“Y ahora ¿qué hacemos?”: Nace una plataforma de personas con discapacidad que quedan en un limbo al cumplir los 21

Miembros de la plataforma 'Y ahora ¿qué hacemos?'

Jennifer Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria —

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Se venía gestando desde hacía tiempo y tomó impulso con el caso de Texeida, la joven con discapacidad intelectual que lleva casi tres años esperando por una plaza en un centro ocupacional. Desde que cumplió 21, salió del sistema educativo, ya que es el máximo de edad permitido y, desde entonces, al igual que otros jóvenes en su misma situación se pregunta “¿Y ahora qué hacemos?”, el lema que ha dado nombre a la plataforma de familias que luchan por los derechos de estas personas y que se ha presentado este viernes en Las Palmas de Gran Canaria.

La madre de Texeida, Ruth Santana, ha sido quien ha explicado los objetivos de la misma, que pueden consultarse en la página web ya creada. Las familias denuncian que la burocracia es compleja y que muchas tienen problemas durante estos duros procedimientos.

Muchas de estas familias forman parte del proyecto Suma (una iniciativa de baloncesto inclusivo que depende del CB Gran Canaria e impulsada por Javi Choren) y al ver que estaban atravesando la misma situación decidieron aunarse en una plataforma. “Todos nos encontramos con diversas necesidades de nuestros hijos y una lista de espera para diferentes tipos de centros, no solo los ocupacionales”, apunta.

Santana recuerda que el 14 de enero se truncó la posibilidad de su hija de entrar en una plaza que parecía que iba a conseguir y por ello se animó a grabar un vídeo que visibilizara la historia de Texeida, que se encuentra muy triste desde que no tiene una rutina diaria donde socializar y realizar actividades. “Hacemos directamente responsables al Gobierno, cabildos, ayuntamientos, Educación y Sanidad”, señala y “pedimos a Educación que no suelte a nuestros hijos a los 21 años sin tener alternativa”, añade.

Destaca que las administraciones suelen explicar a las familias los motivos por los que no pueden acceder a determinados recursos, pero muchas veces no les dan luz sobre lo que sí podrían hacer. Por ello, con esta plataforma quieren visibilizar estas realidades y seguir luchando por más recursos para sus hijos e hijas.

Familias con realidades diversas

El Consejo Escolar de Canarias presentó recientemente un informe que aludía a que el 70% del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en Canarias desaparece del sistema educativo tras la escolarización básica. 

Estas necesidades de apoyo educativo son diversas e incluyen no solo a alumnado con discapacidad, pero el Consejo Escolar de Canarias hace varias recomendaciones al respecto como aumentar la oferta de especialidades en Formación Profesional Básica, potenciar la coordinación con el tercer sector para favorecer la incorporación del alumnado NEAE al mercado laboral, crear órganos de coordinación con las distintas consejerías y con los cabildos, crear un órgano de coordinación sobre la FP Adaptada… entre otras muchas propuestas. 

No todas las personas con discapacidad que cumplen 21 años requieren de un recurso coordinado por Políticas Sociales, hay personas que siguen en el sistema educativo en FP Básica o en programas de inserción. No obstante, en total, Gran Canaria dispone de 506 plazas en centros ocupacionales para personas con grado de autonomía y de 643 con tercera persona.

De esas 643, 120 son para Centros de Atención a la Discapacidad Intelectual (CADI), que son para casos más graves. Se trata de plazas diurnas, pero estos centros también tienen espacio para personas que requieren de ser residencializadas por sus circunstancias, y en total hay 366 plazas. Los CADI tienen una parte de centro de día y otra de residencial y están localizados en El Tablero, Guía, Telde y Las Palmas de Gran Canaria. Así mismo, el Cabildo convenia plazas con San Juan de Dios.

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