Admitidas sólo dos denuncias por presuntas negligencias en el servicio de cirugía cardiaca del HUC
El Servicio Canario de Salud (SCS) sólo ha admitido dos de las 19 denuncias que la Asociación de Afectados por el Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario de Canarias (HUC) ha elevado para reclamar indemnizaciones (por valor de unos 4 millones de euros) por presuntas negligencias del Servicio de Cirugía Cardiaca de este hospital. Así las cosas, han anunciado que “llegarán hasta el final” aunque haya que esperar a que se pronuncien los juzgados de los contencioso-administrativo a donde han elevado sus quejas a finales del pasado año.
Según explicó este miércoles en rueda de prensa el abogado de esta asociación, José Luis Langa, el SCS se ha “escudado” en la prescripción de estas reclamaciones argumentando que según la ley de proceso administrativo se tiene un año para hacerlo. Sin embargo, Langa contesta que los afectados no pueden reclamar sobre algo que desconocen (esto es, supuestas negligencias) y que es a partir de que tienen conocimiento de esto por los medios de comunicación cuando deciden presentar las demandas.
Es por esto que Langa acusa al SCS de “inhibición” de sus responsabilidades, al considerar que se escudan en la supuesta prescripción de sus demandas y que no han entrado en el fondo del asunto, esto es, el análisis de los historiales clínicos de los afectados. Precisamente por esto, por haber “incumplido su palabra al prometer que asumirían sus responsabilidades si demostrábamos las negligencias”, la asociación ha elevado a los juzgados de lo contencioso-administrativo sus quejas.
“Vamos a llegar hasta el final”, aseguró Langa, quien recordó que este asunto ha supuesto la muerte de personas y que muchas otras hayan tenido secuelas por presuntas negligencias en el Servicio de Cirugía Cardiaca del HUC. Presuntas negligencias que de hecho recordó están siendo investigadas por un juzgado de instrucción de La Laguna que ha imputado al jefe del servicio, Rafael Martínez Sanz.
La asociación recuerda que la presunta mala praxis en este departamento fue causa, de lo que a ellos les consta, de siete fallecimientos y más casos de secuelas irreversibles, razón por la cual se demanda responsabilidad patrimonial al SCS por un importe superior a los cuatro millones de euros.
“Podemos imaginar que la Consejería de Sanidad da largas a la espera de que nos agotemos”, indicó Langa González, “pero no vamos a dejar de luchar por lo que creemos que es justo y porque este es uno de los casos más relevantes que han ocurrido en Canarias y no se quiere ir al fondo del asunto”, agregó el letrado.
“Que nos demuestren que no ha habido negligencias”, exigió Langa, quien pidió a la SCS que “deje de utilizar tecnicismos jurídicos para escurrir el bulto”. El abogado asegura confiar en que la justicia terminará por resolver este asunto aunque lamenta que para ello se deba sufrir su lentitud.
Por su parte, el presidente de la asociación, Nicolás Sosa, se quejó de que no se hayan tomado medidas cautelares con el jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca del HUC, lo que a su juicio supone que éste siga estando dirigido por un “presunto homicida”.
Sosa también exigió a la Consejería que “muestre” las pruebas que dice tener para demostrar su inocencia en este caso y le reta a que “ponga todas las querellas que crea conveniente” contra la asociación.
Presuntas negligencias
Las presuntas negligencias que denuncia la Asociación de Afectados por el Servicio de Cirugía Cardiaca del HUC se denunciaron tras salir a la luz un informe periodístico en 2008 que reflejaba que la tasa de mortalidad de este servicio era mucho más elevada que la de otros servicios similares en el resto del país.
A raíz de este artículo y una auditoria que también destapó ciertas deficiencias de este servicio, un grupo de personas cuyos familiares habían fallecido tras ser atendidos en el HUC o a quienes quedaron importantes secuelas, decidieron denunciar lo que consideraban presuntas negligencias por las que reclamaban indemnizaciones que ascienden a unos cuatro millones de euros.
Tras llegar a un acuerdo con el SCS, se presentaron 19 reclamaciones de las que el abogado de la asociación dice que sólo se han aceptado dos, según Sanidad, porque ha prescrito el plazo.
