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El 65% de las ambulancias de Canarias deberá renovarse en menos de un año

Si no se convoca el concurso para la contratación de los servicios de transporte sanitario terrestre en la comunidad autónoma antes de octubre de 2019, las Islas pueden perder progresivamente hasta 307 ambulancias

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Ambulancias del SUC.

Ambulancias del Servicio de Urgencias Canario.

El 65% de las ambulancias con certificado vigente del Servicio Canario de Salud deberá renovarse en menos de un año o no podrán seguir circulando porque el Real Decreto 836/2012 impide que estén en funcionamiento más de diez años. Es decir, que si no se convoca el concurso para la contratación de los servicios de transporte sanitario terrestre en la comunidad autónoma entre octubre de este año hasta el mismo mes de 2019, las Islas pueden perder progresivamente hasta 307 de las 577 ambulancias con certificado técnico-sanitario del Servicio Canario de Salud.

De hecho, entre octubre y diciembre de 2018, vencerá el certificado vigente de 12 ambulancias, repartidas entre todas las islas excepto El Hierro, que perderían cuatro de soporte vital básico en octubre y noviembre, y ocho no asistenciales tipo A2 o colectivo en diciembre. El certificado vigente de la flota restante irá venciendo prácticamente cada mes.

Por islas, Gran Canaria concentra el mayor número de vehículos con certificado técnico-sanitario vigente con 246, pero hasta 140 lo perderán de forma progresiva antes de octubre de 2019, es decir, más del 50%. El Hierro, que cuenta con cinco, tendría solo una ambulancia a partir de esa fecha, pues el 28 de enero y el 23 de marzo del año que viene expiraría el certificado de cuatro ambulancias y solo quedaría una asistencial tipo B, cuyo certificado fue otorgado el 27 de julio de 2013.

Infografía elaborada con datos del registro de ambulancias del Servicio Canario de Salud.

Infografía elaborada con datos del registro de ambulancias del Servicio Canario de Salud. Canarias Ahora.

Para evitar que se produzca esta situación, el Gobierno de Canarias tiene que publicar un nuevo concurso -que debería haber salido en mayo como anunció la consejería de Sanidad- porque el que está vigente, de 2008, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2012 y, además, debió haber vencido en 2015, con prórrogas incluidas.

Mientras tanto, algunas de las empresas que prestan el servicio de ambulancia en las Islas -y que se lo pueden permitir- renuevan los vehículos a punto de expirar con otros que tienen en circulación en otro lugar de España y que cumplen con el RD. Por ello, pasan todos los trámites burocráticos tanto del Servicio Canario de Salud como de los cabildos y obtienen la certificación y la tarjeta sanitaria para adaptarla a la realidad canaria. Otras empresas recurren al alquiler de ambulancias con la esperanza de que se convoque el concurso.

Y es que el Servicio Canario de Salud es el órgano que se encarga de legislar para cumplir con el RD y vela para que un vehículo puede ser catalogado como ambulancia, además de establecer la función que vaya a desempeñar. Una vez ha superado todos los trámites, otorga el certificado técnico-sanitario por un periodo de diez años y acaba su labor. Entonces los cabildos entregan la tarjeta de transporte sanitario tras una serie de requisitos para un periodo de dos años, que debe renovarse periódicamente hasta cumplir la década.

Sin embargo, el Servicio Canario de Salud no ha adaptado del todo a su normativa los requisitos que exige el Estado. Aunque modificó el decreto 154/2002 para ajustarse al RD que está actualmente vigente -ampliando de ocho a diez años el periodo máximo de los vehículos que pueden “dedicarse a la realización del transporte terrestre sanitario de cualquier clase”- no hizo lo mismo con el requisito mínimo de ambulancias de las que debe disponer una empresa que presta este servicio en las Islas, pues se permite que entidades que solo tienen una continúen realizando su función, cuando el RD exige que sean como mínimo siete. Cabe añadir que hasta se han dado casos de trabajadores de ambulancias que trabajaban como falsos autónomos y que llegaron a denunciar su precariedad laboral después de que los vehículos carecieran de personal durante las guardias.

Además, el RD también establece que las ambulancias de traslados no urgentes tipo A1 y A2 (para rehabilitación o diálisis, por ejemplo), deben llevar un desfribrilador semiautomático, pero esto no sucede en muchos casos. Las empresas que incurren en esta falta argumentan que tienen un certificado vigente anterior al RD, por lo que aseguran que no les es exigible este requisito.

Protestas de los trabajadores de ambulancias

A esto se añade la situación del personal de las ambulancias, que ha convocado a través de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CC.OO) y la Unión Sindical Obrera (USO) -mayoritarios en el sector- hasta cinco concentraciones y huelgas desde marzo de este año para desbloquear el tercer convenio colectivo del sector y reivindicar recuperar los salarios que tenían antes de la crisis ante el rechazo de la patronal a estas demandas.

Tras las reuniones entre los sindicatos y la administración, finalmente se ha llegado al acuerdo de subir en un 0,5% el salario de los trabajadores y, a partir de 2019, un 2,5% cada año hasta 2024. Además, se ha ampliado al 10% de la plantilla el porcentaje de contratos que pueden tener las empresas de trabajadores en prácticas. Este 4 de octubre la administración ha convocado a los trabajadores de ambulancias para tratar este asunto, aunque algunos han expresado ya su desacuerdo.

La Unión General de Trabajadores (UGT) -que es minoritaria en este sector y su firma no es vinculante- ha criticado desde el principio las huelgas convocadas por CC.OO y USO, pues consideraba que al mantener los abusivos servicios mínimos el seguimiento sería muy pobre, como así han reconocido ambas organizaciones, al tiempo que reprochaba que las demandas de subida salarial que reclamaban los dos sindicatos eran inferiores a la que la propia administración ofrecía. Sin embargo, al final ha ocurrido “lo lamentable” a juicio de UGT, porque después de 2024 se tendrá que volver a negociar un cuarto convenio y “volverá a pasar lo mismo”.

Ciudadanos isleños ya han sufrido las consecuencias de esta situación, sobre todo a raíz del mal servicio que prestan algunas empresas privadas, como fue el caso de un paciente del Hospital Doctor Negrín, que, tras recibir el alta, tuvo que esperar unas 12 horas para que llegara la ambulancia a trasladarlo a su vivienda.

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