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La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias lanzará una oferta de empleo de 1.200 plazas docentes en 2019

Se convocarán las especialidades de Educación Infantil, Lengua Extranjera Inglés, Lengua Extranjera Francés, Educación Física, Música, Educación Especial PT, Educación Especial AL y Educación Primaria a excepción de la de Alemán

El procedimiento de selección se realizará entre finales de junio o principios de julio de 2019

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Opositores en un exámen. / EFE

Opositores durante un exámen. / EFE

La Mesa Sectorial de Educación, integrada por la Consejería regional del área y los sindicatos del sector, ha acordado que la oferta pública de empleo se cifrará en 1.210 plazas para el procedimiento de selección que se realizará entre finales de junio o principios de julio de 2019.

Del total de plazas, 1.200 corresponderán al cuerpo de maestros y las diez restantes al de inspectores, indica en un comunicado la Consejería autonómica de Educación.

Con el acuerdo de todos los sindicatos se convocarán las especialidades de Educación Infantil, Lengua Extranjera Inglés, Lengua Extranjera Francés, Educación Física, Música, Educación Especial PT, Educación Especial AL y Educación Primaria a excepción de la de Alemán porque esta especialidad carece de temario para poder realizar un procedimiento selectivo, añade.

Durante la reunión se abordó además la posibilidad de garantizar también un cupo de plazas para futuras convocatorias.  

Durante los dos últimos ejercicios, la situación de incertidumbre en el Gobierno central acerca de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ha producido situaciones indeseadas, como la imposibilidad de convocar las plazas correspondientes a la reposición del profesorado que se jubila o que se da de baja del sistema público de educación, con cientos de plazas sin poder concretarse, afirma la Consejería.

De ahí que hoy se haya alcanzado también el acuerdo de aprobar otras 372 plazas, que habían quedado pendientes en esas convocatorias de años anteriores y que se convocarán en ejercicios futuros, en función de las necesidades concretas de cada año y como medida de prevención ante nuevas complicaciones en la aprobación de cupos para nuevas Ofertas Públicas de Empleo.

Durante la mesa sectorial de hoy se abordó, además, cómo se aplicaría la ordenación de los interinos el próximo año y si se vincularán o no las listas de empleo al resultado de la oposición. En este sentido, la administración ha aceptado la propuesta hecha por la totalidad de los sindicatos para prorrogar la regulación en la próxima ley de presupuestos tal y como se hizo en 2018 hasta que se lleve a cabo la modificación del Decreto 74/2010 que está prevista.  

Como condición, la administración ha planteado que exista la obligación de presentarse a la oposición para todas las personas que deseen ingresar o seguir en las listas de empleo.  

Las listas se mantendrían en el orden actual y se completarían con las personas de nuevo ingreso, ordenadas en función de los resultados de la oposición, colocándose por delante de las personas que no hayan trabajado nunca, aunque éstas formen parte de las listas.

También solicitó la mayoría de los sindicatos dar respuesta a la reivindicación del Cuerpo de Inspectores educativos con respecto a la actualización de su régimen retributivo, que se estableció en 2002.  

El viceconsejero de Educación, David Pérez-Dionis, respondió que se está tramitando en estos momentos la actualización del Decreto de Ordenación de la Inspección y que correspondería incluir este punto en la nueva norma que se regule, un extremo que finalmente fue aprobado en la reunión de la mesa sectorial.

Con respecto a la vuelta de los profesores de Secundaria al horario de 18 horas, que supone revertir la medida adoptada en 2012 por el Estado para contener el gasto público que supuso el aumento a 20 horas, el viceconsejero anunció la intención del Gobierno de incorporar este aspecto en la Ley de presupuestos de 2019, aunque debido al impacto económico que supone, quedará supeditada a la posibilidad de la flexibilización de la regla de gasto para poder utilizar el superávit de la comunidad autónoma.  

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