El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, afectado por la negativa de la Policía Local a hacer horas extra

Agentes de Policía Local durante la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

La negativa la Policía Local a realizar horas extras, debido al atraso en los pagos del Ayuntamiento, ha afectado a la celebración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria durante el pasado fin de semana. “El conflicto con el Consistorio ha tenido unas consecuencias, y es que se han pedido refuerzos para este tipo de actos, pero el personal no se ha apuntado. Y han tenido que contar con los agentes que se encontraban de turno”, explica el secretario general de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), Víctor García. El Consistorio contrató a una empresa privada de seguridad para reforzar el dispositivo.

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La Concejalía de Seguridad reconoce que “por impedimento legal” las horas extra no se pagan “en el tiempo que nos gustaría”. Desde el pasado 1 de junio, la Policía Local tomó la decisión hasta que se alcanzara un acuerdo para que se abonara de forma regular. Y, en este sentido, el Consistorio asegura que ha puesto a disposición voluntaria de los agentes “unas jornadas de libre disposición que sí cobran regularmente”. Además, añade que “este mecanismo ha sido aceptado por los sindicatos, incluido USPB, y hay un nuevo acuerdo ampliando esas jornadas que entrará en vigor en 2023”.

El conflicto se puso de manifiesto, sobre todo, durante y después de la Gran Cabalgata. Celebrada el sábado 2 de julio sin la participación de los grupos del carnaval (que tuvieron desfile propio la jornada anterior), tenía un recorrido previsto desde las 17.00 hasta las 22.00 horas. Las 74 carrozas que participaron transitaron por las calles Juan Rejón, Albareda, Presidente Alvear y León y Castillo para finalizar en el Parque de San Telmo. Pero a diferencia de anteriores adiciones, esta atípica cabalgata en verano cumplió el circuito con rapidez: las carrozas de la cabecera lo recorrieron en dos horas y media, mientras la última llegó a su destino media hora antes del final previsto.

La propia concejala de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, reconoció el pasado lunes, en declaraciones recogidas por Canarias 7, que “la Cabalgata no salió bien” y pidió disculpas a la ciudadanía que criticó el desfile por el rápido paso de las carrozas y la ausencia posterior de ningún acto. Medina justificó la duración del recorrido ante la ausencia de comparsas, murgas o batucadas, además del menor público en comparación a otros años, lo que hico que hubiera mayor fluidez.

La Concejalía de Seguridad, por su parte, niega que el conflicto con la Policía Local afectara al recorrido, que “fue el establecido por la organización” en un operativo “coordinado entre Policía Local, Policía Nacional y Policía Canaria para cubrir el acto sin problema”. La USPB señala que “no es responsabilidad de los agentes que la cabalgata haya ido más”, si bien recuerda que, debido al horario establecido por el Consistorio, “probablemente” los agentes hayan dado instrucciones “a algún carrocero” para agilizar el trayecto y evitar embudos.

A pesar de que el Ayuntamiento reflejó en su nota de prensa posterior a la cabalgata que la fiesta “discurrió sin registrarse ninguna incidencia de especial relevancia”, durante la noche se celebró un botellón improvisado en la parte baja de la ciudad y se sucedieron “decenas de incidentes”, según Canarias 7. Este martes, la Policía Nacional informó de la detención de dos menores que agredieron en la avenida Rafael Cabrera a un varón que fue traslado el Hospital Universitario de Gran Canaria por un traumatismo craneal de carácter grave.

El principal partido de la oposición, el Partido Popular, criticó que se convocara “a miles de personas a la calle en un acto en el que se consume alcohol durante horas, sin un dispositivo acorde”. La portavoz del PP en el Consistorio, Pepa Luzardo, achacó esta situación a “la falta de efectivos” derivado del conflicto entre la Policía Local y el Ayuntamiento, que impide que se puedan reforzar los turnos voluntarios y provoca la contratación de seguridad privada.

Por ello, ha solicitado este martes al Ayuntamiento todos los informes de seguridad que avalaron la celebración de los actos durante el fin de semana, para conocer los partes con las asistencias a cada uno de los turnos policiales y conocer con exactitud cuántos agentes había. Además, también ha demandado el expediente de contratación de seguridad privada, pues Luzardo asegura en el comunicado que ejerció funciones para las que no están habilitados, como el corte de calles.

La Concejalía de Seguridad reconoce que se contrató refuerzo de seguridad privada, defendiendo que es un procedimiento “habitual” al que recurre “desde hace años” dentro de los márgenes que contempla la ley.

Mesa de negociación

Desde la USPB, García recuerda que además de las horas extra, hay otros problemas de fondo que se remontan hasta tres años atrás. Cita la renovación del parque móvil bajo el sistema renting, que al no llevarse a cabo les obliga “trabajar con unos vehículos que están en muy malas condiciones” o la sustitución de la uniformidad, pues García asegura que los agentes “llevan tres años con los mismos uniformes, que deberían renovarse cada año”. A ello se suma “la falta de organización en el tema de personal”, donde se están produciendo numerosas vacantes por jubilaciones y “estamos teniendo problemas para cubrir esos puestos porque los procesos selectivos son largos”.

Para dar solución a estas demandas, la USPB reclama que se celebren mesas generales de negociación donde se atiendan sus propuestas, como la de establecer un calendario de pago de horas extra, que se agilice a través de contratación la renovación de los vehículos o que el alcalde intervenga en el servicio de contratación de uniformidad. “Que se tomen en serio esto”, añade, tanto las reivindicación de la Policía Local como la de los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, que “también tienen demandas similares”.

Por su parte, la Concejalía de Seguridad anuncia que, al finalizar el mandato, “serán 155 policías los incorporados”. Y respecto al parque móvil, recuerda que en diciembre de 2021 se quedó desierto el concurso para incorporar coches nuevos, pero en septiembre, asegura, renovarán “íntegramente la flota de patrullas de Policía, que actualmente se están montando y rotulando”.

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