Canarias, entre los peores servicios sociales

La Comunidad Valenciana, Canarias, Madrid y Murcia tienen, por este orden, los peores servicios sociales de todo el país, según el Índice 2013 de Derechos, Economía y Cobertura (DEC) presentado este miércoles, del que se desprende que el nivel de desarrollo del sistema es “irrelevante” en estas comunidades autónomas y “débil, estancado y con perspectiva negativa” en el conjunto de España.

Este índice, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, mide y evalúa el desarrollo de las políticas, estructuras y presupuestos del sistema en tres bloques -derechos, economía y cobertura- asignando una puntuación de 0 a 10 tras cruzar datos oficiales de indicadores varios, como el alcance de determinados servicios o el gasto por habitante en cada comunidad.

Así, concluye que, de media, el desarrollo de los servicios sociales en España es más bien débil, con una nota media de 4,92 puntos y va a peor por los recortes, “casi 500 millones de euros en cuarto años”. Comunidad Valenciana tiene un 0,6; Canarias un 2; Madrid un 2,75 y Murcia un 2,8, de modo que son “los peores servicios sociales” de todo el país, lo que, a juicio del presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, “es lo mismo que decir que tienen los peores servicios sociales de toda Europa”.

Junto a estas comunidades autónomas donde el desarrollo de los servicios sociales se considera “irrelevante” figuran también Galicia, con un 3,65 y Andalucía, que está en un 4,40. Si bien tienen más nota que otras regiones, no han alcanzado la excelencia en ninguno de los tres grandes ámbitos a examen, condición imprescindible para entrar en mejores categorías.

En el nivel inmediatamente superior, con un desarrollo “débil” de los servicios sociales, se sitúan Extremadura y Baleares, y ya en el tramo “medio bajo” aparecen Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón. En el nivel “medio” están País Vasco y la Rioja y, en el top aparece Navarra, la única cuyos servicios sociales son considerados de nivel “alto” por el estudio.

El coordinador del estudio, Luis Barriga, ha destacado que existe una correlación entre los niveles de pobreza y el desarrollo de los servicios sociales en cada comunidad. De hecho, las tres comunidades con mejor calificación en el índice DEC son “las únicas donde se ha reducido el nivel de pobreza durante la crisis económica”, según ha señalado.

Sistema estancado

La asociación destaca que los Servicios Sociales atienden las necesidades de más de 8 millones de personas en España y adquieren “extraordinaria importancia en momentos como los actuales”, con un incremento del número de demandantes de ayuda. Sin embargo, el sistema “está estancado” en plena crisis económica y diez de las 17 comunidades autónomas han recortado su presupuesto.

Los mayores recortes en términos relativos se han producido en Baleares, con un descenso del 36,39% (43,4 euros menos por habitante y año); seguido de Castilla-La Mancha, cuyo gobierno ha aplicado un recorte del 26,74%. Le siguen Galicia (18,65%), Canarias (18,51%), Navarra (15,89%), Castilla y León (8,6%), Extremadura (6,63%), Andalucía (3,61%), País Vasco (2,93%) y Aragón (2,26%).

Por el contrario, han incrementado la partida de Servicios Sociales pese a la crisis económica Comunidad Valenciana (14,69%, con 21,96 euros más por ciudadano y año), Asturias (8,97%), La Rioja (7,83%), Comunidad de Madrid (5,18%), Cataluña (2,68%), Murcia (1,16%, que son 31 céntimos más por habitante y año) y Cantabria (0,25% que suponen 10,37 euros más por ciudadano).

En términos generales, el informe refleja una caída del 3,64% del presupuesto entre 2009 y 2012 a nivel autonómico, con una merma de 478 millones de euros, lo que significa un descenso medio del 1,75% en el gasto por habitante. No obstante, se dan “enormes desequilibrios” entre los distintos territorios, donde un mismo español puede recibir servicios con una dotación hasta diez veces mayor.

“Estas grandes diferencias tienen su origen en una extrema disparidad en el gasto (...) Lo más preocupante es que se van incrementando”, explica el informe, para incidir en que en 2011 la brecha entre la que destinaba más (773,21 euros) y la que destinaba menos (119,83 euros) estaba en el 545% y ahora asciende al 941,78%, entre lo que destina País Vasco por ciudadano y año (796,13 euros) y el presupuesto para lo mismo de Baleares (76,42 euros).

Estas diferencias se traducen en “enormes desequilibrios” en la atención que recibe cada ciudadano en función del lugar donde resida. Así, mientras en Navarra hay un trabajador en plantilla de servicios sociales por cada 814 habitantes, en Madrid tocan a un trabajador por cada 6.557 ciudadanos y si en Castilla y León hay 7,42 plazas de residencia por cada cien mayores de 65 años, en Murcia se ofertan “solo 2,37”.

En La Rioja, el 2,28% de la población está cubierta por la Ley de Dependencia, mientras en Comunidad Valenciana llega al 0,83% y si en Castilla y León “sólo un 4,2%” de quienes tienen reconocido el derecho a esta asistencia están en lista de espera, en Canarias son más de la mitad (51,9%) quienes siguen esperando.

No obstante, no es sólo es cuestión de presupuesto. El informe destaca que mientras en la Comunidad de Madrid la ayuda a Domicilio llega al 7,31% de las personas mayores de 65 años, en el País Vasco sólo alcanza al 1,9% y, cuando la media de horas semanales de este servicio es de 35,86 en Andalucía, en Navarra se queda en 6,39.

La organización exige una ley básica estatal de servicios sociales para evitar estas “diferencias extremas”, así como pide que se transforme la renta mínima de inserción por un “ingreso mínimo de ciudadanía” más ágil y de más fácil acceso, que se mantenga el plan concertado y se cumpla la Ley de Dependencia.

Más rentas mínimas de inserción

En cuanto a la cobertura, el informe arroja un ligero incremento, si bien los expertos advierten de que se trata de un espejismo de los datos que no reflejan “el deterioro” que, aseguran, se ha producido durante 2012 y no permiten analizar el detalle de algunos servicios, como, por ejemplo, en las plazas de residencia, ya que reflejan cuántas hay pero no cuántas están vacantes.

Sí se ha producido un aumento constatable en las cifras del número de perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, que pasan de un ratio de 1 por cada 147,6 habitantes en 2010 a 84,3 en 2011, y cuya cuantía se incrementa casi un punto porcentual entre 2010 y 2011 (pasando del 12,09% de la renta media al 13,23%), por la “necesidad de responder a la situación límite de miles de personas” que han perdido el subsidio por desempleo.

No obstante, también en esto hay diferencias en función de las comunidades autónomas que no están directamente relacionadas con el mayor impacto del desempleo: Uno de cada 13,5 residentes en el País Vasco se beneficia de las Rentas Mínimas de Inserción, mientras que en Extremadura sólo accede uno de cada 337 residentes. Además, la cuantía en Cataluña equivale al 26,28% de su renta media por hogar, mientras la extremeña es “solo un 5,82%”, según el informe.