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Luchar contra la violencia machista desde la base: así es el nuevo protocolo en los centros educativos públicos de Canarias

Se trata de una herramienta, a disposición de la comunidad educativa, que establece pautas para la detección e intervención en distintos contextos

La iniciativa era demandada por la comunidad educativa y responde a lo que los centros solicitaban porque carecían de mecanismos claros de actuación ante estas situaciones

“Constituye una herramienta poderosa que irá acompañada de otras medidas que comprenden difusión, información, la puesta a disposición de distintos materiales que guiarán esta herramienta y acciones de formación"

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Cartel en la manifestación contra la violencia machista en Las Palmas de Gran Canaria

Cartel en la manifestación contra la violencia machista en Las Palmas de Gran Canaria

Para acabar con la lacra de la violencia machista es necesario atacar a la raíz y, en esa lucha, la Educación cobra un papel fundamental. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha elaborado un Protocolo de Violencia de Género, un instrumento que se pone a disposición de los centros educativos del Archipiélago para dar respuesta a esta realidad en los contextos educativos. 

2019 está siendo un año negro para las mujeres; 8 han sido asesinadas por la violencia machista. Educación pretende con este documento facilitar los recursos para su detección e intervención en diferentes ámbitos: en los entornos familiares, en las relaciones entre adolescentes, y ante casos en los que existe sospecha o evidencia de que una alumna mayor de edad o una mujer que desarrolla su actividad laboral y profesional en un centro educativo, es víctima de violencia de género.

El protocolo fue presentado por la consejera María José Guerra, junto al director general de Ordenación, Innovación y Calidad educativa, Gregorio Cabrera, presentaron este martes el documento que se enmarca en el Plan para la Igualdad y Prevención de Violencia de Género de este departamento autonómico.

La consejera del área, María José Guerra, explicó que esta iniciativa equipara a Canarias a "otras comunidades autónomas que ya habían desarrollado una medida de este tipo, perfeccionando además ese trabajo, respetando principios jurídicos y éticos en el ámbito educativo como los relativos a la protección de menores e incidiendo en la coordinación institucional”.

Se trata de un instrumento para los equipos educativos, de seguridad jurídica y de actuación, para, desde la educación, fundamento de toda dinámica social, haya tolerancia cero a la violencia de género.  El director general de Ordenación, Gregorio Cabrera, destacó que “se trata de una iniciativa demandada por la comunidad educativa y que responde a lo que los centros solicitaban porque carecían de mecanismos claros de actuación ante estas situaciones”.

“Constituye una herramienta poderosa que irá acompañada de otras medidas complementarias que apoyarán su puesta en marcha y que comprenden difusión, información, la puesta a disposición de distintos materiales que guiarán esta herramienta y acciones de formación a alumnado, familias y profesorado”, añadió.

La coordinadora de Igualdad de la consejería, Noelia Rodríguez, comentó que para su elaboración se han analizado los protocolos y guías de otras comunidades autónomas en el ámbito educativo y resaltó que, en este sentido, el potencial de la propuesta canaria reside “en que reúne las tres vertientes: educativa, jurídica y psicosocial”.

Se refirió también a las tres dimensiones interconectadas de dicho protocolo -detección, actuación e intervención, “que permiten no solo un abordaje integral de la Violencia de Género, sino también garantizar la prevención, uno de sus principios fundamentales junto a la concienciación, “ya que este texto incide también en el autocuestionamiento del sistema de creencias y el imaginario que puede tener el profesorado ante la Violencia de Género”.

Confidencialidad y protección, garantías del protocolo

El protocolo ha sido elaborado por el equipo de Igualdad  que dirige Noelia Rodríguez, en colaboración con Carmen Algora Sánchez y Pino Inmaculada de la Nuez Ruiz, expertas en Violencia de Género. En su presentación se puso de manifiesto que con él se pretende contribuir, a través de medidas educativas, a erradicar actitudes y comportamientos machistas y generar procesos de cambio.

La abogada Pino de la Nuez indicó que este protocolo incide en principios como la cofidencialidad y la protección y se caracteriza por una mirada integral. “Hace referencia también a los distintos tipos de violencia y sus diferencias e incorpora una serie de conceptos jurídicos dirigidos a ilustrar a los profesionales que lo utilicen con el propósito de que sea una herramienta fácil de abordar y aplicar”. Así mismo, incorpora las obligaciones y responsabilidades de los distintos agente implicados y contará con un seguimiento para evaluar qué aspectos se pueden mejorar.

Presentación del protocolo contra la violencia machista en Educación.

Presentación del protocolo contra la violencia machista en Educación.

En cuanto a la aplicación del protocolo, la graduada Social Carmen Algora explicó que el equipo directivo del centro educativo será el encargado de su activación según el principio de celeridad, “ya que en los casos de violencia de género, el tiempo es un factor fundamental”. Este documento contempla también a las alumnas mayores de 18 años que no se tienen en cuenta en otros protocolos”.

“Es un documento práctico en el que se desgranan las situaciones que se pueden encontrar en los centros a través de supuestos, con el fin de ayudar a personas que no son especialistas en violencia de género a identificar esas situaciones y poder actuar en función de si se trata de una sospecha o evidencia”.

Herramienta de especial vulnerabilidad

El propósito es poner a disposición de la comunidad educativa una herramienta para actuar ante situaciones de especial vulnerabilidad que no son reconocidas por el alumnado y sus familias; para acompañar y hacer el seguimiento de los alumnos y alumnas que se encuentran ante estas situaciones; y clarificar las responsabilidades legales de las personas que intervienen en el procedimiento.

También se busca promover la coordinación interinstitucional entre la Consejería de Educación y otros servicios competentes con Unidades de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicio Canario de Salud y Fiscalía de Menores, para garantizar una adecuada intervención y seguimiento; así como fomentar la toma de conciencia de la importancia de diseñar y desarrollar en los planes de igualdad de los centros educativos, acciones de sensibilización, concienciación y formación en prevención de violencia de género y en la promoción de los buenos tratos.

Por otro lado, establece cómo proceder ante situaciones de evidencia y sospecha de violencia de género y recoge los pasos a seguir en las distintas fases de comunicación, valoración, entrevista con la víctima o familia, desarrollo de actuaciones inmediatas, derivación y seguimiento del caso, que contempla, según el carácter de la situación, una serie de medidas disciplinarias, educativas, judiciales o laborales.

Este protocolo se aplicará en todos los centros de Canarias financiados con fondos públicos y servirá como normativa supletoria para los centros privados. Asimismo, comprende material complementario para profesorado, familias y alumna mayor de edad o trabajadora, así como modelos de actas de comunicación y planificación, informes de valoración, de derivación a otros servicios, y de notificación a la Inspección de Educación.

A partir de este documento se crea una Comisión de seguimiento, que dependerá del Servicio de Innovación Educativa, y de la que formarán parte una representación de los servicios implicados en el mismo además de los centros directivos de la Consejería. La función de esta Comisión, que se reunirá al inicio y finalización de cada curso escolar, es analizar la aplicación práctica del protocolo y las propuestas de mejora que se realicen.

La Inspección de Educación velará por su implantación en los centros educativos, realizando un seguimiento de las posibles dificultades que deriven de su práctica y proponiendo las mejoras que consideren oportunas.

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