CCOO reclama equidad y presupuesto para dependencia y critica el “batiburrillo”

El sindicato CCOO ha reclamado este miércoles que en la atención a la dependencia haya tres criterios básicos, la profesionalidad del sector, la equidad en el sistema y la suficiencia presupuestaria, pues entiende que este asunto es “un batiburrillo” en el proyecto de ley de Servicios Sociales.

Para lograr este objetivo la fuerza sindical solicitará reuniones con los grupos con representación en el Parlamento de Canarias y prevé además convocar asambleas con los trabajadores del sector de la dependencia que en las islas, según cálculos de CCOO, genera empleo a unas 10.000 personas.

El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Canarias, José Alonso, afirmó en rueda de prensa que el sindicato quiere “influir e incidir” en el proceso de tramitación de la ley de Servicios Sociales pero, obviamente, no puede presentar enmiendas, así que prevé iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios.

El responsable de Política Institucional de CCOO en el Archipiélago, Carmelo Jorge, opinó que la gestión del Gobierno regional en la tramitación de esta ley, y en concreto en el apartado relacionado con la dependencia, merece “severas críticas” y señaló que aunque los sindicatos no son oenegés, sí que tienen la obligación de contribuir a mejorar el sistema.

El sindicato también intentará movilizar al sector porque a su juicio no es demasiado afortunada la forma en que se está redactando la ley, anunció Jorge.

Señaló que la atención a la dependencia es además un yacimiento de empleo y riqueza y aseveró que en las islas haría falta unos 25.000 trabajadores para gestionar bien esta materia.

Reclamó el dirigente sindical que lo primero que hay que garantizar es la equidad en el acceso al sistema, porque esto no puede depender del lugar de residencia o del poder adquisitivo del solicitante, aspectos que no son un criterio racional.

El único criterio válido para acceder debe ser el nivel de dependencia de la persona y esto sólo lo puede acreditar un profesional, un funcionario público.

En 2017 se presentaron 13.000 solicitudes de dependencia, de las que sólo se han valorado unas 5.600 “que irán al cajón de sastre con el resto que están pendientes, que ya suman más de 15.000”, reprochó Carmelo Jorge, quien indicó que harían falta unos 50 funcionarios, 25 por provincia, para agilizar esta evaluación.

Lo que no se puede es estar aplicando planes de choque para “el día a día” como hace la Consejería de Servicios Sociales, porque la demanda siempre va a ir en aumento, indicó Jorge, quien afirmó que también hay que exigir calidad en unos servicios que deben ser del siglo XXI.

Hay una proliferación de pequeños centros cuasi clandestinos y en la atención a un dependiente no vale todo, “un jergón para tirar al viejo”, advirtió el dirigente sindical, quien señaló que hay serias deficiencias en el sistema de acreditación.

Por ello reclamó que haya profesionalidad en centros y también en trabajadores, pues no valen “voluntarios ni religiosos” y en su opinión, habría que cerrar la puerta que abre la ley estatal de Dependencia a los cuidadores informales, que puede generar “un voto cautivo” a quienes por este concepto percibirían unos 450 euros de los ayuntamientos y que suele recaer en mujeres que cuidan de familiares.

Al respecto, el responsable del sector privado sociosanitario de CCOO en Santa Cruz de Tenerife, Alexis Rodríguez, puntualizó que hay una evidente relación entre la calidad laboral y la asistencia a los usuarios y reclamó que para trabajar en centros de este tipo se exija la titulación pertinente.

También señaló Rodríguez que es preciso acabar con la economía sumergida en el sector y exigió que se haga efectiva la disposición de la ley de Dependencia que exige un ratio de unos 20 usuarios por cada cuidador, ya que en la práctica esta disposición no se cumple y se utilizar a toda la plantilla para prestar asistencia.