La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional pide extender un mayor control a todo el sector alojativo

Vivienda vacacional en Mogán

Efe

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La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha reclamado este jueves que la intensificación del control sobre las plataformas de pisos turísticos se extienda a todo el sector alojativo.

En un comunicado, Ascav sale al paso de las declaraciones de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, quien en un acto en Madrid anunció una nueva regulación “más estricta” de dichas plataformas.

La patronal canaria del sector critica que la ministra Maroto insista en “los mantras que le imponen las grandes patronales hoteleras”, y aunque admite que existe el problema de las viviendas vacacionales irregulares, desliza que “también existen hoteles ilegales y complejos de apartamentos turísticos irregulares”.

“Es un hecho y todos lo sabemos, menos la señora Maroto, al parecer. Por tanto, no estaría de más ampliar el control a todo el sector alojativo, no sólo a una parte”, reitera.

Ascav valora que, en ese mismo foro, la consejera canaria de Turismo, Yaiza Castilla, “supo responder y fue valiente” al afirmar que en las islas se defiende esta actividad porque “es una parte más de la cadena de valor turística”.

La asociación recuerda que lleva “años” reclamando una diferenciación regulatoria entre la vivienda vacacional tradicional en manos de familias canarias y la nueva tendencia de “pseudo-hoteles”, edificios completos de viviendas vacacionales en manos de fondos de inversión y/o hoteleros, que se comercializan bajo las mismas siglas. Máxime, cuando “existen políticos que defienden que es necesario dejar la vivienda vacacional únicamente en manos de empresarios”, sostiene Ascav.

Por lo demás, recalca que el impacto económico de la vivienda vacacional en Canarias supera los 2.000 millones de euros; “economía que recae directamente en los bolsillos de las familias canarias y de un sinfín de empresas que aportan valor a la vivienda vacacional”. Calcula que la actividad genera 40.000 empleos y que afecta indirectamente a 75.000 familias canarias.

Por todos estos motivos, esgrime Ascav, “la sociedad canaria apoya mayoritariamente a la vivienda vacacional, por mucho que intenten defenestrarla desde fuera”. Y por eso celebra que las competencias en materia turística estén transferidas a las comunidades autónomas, puesto que “las realidades son completamente diferentes”.

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