siempre son los más vulnerables.
De hecho, Dolores Padrón denunció en 2014 en el Parlamento que 5.745 canarios que cobraban el bono social que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero habían dejado de percibirlo desde que Mariano Rajoy se instaló en La Moncloa.
“De 132.282 ciudadanos que se acogían a esta medida, 57.637 en la provincia de Las Palmas y 74.645 en la de Santa Cruz de Tenerife, en la actualidad son 126.537, 55.510 en Las Palmas y 71.02 en la provincia tinerfeña”, aseguró en abril de 2014.
Dos fenómenos paralelos se han dado para contribuir al aumento de la pobreza energética: mientras los ingresos se reducen por la crisis, el precio de la energía se dispara.
La factura de la luz, principal responsable de este aumento, subió un 60% en los últimos años, mientras las rentas bajaron un 8,5%. En consecuencia, los hogares deben dedicarle un porcentaje cada vez más alto de sus ingresos. De una media del 4,3% en 2007 se pasó al 6,5% en 2012, un porcentaje que incrementó en estos últimos tres años.
Durante 2013 y 2014 se presentaron en el Congreso una moción (Izquierda Plural), dos proposiciones no de ley (Izquierda Plural y Grupo Mixto) y una proposición de ley (PSOE) con medidas para mitigar la incidencia de la pobreza energética, aunque fueron rechazadas por la mayoría absoluta del PP, y eso a pesar de que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que no es sospechosa de ser de la oposición, además de advertir de la gravedad del problema en su memoria anual, pidió al Gobierno información transparente sobre el número y las causas de los cortes de luz.
Desde hace años, el Reino Unido evita el corte del suministro eléctrico en invierno y dispone de una ayuda invernal de entre 120 y 360 euros para los mayores de 61 años y para los perceptores de una pensión estatal o de cualquier programa contra la exclusión social.
La Unión Europea también ha tomado cartas en el asunto y dos directivas del mercado interior de electricidad y gas plantean exigencias que obligan a los Estados miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética, aunque el Gobierno de Rajoy no acometió la transposición íntegra y adecuada de ambas directivas, incorporando el combate contra la pobreza energética como prioridad de la política energética española con una partida presupuestaria específica, suficientemente dotada, para combatirla.
Mala calidad de las viviendas
La mala calidad de las viviendas es precisamente el tercer factor que los expertos mencionan como causa de pobreza energética, junto a la subida de la luz y la bajada de las rentas. La mayoría de los edificios se han construido sin tener en cuenta criterios de eficiencia energética, ya que la normativa no obligaba y estos matices no importaban cuando los sueldos eran altos y la electricidad costaba poco.
Pero ahora ha llegado la crisis y nos encontramos con un problema que afecta a los ciudadanos en su vida cotidiana y ha dado una vuelta de tuerca más al drama social que viven miles de hogares.
Por tanto, solo si se involucran todos los actores implicados, incluidas las compañías eléctricas, y se pone en marcha de un plan de rehabilitación energética que contemple la pobreza energética en su diseño y en las políticas y mecanismos de financiación, se podrá contar con una solución a largo plazo que puede erradicar el problema de raíz.
La medida esbozada por Podemos en la iniciativa aprobada por el Parlamento para que las eléctricas reviertan a la sociedad las ayudas que se les fueron concedidas va en esa línea, pues las suministradoras no pueden continuar siendo ajenas a las consecuencias de su actividad sobre las personas más vulnerables. Con todo, no estaría mal que incorporaran en sus planes de responsabilidad social corporativa un apartado específico relativo a la pobreza energética.
